VALÈNCIA. La huelga educativa está copando la actualidad política valenciana en las últimas semanas y, especialmente, desde que el lunes comenzara el paro general convocado por los sindicatos pertenecientes a la mesa sectorial: STEPV, CSIF, CCOO, UGT y Anpe.

Tal y como informó Plaza, este jueves se producía el regreso a las negociaciones entre el Gobierno valenciano y las citadas organizaciones sin que se llegara a un acuerdo. La propuesta del Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca, con la titular de Educación, Carmen Ortí, a la cabeza, no convencía a los sindicatos, entre otras cosas, porque directamente obviaba la revisión al alza de sus salarios, una de sus principales reclamaciones.

De esta manera, la semana se cierra sin acuerdo, si bien los protagonistas se emplazaron al próximo lunes con posibles modificaciones por parte del Consell en su propuesta, que a buen seguro incluirá en esta ocasión una oferta respecto al aumento de los sueldos que reivindica el personal docente.

Ahora bien, la huelga educativa, situada en el foco del debate político valenciano, también conlleva que se reabran otras cuestiones colaterales que resultan importantes a la hora de resolver una crisis de estas características. Una de ellas, probablemente la principal, es la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica que lleva reivindicando el Gobierno valenciano -de distintos signos políticos- desde la caducidad del sistema en el 2014.

Cabe recordar que el actual modelo perjudica notablemente a la Comunitat en el reparto ejercido por el Ejecutivo central, dejándola a la cola de financiación por habitante en España y muy por debajo de la media del resto de autonomías.

Precisamente la reforma del sistema se exige para poder cubrir las competencias autonómicas de los servicios públicos como la sanidad, las partidas sociales o la educación, por lo que un modelo que mejorara la situación económica valenciana podría servir para paliar las deficiencias existentes.

De hecho, una de las principales causas del Consell para rechazar las exigencias de los sindicatos educativos es la falta de fondos. Días atrás, la propia consellera criticaba que la asunción de las reivindicaciones de los docentes rondaría un coste de 2.400 millones de euros para las arcas públicas. "Son unas reivindicaciones que, por supuesto, superan la capacidad de la Comunitat Valenciana, más todavía teniendo en cuenta la situación de infrafinanciación", reconocía Ortí.

En esta línea, que la propuesta de la conselleria este jueves dejara fuera el aumento salarial de los profesores, emitía una señal clara desde el punto de vista del relato político dirigida a poner en el centro del debate los sueldos de los docentes. Es decir, el Gobierno valenciano parecía querer trasladar a la opinión pública que la única cuestión importante para los manifestantes se centra en si cobrarán más o no.

Prueba de ello es el comunicado remitido por la portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, quien no dejó dudas sobre la posición del Consell sobre este aspecto de la negociación: "Al parecer, el dinero sí que es la excusa de los sindicatos para dinamitar el fin de curso", sentenció.

No obstante, esta vehemencia respecto a la importancia de la cuestión económica en el conflicto educativo también debilita, por otra parte, el discurso que viene esgrimiendo el Consell de Pérez Llorca respecto a la financiación autonómica. "Si hubiese una financiación justa, lo tendríamos muy fácil", llegó a afirmar días atrás la titular de Educación sobre las exigencias de los sindicatos.

El pasado mes de enero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó una propuesta para reformar el modelo que implicaría un incremento en el reparto para la Comunitat de 3.669 millones de euros al año. Sin embargo, el PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, rechazó de plano siquiera sentarse a debatir o negociar esta iniciativa, argumentando que este nuevo sistema nacía de una negociación bilateral con ERC para beneficiar a Cataluña.

Un discurso que el Gobierno valenciano de Pérez Llorca asumió como propio, renunciando así a la posibilidad de que esta mejora económica pudiera llegar a la Comunitat a medio plaza. Más allá de los recelos que pueda generar el gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, el propio empresariado valenciano ha solicitado públicamente que el Consell se siente a negociar para exprimir las posibilidades de obtener esa mejora en la financiación, pero hasta el momento el enroque del Ejecutivo de Pérez Llorca ha sido total.

Esta posición de renuncia a negociar, a la espera de que el Ministerio de Hacienda inicie la prometida ronda de contactos con las autonomías, queda debilitada ante situaciones como la huelga educativa, que pone de manifiesto la necesidad de mayores aportaciones para cubrir de forma digna los servicios públicos.