CASTELLÓN. (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Oropesa a un hombre de 33 años acusado de crear y gestionar varias páginas web fraudulentas que suplantaban a las estaciones oficiales de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que causó un importante perjuicio económico y personal a numerosos ciudadanos.

La investigación, coordinada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Oropesa junto con el Puesto de Atzeneta del Maestrat, permitió identificar al sospechoso que había desarrollado una sofisticada estructura digital para engañar a los usuarios.

Según informa la Guardia Civil, el detenido clonaba páginas casi idénticas a las oficiales de las ITV, utilizando dominios muy similares y alojándolas en servidores ubicados en Irlanda y Delaware (EE. UU.), dificultando así su localización.

Gracias a un posicionamiento eficaz en los buscadores, las víctimas accedían a estas webs falsas, reservaban citas para la ITV y abonaban pagos que acababan en cuentas controladas por el estafador. Muchas personas se dieron cuenta del fraude al acudir a las estaciones oficiales y comprobar que no existía ninguna reserva a su nombre.

Además del perjuicio económico, algunos usuarios facilitaron datos personales y de sus vehículos, que el detenido manipulaba para extorsionar en algunos casos, exigiendo dinero adicional a cambio de recuperar supuestos servicios bloqueados.

El acusado operaba desde la clandestinidad, evitando residir en las direcciones y teléfonos que proporcionaba, dificultando aún más su detección. Se le imputan 64 delitos, entre ellos estafa informática, usurpación de identidad, blanqueo de capitales, daños informáticos, extorsión y revelación de secretos.

Los afectados provienen de numerosos municipios, entre ellos Oropesa, Atzeneta del Maestrat, Benicàssim, Alcora, Cabanes, Burriana, Castellón, València, Gandia, Dénia, Elche, Alicante, Alcoy, Mislata, Santa Pola, Xirivella, Sagunto, Petrel, Elda, Sant Joan d’Alacant, Callosa de Segura y Teruel, entre otros.

Las estaciones ITV también sufrieron daños reputacionales, ya que muchos usuarios culparon erróneamente a las oficinas oficiales por no reconocer las citas fraudulentas.  Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, que coordina el procedimiento judicial