VALÈNCIA. Las últimas cinco semanas han sido intensas en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, encargado de la investigación de la causa de la Dana. Múltiples trabajadores del departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana han pasado por la sala para declarar ante la jueza de la Dana. Lo han hecho en calidad de testigos, con obligación de decir verdad, y han aportado cada uno su experiencia del pasado 29 de octubre. Cada uno, una pieza para recomponer aquella jornada en el centro de emergencias de l'Eliana.

Así, operadores de llamada´y supervisores del 112, coordinadores y técnicos de emergencias han comparecido en el juzgado y han aportado muchos detalles sobre el funcionamiento interno de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), dependiente de la Conselleria, y su relación con el resto de agencias y cuerpos de seguridad. Sus testimonios, en muchos casos, señalan a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a los cargos intermedios de Emergencias, cuyos responsables están pendientes de fecha para declarar y todavía no han podido dar oportunas explicaciones ante la magistrada.

En el caso del organismo de cuenca, presidido por Miguel Polo -citado en calidad de testigo-, han sido hasta cinco los trabajadores de emergencias que han señalado su responsabilidad en el control de los barrancos y en el aviso sobre el barranco del Poyo, que provocó la gran mayoría de los 228 fallecimientos. Es decir, según su relato, no bastaba con que el ente dependiente del Gobierno ofreciera los datos sobre el caudal sino que también debía interpretarlos y advertir de su peligro.

La CHJ ha insistido en que ofrecía datos cincominutales a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), al que tenía acceso la Generalitat Valenciana. Pero según sus propios protocolos también debía avisar por correo electrónico cuando se superaran tres umbrales. Protocolo que incumplió al enviar sólo un correo, el famoso de las 18.43h, que advertía de que el caudal en el barranco del Poyo registraba una tendencia ascendente y alcanzaba casi los 1.700 metros cúbicos por segundo, superando en diez veces el umbral máximo que obliga a alertar.

Esta información, sin embargo, nunca llegó al Cecopi, presidido por la exconsellera Salomé Pradas y donde también estaban conectados telemáticamente la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el propio Polo junto a un equipo de la CHJ. Tal como han explicado hasta cinco trabajadores de Emergencias, que se encontraban aquella tarde en la sala que recibió el correo, no elevaron el aviso al Cecopi porque allí estaba representado el organismo de cuenca.

"Entendemos que al estar 4 ó 5 personas de la CHJ, son ellos los que deben dar explicaciones", expuso en ese sentido el jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo de la Generalitat. Cabe recordar, ciertamente que entre el equipo de la Confederación estaba conectado a la reunión telemáticamente y que la Conselleria decidió suspender la reunión entre las 18h y las 19h, por lo que cuando se dio el aviso por correo, la videoconferencia estaba en standby.

Por poner otro ejemplo, otro empleado autonómico, el jefe de servicio de Planificación y experto en la gestión de planes de emergencias, señaló que la tarea de vigilancia de barrancos la hacen "principalmente los ayuntamientos y la Confederación [Hidrográfica del Júcar]", que es "la que tiene la red de sensores y la información y sobre todo el conocimiento de las cuencas, porque son expertos en el río". "Tienen una obligación", insistió: "Y cuando se habla del seguimiento, se habla de notificaciones con formatos normalizados, se tiene que informar de una serie de datos, de una tendencia y de una previsión de evaluación". En ese sentido, añadió que los datos "solamente" pueden "analizarlos" en la CHJ porque tienen los conocimientos necesarios.

Por su parte, una coordinadora de Recursos y Protección Civil, que participó en la elaboración de informes de situación aquella tarde, explicó que ella no hizo ninguna "evaluación de riesgos naturales" sino que se limitó a reflejar en el informe todos los datos que existían pero sin "hacer valoraciónes". "Las valoraciones de riesgo, quien mejor puede hacerlas, son la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)", apuntó. A su juicio, para hacer una valoración de los riesgos, "está el grupo de seguimiento de riesgos" del Cecopi.

El subdirector de Emergencias y el jefe de Bomberos

Por otro lado, también las testificales han aportado nuevos datos que harán necesarias las explicaciones tanto del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, como del entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. Ambos están citados a declarar como testigos pero varias acusaciones han dejado caer en sus escritos que no se cierra la puerta a pedir más imputaciones por lo que estas dos figuras están en el punto de mira, a falta de sus comparecencias.

El primero ha sido calificado por diferentes trabajadores como el que ejercía el "enlace" entre el Cecopi y la sala de mando donde se encontraban los técnicos, a tan solo unos pocos metros de la primera. En ese sentido, podría considerarse la correa de transmisión de información con la reunión de los máximos responsables, donde cabe recordar que no había pantallas. Los empleados de Emergencias han apuntado también que él era el que daba las órdenes por lo general en aquella sala, por ejemplo ordenando la preparación del sistema ES Alert.

Por ejemplo, su nombre salió a preguntas sobre la falta de una grabación de la reunión del Cecopi. El coordinador del departamento de Telecomunicaciones de la Agencia de Emergencias aseguró que "por defecto, nunca se graban las reuniones si no se recibe la orden de grabarlas". Aquel día, de hecho, no se recibió esa orden, ha asegurado, que "debería haber dado" Suárez. Por este motivo, no hay ningún registro ni acta de lo que ocurrió en la reunión del Cecopi, que se desarrolló entre las 17h de la tarde hasta las 4h de la mañana con un par de interrupciones.

El caso de Basset también es notorio, pues él fue el responsable de la movilización de los bomberos que fueron a vigilar el barranco del Poyo a mediodía y que más tarde fueron desmovilizados. Un técnico de Emergencias fue el que llamó al Consorcio de Bomberos para que los bomberos vigilaran las localidades valencianas de Torrent, Picanya y Paiporta porque suponía que tantas lluvias en Requena y Utiel acabarían en estos municipios. El problema, sin embargo, estaría en la retirada.

La decisión fue tomada por el entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, tal como él mismo reconoció en la comisión de investigación de la Dana en la Diputación de Valencia. El responsable de bomberos justificó la orden sobre las 14.30h de la tarde porque el caudal del Poyo había descendido tras la alerta hidrológica y porque era de comer. Con todo, una coordinadora de Emergencias declaró ante la jueza que ese movimiento de retirada no fue comunicado a través de la plataforma interna de emergencias, el sistema Coordcom, de manera que en la Generalitat Valenciana habrían desconocido esa decisión.