VALÈNCIA. El absentismo laboral ha protagonizado el debate político esta semana a raíz de las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó de "cáncer" esta situación que afecta a miles de trabajadores. Sus palabras, posteriormente matizadas por el partido, fueron respaldadas por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que agradeció al dirigente popular haber "visibilizado" un problema que, según sostuvo, cuesta 17.000 millones de euros a las empresas.
En la Comunitat Valenciana, el absentismo por incapacidad temporal (es decir, el derivado de una causa médica) tuvo un coste de 2.064,8 millones de euros en 2025, según un informe elaborado por la patronal valenciana (CEV) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). De esa cantidad, 1.159 millones corresponden a prestaciones de la Seguridad Social gestionadas por las mutuas, mientras que las empresas asumieron otros 905 millones en costes directos. En total, el pasado año se registraron 514.886 bajas laborales por enfermedad común o accidente no laboral, un 7,96% más que en 2024.
Sin embargo, más allá de la factura económica, hay un dato que distingue a la Comunitat Valenciana del conjunto de España: la duración de las bajas. Los procesos de incapacidad temporal entre los asalariados valencianos alcanzan una media de 57,06 días, frente a los 44,14 del conjunto del país. Es decir, casi dos semanas más. Además, las bajas de más de un año se han multiplicado por cuatro desde 2019, al pasar de 3.951 a 17.378.
¿Por qué las bajas duran más en la Comunitat Valenciana que en la media nacional? Para el responsable de Salud Laboral de CCOO PV, Antonio Inarejos, confluyen tres factores principales: las miles de horas extraordinarias no remuneradas que realizan los trabajadores valencianos, unos salarios inferiores a la media estatal y la saturación de la sanidad pública, que prolonga los procesos por las listas de espera para pruebas, consultas e intervenciones.
En concreto, en la Comunitat Valenciana se realizaron 290.000 horas extraordinarias no pagadas en 2025, que recayeron sobre 53.000 asalariados (el 2,6% del total), según un estudio de CCOO. Esto supone que los trabajadores afectados realizaron una media de 5,47 horas extra semanales sin remuneración. Con estas cifras, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con mayor volumen de horas extraordinarias no pagadas, solo por detrás de Madrid y Cataluña.
Para Inarejos, esta situación, unida a los bajos salarios, la sobrecarga de trabajo y la presión que soporta el sistema sanitario valenciano, favorece tanto la aparición de problemas de salud como el alargamiento de las bajas. "La media de ingresos a nivel estatal es de 29.540 euros y aquí es menos de 27.000 euros brutos anuales. Ganamos por debajo de la media y trabajamos por encima de la media estatal", asegura. Según los datos del INE, el salario mediano (el que percibe el trabajador situado justo en el centro de la distribución salarial) asciende a 22.652 euros anuales en la Comunitat Valenciana, un 7,5% menos que la mediana estatal, situada en 24.497 euros.
La vicesecretaria de UGT PV, Marisa Baena, pone el foco además en otro aspecto que, a su juicio, distorsiona las estadísticas: numerosas enfermedades catalogadas como comunes tienen su origen en el propio trabajo, pero no se reconocen como enfermedades profesionales ni como accidentes laborales. "Hay un infrareconocimiento de enfermedades profesionales como accidentes de trabajo. Eso hay que verlo también como un riesgo laboral", sostiene.
Baena coincide con Inarejos en que la saturación de la sanidad pública es uno de los factores que más contribuyen a prolongar las incapacidades temporales. "Es una de las causas más importantes y responde a la falta de recursos en la sanidad pública conjugada con la sobrecarga de trabajo", añade.
¿Qué datos respaldan esta interpretación? El informe elaborado por la CEV y AMAT sostiene que la escasez de médicos, las listas de espera y la carga burocrática alargan los procesos de incapacidad temporal. Por ello, la patronal defiende ampliar las competencias asistenciales de las mutuas. Según sus estimaciones, derivar determinados casos desde la Seguridad Social permitiría ahorrar 350 millones de euros en la Comunitat Valenciana y 3.491 millones en el conjunto de España.
Los sindicatos, sin embargo, discrepan de esa propuesta. Consideran que las mutuas deberían limitar su actuación a las incapacidades relacionadas con patologías traumatológicas y advierten de que el problema de fondo sigue siendo la falta de recursos en la sanidad pública.
En la misma línea, el informe de UGT Situación de la IT y sus efectos en la salud, publicado esta semana, señala que la Comunitat Valenciana continúa dependiendo exclusivamente del sistema público para las pruebas diagnósticas y los tratamientos asociados a estos procesos. El estudio identifica, además, las especialidades con mayores demoras (traumatología, oftalmología y cirugía general y digestiva) y concluye que el aumento de las listas de espera prolonga innecesariamente las bajas y retrasa la recuperación de los trabajadores.
El informe también distingue entre las patologías que originan las bajas según su duración. En las incapacidades de corta duración predominan las enfermedades respiratorias, los procesos febriles, los mareos, las diarreas, el dolor de garganta y los episodios de nerviosismo. En cambio, las bajas superiores a 15 días responden principalmente a trastornos musculoesqueléticos (especialmente dorsalgias) y a problemas de salud mental, con la ansiedad entre los diagnósticos más frecuentes.
Estrés, ansiedad...el auge de bajas por salud mental
Pero si hay un fenómeno que explica el cambio experimentado en los últimos años es el auge de las bajas relacionadas con la salud mental. En apenas cinco años, la Comunitat Valenciana ha registrado una escalada sin precedentes en los procesos de incapacidad temporal por estas patologías. Si en 2020 se iniciaron 21.052 bajas, en 2025 la cifra ascendió a 50.494. Se trata de un incremento del 139,8%, lo que supone que el número de trabajadores que han necesitado ausentarse de su puesto por trastornos psíquicos prácticamente se ha multiplicado por 2,4. Su coste también se ha disparado: alcanzó los 472,6 millones de euros en 2025, casi un 293% más que siete años antes, según el informe elaborado por la CEV y AMAT.
El incremento de estas incapacidades tiene además un marcado componente generacional. El informe sitúa a los trabajadores de entre 16 y 35 años como el grupo con mayor incidencia media mensual de incapacidad temporal, con 31,04 procesos por cada 1.000 trabajadores protegidos en 2025. La cifra supone un aumento del 19,34% respecto al año anterior y del 201,95% en comparación con 2018. En el extremo opuesto se encuentran los mayores de 55 años, con una incidencia de 21,13 procesos por cada 1.000 trabajadores, un 23,36% inferior a la registrada siete años antes.
Este aumento de los problemas de salud mental guarda relación con la intensificación de los ritmos de trabajo y la carga laboral, según sostiene el informe 'Intensificación del trabajo y salud mental: La evaluación de la carga laboral como obligación preventiva', elaborado por Adrián Todolí Signes, profesor de la Universitat de València. El estudio recoge que entre un 17% y un 27% de las personas trabajadoras manifiestan sufrir ansiedad relacionada con el trabajo; entre un 30% y un 38% aseguran padecer estrés de forma habitual; y un 47% están expuestas a factores que comprometen su bienestar psicológico.
Asimismo, los trastornos mentales y del comportamiento representan aproximadamente el 15% del total de los días de incapacidad temporal. Para Todolí, estos datos evidencian la necesidad de que las empresas evalúen y prevengan la carga de trabajo como un riesgo laboral, al mismo nivel que otros factores tradicionales de la prevención.
¿Hay fraude detrás del aumento del absentismo?
Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que vinculó el absentismo con un supuesto fraude por parte de algunos trabajadores, han reabierto un debate recurrente cada vez que aumentan las bajas laborales. Sin embargo, los datos y los expertos consultados apuntan a un escenario mucho más complejo, en el que confluyen factores demográficos, sanitarios y laborales.
La normativa tampoco invita, en términos generales, a considerar la incapacidad temporal como una situación económicamente ventajosa para el trabajador. Durante los tres primeros días de baja no se percibe prestación; entre el cuarto y el vigésimo día se cobra el 60% de la base reguladora y, a partir del día 21, el 75%. Aunque algunos convenios colectivos contemplan complementos salariales hasta alcanzar el 100% de la retribución, no se trata de una situación generalizada.
Precisamente, la existencia de esos complementos es uno de los argumentos que utilizan los sindicatos para cuestionar la idea de un fraude extendido. "La gente pierde dinero en situación de incapacidad temporal. Lo del fraude no tiene ningún sentido", sostiene la vicesecretaria de UGT PV, Marisa Baena. Según explica, no existe una relación entre las empresas que complementan el salario hasta el 100% durante la baja y una mayor incidencia de incapacidades temporales. "Hay empresas que no tienen garantizado ese complemento y registran más bajas que otras donde sí se cobra el 100%", afirma. Además, recuerda que el 76% de las incapacidades temporales tienen una duración inferior a 15 días, precisamente el periodo en el que el trabajador soporta una mayor pérdida de ingresos.
Los distintos estudios publicados en los últimos meses coinciden, en cambio, en señalar otros factores que ayudan a explicar el incremento del absentismo desde la pandemia: el aumento de los trastornos relacionados con la salud mental, el envejecimiento de la población trabajadora, el crecimiento del empleo (que eleva también el número absoluto de bajas), las listas de espera que prolongan procesos ya iniciados y la elevada prevalencia de las patologías musculoesqueléticas. Ninguno de estos elementos excluye que puedan producirse casos de fraude, pero sí cuestionan que ese fenómeno, por sí solo, explique la evolución registrada en los últimos años.
En la misma línea se pronuncia el responsable de Salud Laboral de CCOO PV, Antonio Inarejos. "¿Puede haber fraude? Pues como en todo, pero eso no es lo principal", afirma. A su juicio, el foco debería situarse en la prevención de los riesgos laborales y en las condiciones de trabajo. "¿Cómo no van a incrementarse las enfermedades relacionadas con la salud mental con unos salarios que no llegan a cubrir la inflación, con condiciones precarias o con trabajadores que realizan horas extraordinarias que ni siquiera se cotizan o se pagan?", plantea.
