VALÈNCIA. Este viernes declararon ante la jueza de la Dana dos expertos en emergencias que aportaron a la causa un informe pericial sobre la catástrofe del pasado 29 de octubre. El documento, encargado por la asociación S.O.S. Desaparecidos, una de las acusaciones personadas en el procedimiento judicial, señala la responsabilidad de todas las administraciones, cada una respecto a sus obligaciones, en lo ocurrido el día D: desde la Generalitat Valenciana hasta el Gobierno de España pasando por los ayuntamientos e incluso la Diputación de Valencia.

El informe, elaborado por José María Gil y Alberto Aguilar, ambos especialistas en seguridad, protección civil y emergencias, concluye que el "nexo general de causalidad" entre el epsiodio de lluvias y la riada con las "gravísimas consecuencias" posteriores -daños materiales, lesiones y fallecimientos- reside en "una incorrecta praxis o pura y simple inacción ex ante y durante la gestión de las emergencias por parte de las diferentes administraciones públicas con competencia, funciones y responsabilidades en la materia".

Así, por ejemplo, señala la responsabilidad municipal porque los ayuntamientos afectados de más de 20.000 habitantes "incumplen sus obligaciones legales" al no disponer de servicios de Protección Civil. "Muchos de ellos disponen de planes de emergencia paupérrimos, desactualizados, y no hemos tenido acceso a los planes municipales de prevención de avenidas e inundaciones", refleja el informe, que insiste en que "todos los municipios" participaron de una "clara y evidente negligencia por pura desidia" antes y durante la emergencia, pues "no disponen de las estructuras mínimas que permitan la anticipación y aplicación de un nivel de preemergencia municipal en la protección eficaz de sus ciudadanos".

El apartado más extenso se dirige a la administración autonómica, que antes de la riada "no ejerció un control efectivo sobre el cumplimiento de las normativas por parte de los municipios ni implementó acciones correctivas". Además, recuerda que desde "fechas anteriores" Aemet había avisado sobre la Dana y la Generalitat, cuya consellera de Justicia e Interior era Salomé Pradas -investigada en la causa- "debió haber conformado el Cecopi y haber ejecutado la emisión de las alertas correspondientes".

A la postre, el dictamen reitera tras un análisis exhaustivo de la normativa que la comunidad autónoma es la "responsable" de las mismas. Pero pese a las "graves inundaciones" retransmitidas ya por la televisión por la mañana, el aviso del ES-Alert "no se produjo hasta después de las 20h", concretamente a las 20.11h y "con consejos poco específicos sobre medidas a adoptar y cuando ya se habían producido las desapariciones y la mayoría de los fallecimientos".

También dispara el informe al resto de administraciones y señala, por ejemplo, la responsabilidad del Gobierno central, a quien achaca una "falta de intervención oportuna" por la no activación del nviel 3 de la emergencia, conocido como emergencia nacional. "En nuestro país nunca se ha activado el nivel 3 de emergencia", afea en este sentido el informe -redactado mucho antes del 'apagón' eléctrico, donde sí se declaró a petición de algunas comunidades, entre ellas la valenciana-.

Asimismo, en cuanto a la Diputación, los peritos apuntan que las corporaciones provinciales son las encargadas de "coordinar y apoyar a los municipios de menos de 20 000 habitantes en todo lo relacionado con los servicios de Protección Civil", tal y como establece la Ley de Emergencias y Protección Civil y la Ley de Bases del Régimen Local. Así, insiste en que "no cumplieron con su papel como administraciones públicas". El día 29 de octubre, dice, "llegaron a tener destacados efectivos de la diputación en el control de caudales" en el barranco del Poyo, pero por la tarde "les ordenaron que se retiraran". Aunque sus efectivos, al regresar a sus bases,  se fueron "directamente a ayudar por su cuenta a la población".

Descoordinación, falta de reacción, desidia y la emergencia nacional

Las conclusiones del dictamen destacan cuatro deficiencias en la respuesta a la emergencia. Una de ellas, la falta de coordinación, debido a "la inexistencia de protocolos claros o la no aplicación de los mismos, si existen, así como la insuficiencia de estructuras técnicas operativas capacitadas, especialmente en los niveles municipales, lo que impidió una respuesta oportuna". Además, apunta a la incapacidad de reacción por la falta de planes preventivos y personal especializado en los ayuntamientos -"aun estando obligados" por ley-, y por "la indecisión en la anticipación de medidas de prevención y declaración temprana del estado de preemergencia" por parte de l Generalitat Valenciana. Estas últimas deficiencias "intensificaron y agravaron las terribles consecuencias" de la Dana.

Por otra parte, los peritos señalan a "las diferentes administraciones" por su "desidia" y "negligencia": no disponían de los "obligados mecanismos" de seguimiento y avisos a la población y, "la no utilizar adecuadamente los previstos en los planes de emergencia [...], convirtieron la gestión en un modus operandi negligente". Así, incide en que "de haber actuado con la probidad" necesaria, "se habrían salvado la mayor parte de las vidas humanas que se perdieron". A su juicio, es "especialmente lamentable [en mayúsculas]" que los planes de emergencia municipales o planes especiales de inundaciones, "inexistentes u opacados a la población", no cumplan con la normativa con medidas concretas para las personas más vulnerables, especialmente porque gran cantidad de fallecidos eran personas mayores que no pudieron ponerse a salvo.

De este modo, el dictamen considera "claramente nula o insuficiente" la respuesta a la emergencia durante las primeras 24 horas y destaca "la observable prima facie incompetencia" de la Generalitat. Por ello, sostienen que la Conselleria de Justicia e Interior "debería haber actuado como se establece" en la Ley y proponer al Gobierno Central la declaración del nivel 3 de emergencia o Emergencia Nacional.

Aunque con el nivel 2, la Generalitat "ya tiene a su disposición no sólo los recursos del Estado [...] sino los recursos de todas las comunidades autónomas", este nivel también atribuye al president de la Generalitat, Carlos Mazón, "la responsabilidad directa y total de todas las estructuras que están operando en la emergencia". Por lo que, pasadas las primeras 24 ó 36 horas "de una manifiesta y bochornosa incompetencia municipal y autonómica", debió activarse la Emergencia de Interés nacional.

La jueza no ve negligencia en el Gobierno ni en ayuntamientos por ahora

Cabe destacar que, hasta el momento y a partir de las diligencias practicadas, la jueza instructora de la causa judicial no ha visto responsabilidad en ningún representante del Gobierno central -ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo-, así como tampoco en los responsables municipales. Por el momento, la primera ha declarado como testigo y el resto, Polo y los alcaldes, deberán acudir en la misma condición mientras que la cúpula política de Emergencias de la Generalitat, Pradas y el ex número dos Emilio Argüeso, sí están investigados en el procedimiento.

Sobre la emergencia nacional, la instructora ha señalado en varios autos, para desestimar las acusaciones contra los responsables del Gobierno central, que ni el Ejecutivo elevó el nivel de la emergencia pero tampoco la Generalitat. "Existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni en los días posteriores", apunta la magistrada en sus autos, donde insiste en que esta declaración "no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección".