VALÈNCIA. El vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco Gan Pampols, presentó este viernes el Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación tras la catástrofe de la Dana que asoló decenas de municipios valencianos el pasado mes de octubre y causó la muerte de 228 personas. Durante la jornada, expuso un resumen ejecutivo con las principales magnitudes sobre los daños provocados por la riada y relató que el próximo paso a seguir es la elaboración del citado Plan de Recuperación, bautizado como Pla Endavant, que se prevé que esté listo a lo largo del próximo mes de junio.
Durante su intervención, el vicepresidente apenas trató de manera superficial cuáles fueron las responsabilidades de la Administración pública tanto de manera previa como posterior al 29 de octubre. Gan Pampols relató algunas, como los "incidentes en los sistemas de alerta", la complejidad legislativa que "dificulta" la "ejecución" durante una emergencia o la falta de inversiones en infraestructuras en lo que va de siglo, aunque evitó señalar a instituciones concretas. No obstante, defendió en diferentes ocasiones actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat al remarcar que no hubo "inacción" del Consell en la gestión de la catástrofe y que "nunca se dejó de prestar atención" en materia sanitaria. Al mismo tiempo, pasó de puntillas sobre las posibles responsabilidades de cada una de las Administraciones en cuestiones como las víctimas mortales o la extracción de agua en los garajes inundados.
Gan Pampols se detuvo a analizar la "exhaustiva legislación" en materia de emergencias, uno de los puntos donde se mostró más crítico y sobre el que explicó cuál es el estado de la situación tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España. En este sentido, denunció la existencia de 58 normas distintas a nivel nacional para abordar las emergencias, a las que cabe sumar otras 38 autonómicas y las que existen en materia local. "Esto no es operable", lamentó el vicepresidente para la recuperación, que aprovechó su intervención para anunciar que en los próximos meses se presentará una propuesta para concentrar y unificar este entramado normativo.
A nivel humano, explicó que 306.163 personas se vieron afectadas por la catástrofe. De ellas, un total de 117.000 recibieron atención médica y en torno a 37.000 fueron rescatadas. Unas cifras que le llevaron a defender: "Eso no es inacción". Tras ello, abordó las causas de los fallecimientos durante la riada, epígrafe en el que evitó atribuir responsabilidades a ninguna institución. El vicepresidente aseguró aproximadamente la mitad de muertes fueron de personas mayores "que no encontraron refugio", mientras que hubo jóvenes que perdieron su vida "intentando salvar sus vehículos, bien en garajes o bien no abandonándolos cuando el agua empezó a subir en las vías de comunicación".
Los "agravantes" de la Dana
Gan Pampols también aprovechó el acto para explicar cuáles fueron los "agravantes" de la situación provocada por la Dana, que resumió en tres grandes bloques: contexto geográfico, contexto sociodemográfico y entorno de sistemas. En ninguno de ellos mencionó responsabilidades de una Administración en concreto. En materia geográfica, remarcó que la topografía del terreno y el gradiente de altura provocan que "una catástrofe natural tenga una repercusión mucho mayor". Además, deslizó que la impermeabilización del suelo, tareas como la agricultura y los incendios previos en la zona provocan que sea más difícil hacer frente a este tipo de emergencias.
Respecto al contexto sociodemográfico, se refirió especialmente al "alto crecimiento poblacional" en la zona afectada por la catástrofe, "especialmente en la zona de l'Horta Sud, donde la densidad poblacional es seis veces mayor que en la media de la autonomía". "Hay una población en esa zona que tiene más densidad por km2 que la Franja de Gaza", resaltó. En este punto también aludió a la "alta concentración" de empresas "aprovechando el beneficio" de disponer infraestructuras portuarias y aeroportuarias, así como de un buen número de mano de obra cercana.
En materia del entorno de sistemas, Gan Pampols fue algo más crítico, aunque tampoco apuntó a competencias de ningún órgano en concreto. En esta línea, explicó desde principios de siglo "ha habido una insuficiente inversión en proyectos hidráulicos" con una pérdida de la capacidad inversora en estructuras permanentes de en torno al 75% y el 80%. Tras ello, señaló que se ha detectado "la escasa formación de la población en situaciones de alarma", algo que "corregiremos, evidentemente". Además, aseveró que se han visto "una serie de incidentes en los sistemas de alerta que han actuado concatenados de forma perversa". El vicepresidente también aludió a la "baja conciencia del concepto riesgo en la población".
Ascensores y garajes afectados por la riada
Gan Pampols también se detuvo a explicar la lenta reparación o reposición de los ascensores de la zona Dana que resultaron damnificados y cuya falta limita "significativamente la vida diaria de las personas con movilidad reducida". El vicepresidente explicó que solo el 40% de estos ascensores han sido reparados, por lo que todavía quedan en torno a 6.000 pendientes de ser arreglados o reemplazados. Según detalló, la demora en el avance en esta materia se debe a múltiples motivos como es que el coste de esta tarea puede alcanzar los 60.000 euros o la falta mano de obra cualificada para abordar estos trabajos.
En este punto, aseguró que esta situación "preocupa a todos" y se está "intentando buscar una solución" como es el caso de "realojos" de las personas mayores y con movilidad reducida que "llevan meses viendo restringida su vida diaria". "En algunos casos se han empleado hasta grúas y no se puede. Nos gustaría tener una solución para esto, pero no la tenemos. En los casos críticos se piensa en reubicar a estas personas en otros sitios donde se les garantice un mínimo de movilidad para su calidad de vida", aseveró.
Respecto a los garajes inundados, Gan Pampols recordó que la responsabilidad de mantenerlo en condiciones es del dueño del mismo, aunque la Administración actúa cuando hay una catástrofe debido a la magnitud de la situación. Ante ello, defendió que no hubo "inacción" en la succión del agua de estos enclaves, sino "incapacidad": "La tardanza en la succión tiene que ver con varias cosas. Primero, con la insuficiencia de medios, a pesar de que vinieron de toda España y de fuera de España, de Francia y de Marruecos y de otros países. No fue inacción, sino incapacidad, porque una succionadora tiene una determinada capacidad. Es una bomba aspirante e impelente. Y dependiendo de la densidad de aquello que tiene que aspirar, funciona o no funciona".
Mientras que, en materia sanitaria, Gan Pampols remarcó que "nunca se dejó de prestar atención". "Desde el día 30 - de octubre - se atendió a víctimas. Se estresó el sistema como nunca antes, pero a base de esfuerzo, tenacidad y compromiso se resolvió habiendo sido afectados 61 centros de salud y 3 hospitales", destacó el vicepresidente, que recordó que el día posterior a la catástrofe hubo médicos "cruzando andando por un pontón en Picanya para llegar" a la zona afectada.
17.800 millones de euros en daños
Cabe mencionar que el informe presentado por el vicepresidente cifra en 17.800 millones de euros la afección provocada por la Dana en la Comunitat Valenciana. Una estimación que "se quedará corta por diversos motivos", según el propio Gan Pampols, pero que permite ver la afectación de la riada con datos actualizados al pasado 7 de marzo. Los próximos pasos a seguir en materia de reconstrucción se centran en la elaboración del Plan de Reconstrucción, que prevé estar listo para el próximo mes de junio. A su vez, se continúa "trabajando con actores clave" y "nuevos perfiles expertos", que tendrán que "aportar una visión mucho más específica y técnica porque tienen que transformar un plan en un programa", según destacó Gan Pampols. "Un programa hay que presupuestarlo. Hasta donde lleguemos, pagaremos, y lo demás lo pediremos", apostilló el vicepresidente para la Recuperación.
