VALÈNCIA (EP). Entidades de servicios sociales de la Comunitat Valenciana han denunciado la "precariedad" en el sector, a su juicio acrecentada por el "alto índice de privatización", que provoca que "en muchos casos" sus condiciones laborales "no son las óptimas", por lo que han reclamado distintas mejoras para los profesionales.

Así lo ha recalcado este viernes la presidenta del Col.legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (Coeescv), María José Navarro, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por representantes de otras entidades colegiales y sindicatos.

Las diferentes entidades han convocado este sábado 22 de marzo han convocado una concentración en repulsa por el asesinato de una trabajadora social el 9 de marzo en Badajoz. La protesta se llevará a cabo la plaza Manises de València, a las 12.00 horas, y no contará con banderas ni logos, únicamente la pancarta unitaria con el lema 'Serveis socials dignes, segurs i de qualitat'.

Está convocada por el Coeescv, el Colegio Oficial de Psicología de la CV, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Alicante, Castellón y Valencia, la Asociación Valenciana de Integradores Sociales, la Facultad de Filosofía y CC de la Educación de la UV y los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical Valenciana, CSIF y CGT.

Navarro ha subrayado que la muerte de la educadora social ha sido el "detonante" que ha visibilizado lo que las entidades colegiales y sindicatos "llevan reclamando a la administración". "Las condiciones laborales de las personas que trabajamos en lo social, en muchos casos, no son las óptimas, debido a la precarización del sector, con un alto índice de privatización, de lugares cubiertos por personal que no tiene la capacitación adecuada y sin que la Administración haga seguimiento de las diferentes realidades y necesidades", ha aseverado.

Por ello, estas entidades han propuesto distintas medidas que, a su juicio, "es necesario que las administraciones tengan en cuenta" para evitar que situaciones como la ocurrida vuelvan a pasar, así como para "mejorar las condiciones laborales" de los empleados.

En concreto, reclaman que se realice un análisis "del impacto de la precarización y la privatización, así como de las condiciones laborales de los profesionales", que se revisen y actualicen los protocolos de actuación frente a las situaciones de violencia, "asegurando una respuesta eficaz, profesional y respetuosa con los derechos de la infancia y adolescencia y de los profesionales". Para ello, instan a ser reconocidos como figura de autoridad, para que las agresiones se consideren delito de atentado.

Igualmente, piden aumentar las ratios de atención de trabajadores para "garantizar un servicio de calidad"; que no se permita que ningún profesional trabaje en solitario; que los puestos de trabajo los ocupen profesionales con titulación adecuada y "se evite el intrusismo y la baja cualificación".

"Preocupados" por nuevas privatizaciones y mensajes de odio

Además, se han mostrado "enormemente" preocupados por la Ley de Simplificación Administrativa, ya que consideran que "abre la puerta a nuevas privatizaciones y una mayor precarización del sector social", ante lo que se posicionarán en contra; así como por los "mensajes de odio hacia las personas en situaciones de vulnerabilidad".

"La extrema derecha ya sabemos cómo los utiliza y ahora (en la Comunitat Valenciana) hay un pacto con un partido de la extrema derecha y no sabemos en qué repercutirá, pero estaremos ahí para que no sea en detrimento de los derechos humanos de las personas a las que acompañamos", ha aseverado Navarro.

En la misma línea, solicitan un diagnóstico de la realidad social e implementar recursos para "dar respuesta a las necesidades de la infancia y adolescencia"; que se publique el decreto de tipologías en el que se incluyan "todas las necesidades" que han mencionado.