VALÈNCIA (EP). La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado un recurso presentado por la diputada y portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts, Yaissel Sánchez, y ordena a la Conselleria de Sanidad que le entregue la información sobre los pagos a los centros privados por el Plan de Choque en 2024 y 2025.
El PSPV sostiene que la condena, consultada por Europa Press, da al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, un plazo de un mes para que remita toda la información que se le solicitó y que negó al Grupo Socialista "con excusas grotescas, como que solo podía dar datos por bienios, una tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia de todos los valencianos y las valencianas para no cumplir con la ley y dar la información requerida".
El Alto Tribunal señala que "no consta acreditada la denuncia desplegada en la demanda de ser voluntad manifiesta de la Administración la de restringir el acceso parlamentario a datos especialmente sensibles desde el punto de vista del control político; sin descartarlo en hipótesis, también ha podido obedecer a un déficit de esfuerzo exigible a los gestores públicos ante solicitud de información indudablemente compleja tal y como se había exigido por la parlamentaria autonómica. De cualquier modo compartimos con la Fiscal, que no queda motivada fundadamente la omisión en la información facilitada de los datos separando los relativos a ejercicios de 2024 y de 2025".
En un comunicado, la portavoz de Sanidad del grupo socialista de Les Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, ha señalado que "los tribunales han puesto coto a las marrullerías del titular de Sanidad para que los valencianos y valencianas no sepamos cómo está hinchando los bolsillos de empresas privadas de la sanidad en las que tiene intereses evidentes por vínculos familiares".
Para Yaissel Sánchez, "es inadmisible e inconcebible que haya un solo euro de dinero público que el Consell no quiera decir cómo lo ha gastado y en qué bolsillos privados los ha metido". La portavoz de Sanidad del PSPV recordó que en febrero pasado registró varias solicitudes de documentación por la vía del artículo 12 del Reglamento de Les Corts Valencianes dirigidas al conseller para que informara sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas en los ejercicios de 2024 y de 2025.
La vía especial del artículo 12 del Reglamento del parlamento autonómico, norma "con rango de ley", reconoce a los diputados el derecho a "recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático, de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma".
Pese a ello, según el PSPV, en una primera respuesta a principios de abril, el conseller negó la información sobre el dinero desembolsado por operaciones, pruebas e informes alegando que era "complejo" y solo ofrecía el listado de empresas privadas a las que había derivado radiologías y operaciones del Plan de Choque. Ante esta situación, la diputada registró un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el conseller.
Días después, Marciano Gómez remitió a la parlamentaria una "ampliación de información" en la que ahora sí ofrecía datos aunque "por bienios", "admitiendo que en el periodo 2024-2025 había desembolsado la friolera de 331 millones de euros a un conjunto de centros, clínicas y hospitales privados por operaciones dentro del Plan de Choque y actividad no concertada", de acuerdo al Partido Socialista.
Antes de que la respuesta se remitiera a Les Corts, la Conselleria, "actuando con malas artes y una falta total de decoro parlamentario, había filtrado a un medio estos datos y los del periodo 2022-2023 (que hasta junio de 2023 afectaría al anterior Consell del Botànic), convenientemente cocinados para minimizar el impacto de unas cifras que revelan el escandaloso desvío de fondos a la sanidad privada, particularmente en 2025".
Ese mismo año de 2025, según la diputada, "es el ejercicio en el que Marciano Gómez, como denunció la Sindicatura, avaló una treintena de liquidaciones anuales en favor de las concesiones privadas de las áreas sanitarias mediante las que estas se ahorraron decenas de millones antes de que el Consell Jurídic dictaminara sobre el criterio seguido, que finalmente fue contrario a la actuación del Consell".
PSPV: "El conseller vulneró la constitución"
A la vista de estos hechos, la diputada formalizó el citado recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales ante el TSJCV. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado sentencia por la que estima la demanda presentada por la diputada socialista contra la respuesta del conseller Gómez, de forma que "se declara que la resolución impugnada es contraria al ordenamiento jurídico y se anula en lo relativo a no haberse facilitado la información solicitada separando los ejercicios de 2024 y 2025". "Como consecuencia de la misma, se ha vulnerado el derecho fundamental de la actora recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española".
En consecuencia, se reconoce el derecho de la parlamentaria a obtener de la Conselleria de Sanidad la información solicitada en las tres solicitudes de documentación referidas a las cantidades económica abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y la lectura e informes vinculados a éstas en los ejercicios de 2024 y de 2025, "a salvo de la imposibilidad material en algún concreto aspecto por razones técnicas debidamente motivadas", frente a los argumentos del conseller que no acreditó esa imposibilidad. La respuesta ha de llegar "en el plazo máximo de un mes".
Los datos, con un clic
"La falta de transparencia de la Conselleria de Sanidad es tan evidente que al final el Tribunal Superior de Justicia nos ha dado la razón y ha sentenciado las marrullerías del conseller de Sanidad con las derivaciones a las empresas privadas", ha subrayado la diputada socialista Yaissel Sánchez, quien ha añadido que "ahora va a resultar que el señor Marciano Gómez es el único conseller en la historia de la Generalitat que no sepa que los ejercicios fiscales se separan por años". Y es que, tal como ha expuesto Sánchez, "alegar que solo podía remitir datos por bienios carece de toda consistencia técnica, presupuestaria y contable, ya que la totalidad de la actividad económico-financiera de la Generalitat se estructura por ejercicios anuales: presupuestos, liquidaciones, estabilidad presupuestaria, déficit, cuenta 413, obligaciones reconocidas, remanentes, límites de gasto o fiscalización externa". Según ha recalcado, "no existe en la contabilidad pública autonómica ninguna categoría ordinaria de gestión por bienios, sino que se trataba de una burda patraña".
"El Consell dispone de aplicaciones informáticas que, con un clic, permiten conocer todos los pagos realizados a cualquier empresa simplemente con poner el NIF", ha zanjado la portavoz de Sanidad en Les Corts.
Sanidad asegura que ampliará información
La Conselleria de Sanidad tacha de "falso" que el conseller del ramo haya sido condenado y asevera que el departamento que dirige Marciano Gómez ampliará la información al PSPV sobre los pagos a los centros privados por el Plan de Choque en 2024 y 2025.
Fuentes de la Conselleria recalcan que la sentencia, "que todavía no es firme, estima la demanda pero no condena". Según las mismas fuentes, la sentencia "entiende que no se da la respuesta con el detalle que se requería e insta a darla". "La Conselleria sí dio información, pero la sentencia estima que se debe ampliar y así se hará", afirman.
Señalan también que la sentencia sostiene que "no consta acreditada la denuncia desplegada en la demanda de ser voluntad manifiesta de la Administración la de restringir el acceso parlamentario a datos especialmente sensibles desde el punto de vista de control político".
"No hay, por tanto, condena en costas para la Conselleria, algo que contrasta con los cerca de 70.000 euros abonados por las condenas en costas por 97 solicitudes de información sin respuesta entre 2020 y 2023", concluyen las mismas fuentes.
