VALÈNCIA. El Partido Popular ha proseguido este martes con la estrategia de dar completo respaldo a las propuestas planteadas por Vox. Ambas formaciones han sacado adelante sus respectivas enmiendas en materia de Servicios Sociales, que incluyen un amplio despliegue del concepto de prioridad nacional en los objetivos de las actuaciones que el departamento que encabeza Elena Albalat deberá llevar a cabo durante este ejercicio.
A lo largo de la jornada, las votaciones de las propuestas del PP y Vox han concluido generalmente con el mismo resultado que este lunes: siete votos a favor del bloque de la derecha frente a los seis que suman PSPV y Compromís. Six - Seven, como diría la generación alfa o "sincronización nacional", como ha señalado el presidente de la comisión y diputado del PSPV, Toni Gaspar.
La diputada de Vox Miriam Turiel ha asegurado que está formación está convencida de que, "para gestionar correctamente los servicios sociales hay que garantizar el arraigo real, duradero y efectivo". En esta línea, ha reclamado una residencia "estable y verificable" en el territorio para acceder a las ayudas públicas y ha defendido que las enmiendas propuestas por esta formación "premian" la residencia, el empadronamiento, la permanencia y la contribución al país. "Gracias a Vox el tiempo de residencia exigible para acceder a la Renta Valenciana de inclusión pasa de uno a tres años", ha defendido.
De hecho, las exigencias de Vox acatadas por el PP incluyen que el Consell tenga el deber de tramitar una nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión para incluir la prioridad nacional en esta norma, de manera que los recursos se asignen de manera "prioritaria" a las personas que mantienen una "relación efectiva, afectiva" y "duradera" en la Comunitat Valenciana.
También se incorpora este mantra en las líneas de actuación frente a las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. En este sentido, Vox plantea que el Consell actúe frente a estas problemáticas "priorizando los recursos públicos" a las personas que tienen un mayor "arraigo" en el territorio valenciano. para cuestiones como la intervención en personas sin hogar o programas para reducir la feminización de la pobreza.
No se incorporan algunas "exclusiones" de Vox
El único 'veto' a una propuesta voxista se ha producido a la aplicación del principio de prioridad nacional en la "gestación, coordinación y seguimiento de prestaciones sociales". Esta medida, que afectaba los objetivos básicos en materia de inclusión social fijaba el venía a vincular el acceso a ayudas "a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema". Además, planteaba la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".
La eliminación de esta propuesta se ha realizado mediante una enmienda transaccional en la que, eso sí, los populares han aceptado la propuesta de sus socios para actuar frente a la "crisis demográfica" en la Comunitat Valenciana mediante ayudas a familias valencianas "que sigan el principio de prioridad nacional". Estas subvenciones se destinarían a materias como crianza, manutención o actividades extraescolares de los hijos que puedan tener las familias valencianas.
Recorte de 300.000 euros a las ONGD
También en materia de Servicios Sociales y a propuesta de Vox, se ha producido un recorte de 300.000 euros en las subvenciones que reciben las ONGD para la inversión en programas y proyecto de impacto en cooperación internacional al desarrollo. Con ello, esta partida pasa a tener una dotación de 6,5 millones de euros, mientras el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pasa a tener un presupuesto de 600.000 euros.
