VALÈNCIA. Nuevo revés para el megaconcurso del servicio de transporte sanitario terrestre, urgente y no urgente de la Comunitat Valenciana para los próximos cuatro años. La Conselleria de Sanidad tendrá que volver a redactar los pliegos de este contrato que, quedó suspendido de manera cautelar el pasado mayo tras un recurso presentado por el Ayuntamiento de Calp, tal y como contó este periódico. A este recurso se sumaron otros tres, dos de los cuales han sido aceptados parcialmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), obligando a rehacer los pliegos y retrotraer el proceso al momento inmediatamente anterior a la aprobación de esta documentación.
Así consta en una resolución de la Conselleria de Sanidad publicada este martes en la Plataforma de Contratación del Estado, donde se informa del levantamiento de la suspensión y de los nuevos pasos a seguir a partir de este momento. La resolución supone otro contratiempo para uno de los contratos de mayor envergadura para el departamento que encabeza Marciano Gómez, con un valor estimado de casi 858 millones de euros y del que depende el transporte sanitario de las próximas cuatro anualidades.
Además del Ayuntamiento de Calp, recurrieron el proceso UGT - Servicios Públicos y las firmas Ambulancias Sánchez y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales. El TACRC ha inadmitido los recursos de UGT y el Ayuntamiento de Calp, este último "por falta de legitimación". Por contra, ha aceptado parcialmente los de las dos mercantiles al constatar un error en la petición de solvencia técnica o profesional en los pliegos del contrato.
La Ley de Contratación del Sector Público determina que las empresas acreditarán su solvencia "mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato". No obstante, la solvencia exigida en los pliegos del contrato era de 600,5 millones de euros, es decir, el 70% del valor estimado del contrato y no de su anualidad media. En este sentido, el TACRC considera que la solvencia exigida "no se encuentra correctamente determinada y resulta desproporcionada", anulando los pliegos en dicho alcance y ordenando la retroacción del procedimiento al momento anterior a su aprobación.
En consecuencia, la Conselleria de Sanidad deberá aprobar unos nuevos pliegos sustituyendo la cifra de 600,5 millones "por el importe exacto que resulte de aplicar el 70% a la anualidad media del contrato". La nueva documentación deberá publicarse junto a un nuevo anuncio de licitación y abrir un nuevo plazo íntegro para la presentación de ofertas, dejando sin efecto los trámites realizados sobre los pliegos anulados. De hecho, cabe mencionar que el concurso había recibido una única oferta, la de la unión temporal de empresas (UTE) Ayuda TSCV, integrada por Ambulancias CSA, Ambulancias Autónomas, Ambulancias y Servicios Valencia, Alquiler Car Luxe, Ambulancias Ayuda y Ambulevante.
Servicio de transporte hasta 2030
La Generalitat Valenciana licitó este contrato el pasado abril con la previsión de que entrase en vigor este septiembre con una duración de cuatro años, hasta agosto de 2030. Aunque el presupuesto base es de unos 580 millones de euros, su valor estimado se sitúa en los 857,8 millones, teniendo en cuenta posibles prórrogas y modificaciones contractuales.
Este servicio incluye tanto el transporte sanitario urgente, coordinado a través de los CICU y del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana, como los traslados no urgentes para pacientes que requieren desplazamientos programados por motivos asistenciales, como hemodiálisis, rehabilitación, radioterapia, consultas médicas o altas hospitalarias.
Durante la presentación del concurso, la Administración autonómica aseguró que la nueva licitación incorpora mejoras con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía el "mejor servicio asistencial", especialmente en situaciones de emergencias sanitarias. Entre las novedades, el contrato incluye un apartado específico para el suministro de distintos tipos de vehículos destinados al apoyo logístico y de coordinación en dispositivos de riesgo previsible y para actuaciones ante emergencias con múltiples víctimas o catástrofes.
También se contempla flota de reserva con las características y dotación requeridas, así como el mantenimiento integral tanto de los vehículos como de su equipamiento. El anterior contrato salió a licitación por unos 372,8 millones de euros, aunque fue adjudicado por 366, mientras que el nuevo asciende a 580 millones, lo que supone un incremento de alrededor de 207 millones. Una diferencia que vendría generada por la actualización de los costes y las mejoras de prestaciones en el contrato.
