VALÈNCIA. Uno de los principales problemas de los municipios valencianos en riesgo de despoblación es la constante reducción de los servicios públicos a su disposición. Con una población más envejecida que la media autonómica, estas localidades precisan de una serie de servicios sanitarios, educativos, sociales o bancarios que han ido menguando por el éxodo rural que se ha producido en las últimas décadas. 

"La prestación de servicios constituye un factor de estructuración del territorio, de manera que el cese de éstos genera la falta de cohesión territorial", así lo constata el Plan Integral para el Reto Demográfico de la Comunitat Valenciana (PIRD-CV) con vistas hasta el año 2030 y que se encuentra en fase de exposición pública antes de su aprobación definitiva por parte del Consell. Este documento, tal y como contó Plaza, propone cerca de 200 estrategias con el objetivo de mantener "vivo" el espacio rural. Todas ellas estarían supervisadas por un Laboratorio Territorial de la Despoblación Valenciana.

El documento señala que la pérdida de población en el medio rural va acompañada de un déficit de infraestructuras y acceso a servicios, tanto públicos como privados, debido a la escasa demanda. En esta línea, los gobiernos se enfrentan ante la encrucijada de ofrecer servicios públicos básicos (educación, sanidad y seguridad) en territorios de difícil acceso y con una población cada vez menor, pero de mayor edad.

18 minutos más que el resto en llegar a un hospital

Entre las dotaciones sobre las que se observa un difícil acceso para los residentes en los municipios con riesgo de despoblamiento se encuentran los hospitales. Mientras en el resto de localidades valencianas se tarda una media de 14 minutos en llegar a un hospital, en los municipios despoblados este tiempo se eleva hasta los 32 minutos. Es decir, de media, un residente de una localidad con riesgo de despoblamiento tarda 18 minutos más en llegar a un hospital que el resto de habitantes de la Comunitat Valenciana. 

La brecha entre zonas urbanas y despobladas también se observa en otros indicadores como el tiempo de acceso a una autovía o autopista. Las que tienen riesgo de despoblamiento se encuentran a 20 minutos de media de estas infraestructuras, mientras el resto de localidades tienen una carretera de este tipo a unos seis minutos. 

Una serie de datos que, para los autores del plan, constatan una "problemática estructural" que "dificulta la equidad territorial". En este sentido, advierten que se trata de indicadores que "pueden impactar negativamente en la calidad de vida y en la capacidad de fijar población" en los territorios con riesgo despoblamiento.

Además de los indicadores ya señalados, los creadores del plan también observan una "clara brecha digital", así como en la retribución de la población: los residentes en municipios despoblados cuentan con una renta media de 2.700 euros menos al año que el resto de valencianos. Este último se erige como un factor 'clave' que "alimenta la emigración" hacia "zonas con mayores niveles de bienestar". 

Tiempo máximo de acceso, 40 minutos

Ante la delicada situación de las zonas despobladas, el plan proyecta cerca de 70 estrategias para contribuir a generar unos "servicios públicos y privados de calidad". De entre ellas destaca la necesidad de aumentar la proximidad de los servicios, con el criterio de que el tiempo máximo de acceso sea de 40 minutos. Los autores también optan por descentralizar la red de recursos asistenciales públicos, especialmente aquellos dedicados a personas mayores y jóvenes. 

Las estrategias relacionadas con esta materia también incluyen medidas para mejorar el acceso a la vivienda, garantizar el acceso a la educación infantil, fomentar la participación ciudadana y establecer acciones dirigidas al relevo generacional. En este último aspecto, plantea "incentivar" tanto nacimientos como adopciones en aquellos municipios con problemas de despoblación, así como ayudas directas o subvenciones a las unidades familiares con dos o más hijos. 

También se encuentran medidas a colectivos como los jóvenes y las mujeres, que, tal y como explicó Plaza, presentan mayor tasa de éxodo rural. En este sentido, se propone la integración de los jóvenes en la economía rural, así como políticas que fomenten la continuidad de sus estudios. Para las mujeres, se plantea el fomento del asociacionismo, acciones de tipo social, así como medidas de fomento del empleo.

Mientras que, para las personas mayores, se proponen estrategias relacionadas con la dependencia. En este sentido, se plantea dotar de equipamientos específicos estos territorios, especialmente de residencias de la tercera edad. A ellos se suman programas de envejecimiento activo con "escuelas del saber tradicional", así como acciones contra la soledad y suministro de equipamiento deportivo que fomente la actividad física de los más mayores. 

La 'carta' al Gobierno de España

Cabe mencionar que cinco de las medidas socioeconómicas son "demandas" al Gobierno central, sobre todo incentivos para el desarrollo económico. En concreto, se solicita la bonificación total de la seguridad social, tanto para la empresa como para el trabajador, durante los dos primeros años, y del 50% en los dos siguientes. También se reclama la reducción del impuesto de sociedades al 10% durante los dos primeros ejercicios y al 15% en los dos siguientes. A ello se suma la posibilidad de que las firmas se deduzcan el 50% de la amortización anual de sus inversiones. 

Esta 'carta' al Gobierno de España también incluye una ley para mitigar el impacto del cierre de oficinas bancarias, así como un plan de comunicación estatal que incentive el sentimiento de pertenencia a territorios en riesgo de despoblación.