VALÈNCIA. El creciente interés de las grandes empresas de la movilidad como Uber y Cabify por aumentar su flota en Valencia deberá esperar. Ante la compleja situación entre las VTC y el sector del taxi, el Consell ha decidido paralizar un total de 4.000 licencias de vehículos con conductor pendientes de autorizar hasta que no redacte un informe técnico sobre la proporcionalidad que debe existir entre ambos modelos. 

En concreto, la Generalitat ha establecido un periodo de dos años para redactar y publicar dicho documento, tal y como aparece en el Decreto ley 5/2026, de 29 de mayo, del Consell, de modificación del Decreto ley 4/2019, de 29 de marzo, del Consell, de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante el arrendamiento de vehículos con conductor, y de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.

"Así como las autorizaciones de VTC en la Comunitat Valenciana, si bien se habilitará provisionalmente a las VTC a prestar servicio urbano mientras se dispone de un estudio técnico que determine, objetivamente y atendiendo a los diferentes ámbitos de actuación, la proporcionalidad que debe existir entre taxi y VTC", señala el texto, que ha sido publicado íntegramente este viernes, una semana después de haber sido apribado en el pleno del Consell.

Cabe recordar que el nuevo decreto ha soliviantado especialmente al sector del taxi por conceder a las VTC la autorización de realizar servicios urbanos y, además, elimina la precontratación de 15 minutos.

Esta norma, que se lleva esperando más de un año desde que el Ejecutivo valenciano anunciara que se ponía a trabajar en un nuevo marco normativo para facilitar la convivencia de ambos modelos, ha llegado después de meses de tensas negociaciones y movilizaciones en las calles.

Con este decreto, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que dirige Vicente Martínez Mus trata de poner fin a la inseguridad jurídica que arrastra el servicio desde hace años. De hecho, desde la Generalitat recuerdan que los tribunales han tumbado normativas estatales, autonómicas e incluso locales, especialmente algunas de las aprobadas durante la etapa del Botànic.

El decreto trata de repartir concesiones entre las dos partes. Así, además de abrir definitivamente la puerta a que las VTC puedan operar en trayectos urbanos sin la obligación de esperar 15 minutos desde la contratación, el Consell también introduce medidas reclamadas históricamente por el taxi.

Entre ellas, destaca la congelación de nuevas licencias tanto para VTC como para taxis ante la avalancha de solicitudes registrada tras el decaimiento de la normativa anterior. La suspensión se mantendrá vigente hasta que la Generalitat elabore un informe sobre la situación de la movilidad y del propio sector. No obstante, en el caso del taxi sí se contemplan excepciones cuando exista un incremento de la demanda o sea necesario ampliar la flota de vehículos adaptados para personas con discapacidad.

Además, el Consell endurece el régimen sancionador para tratar de evitar incumplimientos por parte de las VTC. Las multas podrán alcanzar los 6.000 euros e incluso implicar la inmovilización del vehículo en casos como captar clientes en la vía pública sin contratación previa o prestar servicio fuera del ámbito permitido por la autorización.

La norma también modifica aspectos estructurales del taxi. Por un lado, amplía el número máximo de autorizaciones que puede acumular un titular, que pasa de una a tres licencias (o hasta cinco en el caso de vehículos adaptados), una medida con la que la Generalitat pretende favorecer la contratación de conductores y aumentar la oferta sin incrementar el número total de permisos.

Asimismo, desaparece la exigencia de dedicación exclusiva al taxi, aunque seguirá siendo incompatible simultanear esta actividad con una licencia VTC. También se flexibiliza la transmisión de licencias por herencia y se permite a los municipios abandonar las áreas de prestación conjunta si así lo deciden.

Desde la Conselleria defienden que el texto busca un "equilibrio" entre dos modelos enfrentados y sostienen que el principal beneficiario debe ser el ciudadano "en un contexto de aumento de la movilidad". Una tesis que, sin embargo, previsiblemente volverá a abrir el choque con un sector del taxi que llevaba años defendiendo mayores restricciones a las VTC, sobre todo con el impedimento de realizar servicios urbanos.