VALÈNCIA. El absentismo laboral tiene entre sus agravantes las largas listas de espera de la sanidad pública. Pese a ello, no parece que las administraciones acaben de tomar cartas en el asunto aun teniendo las herramientas para ello. En 2024, el Gobierno y los agentes sociales firmaron un acuerdo de diálogo social que abrió la puerta a una mayor colaboración de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal derivados de lesiones traumatológicas. Sin embargo, solo cinco autonomías han activado este modelo y la Comunitat Valenciana no figura entre ellas. El Consell confirma que ha descartado adherirse al marco estatal porque no lo ha considerado "oportuno" y defiende, en su lugar, otras fórmulas de colaboración con las mutuas.
El pacto de la Mesa de Diálogo Social de julio de 2024 estableció el marco jurídico para que las comunidades autónomas pudieran suscribir convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las mutuas, de forma que estas asumieran pruebas diagnósticas, tratamientos o procesos de rehabilitación con el objetivo de reducir las largas listas de espera que alargan la duración de las bajas laborales, una cuestión que afecta tanto a trabajadores como a empresarios y que se encuentra en pleno centro del debate político.
Sin embargo, solo Baleares, Cataluña, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han implementado este mecanismo. El Consell, por su parte, asegura que ya cuenta con vías de colaboración, mientras que la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) (que en varias ocasiones ha manifestado la necesidad de que las mutuas participen en la gestión de las bajas laborales) adelanta a este diario estar trabajando junto a la Conselleria de Sanidad para que se materialice esa colaboración entre Salud Pública y las entidades privadas.
La conselleria sostiene que la Generalitat mantiene distintas líneas de colaboración con las mutuas, entre ellas la gestión de los accidentes laborales de los empleados públicos, la comunicación de sospechas de enfermedades profesionales y el régimen de compatibilidad del personal sanitario. No obstante, estas actuaciones son independientes del acuerdo estatal de diálogo social de 2024, que habilita a las comunidades autónomas a suscribir convenios específicos con las mutuas para colaborar en la gestión de las incapacidades temporales por lesiones traumatológicas.
Los sindicatos no solo lamentan que el Ejecutivo valenciano no haya activado en estos dos años un convenio amparado en el acuerdo de la Mesa de Diálogo Social de julio de 2024, sino que alertan de la anomalía de que las negociaciones se estén realizando de manera unilateral con la patronal. "Además, en aquel pacto estábamos todos de acuerdo; desde la patronal nacional a los sindicatos. Que ahora el Consell negocie otras fórmulas sólo con la patronal valenciana no nos parece justo", señala Antonio Inarejos, responsable de Salud Laboral en CCOO PV. "Estamos presentes los tres pilares de los agentes sociales en el foro de prevención de riesgos laborales del Invassat. No sé por qué en esas negociaciones no lo estamos", agrega.
Por su parte, desde la CEV indican a este periódico que desconocen el motivo por el que la Generalitat no se ha adherido a la fórmula acordada en el diálogo social, pero aseguran que están "teniendo reuniones con la conselleria para tratar de avanzar en propuestas que favorezcan esa colaboración de las mutuas con los servicios públicos de salud". Entre las iniciativas que plantea la patronal valenciana destacan incrementar el número de profesionales sanitarios e inspectores en los servicios públicos de salud y el INSS; optimizar los recursos del Sistema valenciano de Salud y de las Mutuas; mejorar la formación de los médicos de atención primaria en la gestión de la ITCC o también mejorar los sistemas de información entre las partes.
Un coste de 2.064,8 millones en 2025
En la Comunitat Valenciana, el absentismo por incapacidad temporal (es decir, el derivado de una causa médica) tuvo un coste de 2.064,8 millones de euros en 2025, según un informe elaborado por la patronal valenciana (CEV) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). De esa cantidad, 1.159 millones corresponden a prestaciones de la Seguridad Social gestionadas por las mutuas, mientras que las empresas asumieron otros 905 millones en costes directos. En total, el pasado año se registraron 514.886 bajas laborales por enfermedad común o accidente no laboral, un 7,96% más que en 2024.
Más allá de la factura económica, hay un dato que distingue a la Comunitat Valenciana del conjunto de España: la duración de las bajas. Los procesos de incapacidad temporal entre los asalariados valencianos alcanzan una media de 57,06 días, frente a los 44,14 del conjunto del país. Es decir, casi dos semanas más. Además, las bajas de más de un año se han multiplicado por cuatro desde 2019, al pasar de 3.951 a 17.378.
- Una persona trabaja en una obra en el sector de la construcción. -
- Foto: Iñaki Berasaluce - Europa Press
Según Inarejos, son tres los factores principales que confluyen en este escenario de bajas más largas que la media estatal: las condiciones de trabajo precarias (pagas extra no remuneradas, ritmos y cargas laborales excesivas, salarios inferiores a la media estatal), una población envejecida y la saturación de la sanidad pública, que prolonga los procesos por las listas de espera para pruebas, consultas e intervenciones.
La vicesecretaria de UGT PV, Marisa Baena, pone el foco además en otro aspecto que, a su juicio, distorsiona las estadísticas: numerosas enfermedades catalogadas como comunes tienen su origen en el propio trabajo, pero no se reconocen como enfermedades profesionales ni como accidentes laborales. "Hay un infrareconocimiento de enfermedades profesionales como accidentes de trabajo. Eso hay que verlo también como un riesgo laboral", sostiene.
Baena coincide con Inarejos en que la saturación de la sanidad pública es uno de los factores que más contribuyen a prolongar las incapacidades temporales. "Es una de las causas más importantes y responde a la combinación de la falta de recursos en la sanidad pública con la sobrecarga de trabajo", añade.
La mayoría de operaciones pendientes en Sanidad son de traumatología
De los 51.600 pacientes en lista de espera en la Comunitat Valenciana en 2025, 8.309 llevaban pendientes de la operación más de seis meses, lo que representa el 16,1% del total. Por su parte, la demora media para ser operado se situó en de 88 días, 33 días menos que la media nacional, según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La mayoría de estos pacientes están pendientes de una cirugía de traumatología (12.746), de Oftalmología (10.279), cirugía general o de digestivo (8.934), Urología (5.439), Otorrinolaringología (4.502), Ginecología (2.329) y Cirugía Maxilofacial (1.783). Por contra, las especialidades con menos enfermos en espera son Dermatología (65), Cirugía Torácica (191), Cirugía Cardiaca (297), Cirugía Plástica (1.292), Cirugía Pediátrica (1.227), y Angiología /Cirugía Vascular (1.342).
Por lo que respecta a las mayores demoras, se registran en Cirugía Plástica (152 días), Cirugía Pediátrica (147), Neurocirugía (128), Otorrinolaringología (115), Urología (111), traumatología (99) o Cirugía Maxilofacial (96). En el lado opuesto se sitúan Oftalmología (55 días), Cirugía Cardiaca (63) Cirugía General y de Digestiva (66).
En cuanto a las consultas con el especialista, a finales de 2025 en la Comunitat Valenciana había 434.023 paciente en lista de espera, lo que supone una tasa de 83,35 pacientes por cada 1.000 habitantes, frente a una media nacional de 84,42 por cada 1.000 habitantes, y 95 días de tiempo media de espera, siete días menos que la media.
Estrés, ansiedad...el auge de bajas por salud mental
Pero si hay un fenómeno que explica el cambio experimentado en los últimos años es el auge de las bajas relacionadas con la salud mental. En apenas cinco años, la Comunitat Valenciana ha registrado una escalada sin precedentes en los procesos de incapacidad temporal por estas patologías. Si en 2020 se iniciaron 21.052 bajas, en 2025 la cifra ascendió a 50.494. Se trata de un incremento del 139,8%, lo que supone que el número de trabajadores que han necesitado ausentarse de su puesto por trastornos psíquicos prácticamente se ha multiplicado por 2,4. Su coste también se ha disparado: alcanzó los 472,6 millones de euros en 2025, casi un 293% más que siete años antes, según el informe elaborado por la CEV y AMAT.
El incremento de estas incapacidades tiene además un marcado componente generacional. El informe sitúa a los trabajadores de entre 16 y 35 años como el grupo con mayor incidencia media mensual de incapacidad temporal, con 31,04 procesos por cada 1.000 trabajadores protegidos en 2025. La cifra supone un aumento del 19,34% respecto al año anterior y del 201,95% en comparación con 2018. En el extremo opuesto se encuentran los mayores de 55 años, con una incidencia de 21,13 procesos por cada 1.000 trabajadores, un 23,36% inferior a la registrada siete años antes.
Este aumento de los problemas de salud mental guarda relación con la intensificación de los ritmos de trabajo y la carga laboral, según sostiene el informe 'Intensificación del trabajo y salud mental: La evaluación de la carga laboral como obligación preventiva', elaborado por Adrián Todolí Signes, profesor de la Universitat de València. El estudio recoge que entre un 17% y un 27% de las personas trabajadoras manifiestan sufrir ansiedad relacionada con el trabajo; entre un 30% y un 38% aseguran padecer estrés de forma habitual; y un 47% están expuestas a factores que comprometen su bienestar psicológico.
Asimismo, los trastornos mentales y del comportamiento representan aproximadamente el 15% del total de los días de incapacidad temporal. Para Todolí, estos datos evidencian la necesidad de que las empresas evalúen y prevengan la carga de trabajo como un riesgo laboral, al mismo nivel que otros factores tradicionales de la prevención.
