VALÈNCIA (EFE) La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha advertido sobre el posible colapso que podrían sufrir buena parte de los juzgados valencianos de violencia sobre la mujer a partir de octubre, cuando entra en vigor la reforma que añade a estos tribunales la gestión de todos los casos de violencia sexual, además de los que ocurren en el ámbito de la pareja, como hasta ahora.

En los Desayunos de EFE en el Colegio de Abogados, la consellera ha puesto el foco sobre las consecuencias de la entrada en vigor de las nuevas medidas que contempla la Ley de Eficiencia de la Justicia y la previsible sobrecarga de trabajo que supondrá para los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.

"Es cierto que por parte del Ministerio se han adoptado algunas medidas de refuerzo, en el caso de la Comunitat Valenciana se anunció que se iba a dotar estos juzgados con cinco nuevas plazas de jueces. Y aunque inicialmente se apostó por la reconversión de dos juzgados de instrucción de Castellón y Benidorm, tras las quejas del Consell finalmente se van a crear nuevas plazas en Vila-real, Llíria, València y Benidorm, y se va a reconvertir un juzgado de Castellón".

La consellera se ha mostrado preocupada por el agravio que podría sufrir las víctimas por la sobrecarga de trabajo a la que se enfrentarán estos juzgados. "No quiero dejar de reivindicar tampoco las tristes consecuencias de la comarcalización de los juzgados de violencia y casos como la desaparición de estos tribunales en Xàtiva (han pasado a Alzira) o Novelda (a Elche). Las víctimas y los abogados han de realizar un peregrinaje para que se las atienda. En algunas situaciones han de recorrer hasta 70 kilómetros".

"Es posible que esa especialización de los juzgados redunde positivamente en el justiciable, pero qué pasa con las víctimas”, se pregunta la consellera, que critica la adopción de cambios estructurales en el sistema judicial español “sin tener en cuenta las consecuencias”.

“Me constan quejas de jueces especializados en violencia alertando sobre las consecuencias que se pueden producir a partir de octubre. Están preocupados porque carecen de los recursos necesarios para hacer frente a la carga de trabajo que se les viene encima. Además, la Ley de Eficiencia de la Justicia ha cambiado el diseño de la oficina judicial, y con más motivo se hacen necesarias más plazas judiciales".

En este sentido, la consellera espera retomar en breve la comisión mixta creada con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para "hacer frente común en esa reivindicación".

En el contexto de la situación financiera de la Generalitat Valenciana, la consellera insiste en que los cambios necesarios por la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia suponen una inversión de 50 millones de euros, sin contar con cambios de infraestructuras. Es decir, "sin tirar tabiques".

"El requisito de procedibilidad para interponer demanda civil o mercantil exigirá nuevas inversiones en el turno de oficio, la nueva señalética de los juzgados costará 600.000 euros y ajustar el sistema de gestión procesal unos cuantos millones más. Como le dije al ministro Bolaños, esta ley no tiene un coste cero y si no viene acompañada de recursos económicos se va a quedar un una declaración de intenciones, un cambio de carteles", concluye Martínez.