VALÈNCIA (EP). Las entidades sociales que gestionan los centros y hogares de atención residencial y centros de día han formalizado mayoritariamente su no conformidad a la propuesta de prórroga planteada por la Conselleria de Política Social, Familia e Infancia. Esta decisión implica que tres de cada cuatro plazas concertadas --unas 1.600 de un total de 2.200-- "se quedan sin prórroga", una medida que aseguran que han tenido que adoptar 24 entidades (el 54 por ciento de las organizaciones del sector) y que afecta al 75% del presupuesto destinado a la acción concertada en infancia.

Las patronales de la Federación de Asociaciones del Tercer Sector en el ámbito de la Protección de la Infancia, Juventud y Familia (FEPJJ) y Asociación Profesional de Instituciones de Menores (APIME), que piden una reunión con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, han explicado en un comunicado que las asociaciones y fundaciones "se han visto abocadas a rechazar la propuesta debido a la insuficiencia presupuestaria de la administración".

En esta línea, han indicado que aceptar las condiciones actuales "obligaba a las entidades a situarse ante tres riesgos inasumibles": tener que aportar "fondos propios" para garantizar la calidad de la atención a los niños, niñas y adolescentes; tener "graves dificultades" para hacer frente a las retribuciones de sus plantillas --que suman en torno a 3.500 personas trabajadoras-- y "poner en riesgo la propia sostenibilidad de las entidades, todas ellas sin ánimo de lucro".

El sector ha apuntado que este escenario de infrafinanciación estructural arranca en junio de 2022, momento en el que se inició la acción concertada vigente con unos módulos económicos "que ya nacieron desfasados". Pese a las alegaciones y los "intentos de reequilibrio" planteados desde entonces, las entidades arrastran "un déficit de financiación" que ahora denuncian que se pretende prolongar "dos años más" y que afectaría "de lleno a la propia sostenibilidad del sistema de protección".

Ante la falta de mutuo acuerdo para la prórroga, el Decreto 181/2017, por el que se establece el Reglamento de acción concertada a entidades de iniciativa social en el ámbito de los servicios sociales, indica que la Generalitat Valenciana "debería asumir la gestión de estos centros con medios propios o, en su defecto, realizar una nueva convocatoria".

Para las patronales, este último escenario permitiría retomar el objetivo inicial de la Conselleria, que había comunicado reiteradamente que en marzo de 2027 "habría una nueva convocatoria de acción concertada". A pesar de haber formalizado este rechazo, las asociaciones y fundaciones reafirman su "firme compromiso" con los niños, niñas y adolescentes y con la propia Generalitat Valenciana "para garantizar sus derechos".

Petición de reunión con Llorca

En las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia, el sector apuesta "de manera clara" por un "proceso de diálogo" con la administración autonómica que evite una situación que es "indeseada para todas las partes". Conscientes de que los problemas aducidos por la Conselleria se concretan en la disponibilidad presupuestaria y los tiempos de gestión, las patronales representativas han solicitado una reunión al 'president' de la Generalitat Valenciana con el fin que "impulse la búsqueda de una salida acordada a esta situación".

Desde FEPJJ y APIME han recalcado que la acción concertada vigente concluye el próximo 1 de julio de 2026, por lo que todavía "hay margen para actuar". "Compartimos la voluntad de solucionar esta situación, y tenemos que dotarnos del tiempo de diálogo que sea necesario para conseguirlo. La respuesta a las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia puede dotarnos de ese escenario para alcanzar un acuerdo antes del vencimiento de los conciertos", han concluido las patronales.