Comparativa de programas electorales del 29N: vivienda

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VALÈNCIA. La vivienda es ya la primera preocupación de los españoles según el Instituto Nacional de Estadística y ha llevado a multitudinarias protestas en las plazas de las principales ciudades del país que desembocaron en una huelga general. De hecho, la vivienda ha sido el detonante del adelanto de las elecciones generales.

Conscientes de ello, Partido Popular, Partido Socialista, Compromís-Front Valencià y Vox, los cuatro principales partidos políticos que concurren en la Comunitat Valenciana a las elecciones del próximo 29 de noviembre, han incluido en sus programas electorales una batería de medidas enfocadas a abordar esta crisis.

La medida estrella del PP es la construcción de un millón de inmuebles, una nueva Ley del Suelo y la agilización de licencias de construcción. Apuesta por derogar la Ley estatal de Vivienda y eliminar los topes al alquiler. Propone un IVA del 4% para la compra de la primera vivienda a menores de 40 años y bonificaciones en el ITP o aumento de los avales y la financiación del ICO. Para los inquilinos plantea medidas como incentivos fiscales vinculados a la estabilidad de los contratos.

El PSOE propone ampliar a 100.000 viviendas el parque público de vivienda. Plantea destinar el 1% del PIB anual para vivienda y aumentar hasta 25.000 millones la financiación del ICO. Su programa combina financiación pública, movilización de suelo y rehabilitación con medidas de regulación del alquiler y de lucha contra la especulación, como la fiscalidad sobre las viviendas de grandes tenedores que no se destinen a alquiler asequibles. También incorpora protección a los inquilinos vulnerables y ayudas para jóvenes.

Compromís-Front Valencià. La coalición plantea una intervención en el mercado inmobiliario para limitar la acumulación de viviendas y expropiar a grandes fondos buitre. Plantea nuevos gravámenes a partir de la tercera vivienda y cambios fiscales para penalizar la vivienda vacía. Defiende destinar el 1% del PIB a ampliar el parque público y protegido, movilizar inmuebles desocupados y reforzar la regulación de los alquileres, incluidos los de temporada y habitaciones.

Vox vincula su política de vivienda a la prioridad nacional, de modo que los españoles tengan preferencia en el acceso a vivienda protegida y ayudas al alquiler. Su propuesta combina la ampliación de suelo y la agilización de trámites junto a una fuerte rebaja fiscal para la compra de la primera vivienda. 0% de IVA para vivienda nueva y bonificación del 100% del ITP para segunda mano. En el alquiler plantea derogar la Ley de Vivienda, incentivar los contratos de larga duración y regular los pisos turísticos. El programa incluye también medidas de endurecimiento frente a la okupación.

 

  • Protesta por la vivienda en la huelga general.

Partido Popular

El programa electoral del Partido Popular recoge 14 medidas específicas en materia de vivienda. Su principal promesa es la construcción de un millón de viviendas esta legislatura. En el ámbito urbanístico, el PP se compromete a movilizar suelo público y privado con la aprobación de una nueva Ley del Suelo que agilice el planeamiento y "refuerce la seguridad jurídica".

Propone publicar todas las parcelas públicas destinadas a vivienda, permitir la construcción de vivienda social en suelo dotacional y transformar oficinas y locales comerciales en viviendas asequibles mediante cambios de uso. También plantea facilitar la segregación de viviendas grandes para obtener nuevas unidades residenciales y resolver las licencias de obra nueva y rehabilitación en un máximo de tres meses, con silencio administrativo positivo.

Para acelerar los desarrollos residenciales, los populares quieren crear una figura de proyectos estratégicos que unifique y reduzca los trámites de planeamiento, gestión y ejecución de grandes promociones y permita tramitar en paralelo las distintas fases. El programa también apuesta por impulsar la construcción industrializada, eliminando barreras normativas y financieras y formar e incorporar nuevos profesionales al sector para paliar la falta de mano de obra.

El PP propone movilizar financiación del ICO, el Banco Europeo de Inversiones y los fondos europeos para desarrollar suelo, urbanizarlo y construir vivienda asequible. También plantea vincular las mejoras de financiación de los ayuntamientos y flexibilizar el uso de sus remanentes a objetivos de construcción de VPO.

En paralelo, contempla aplicar un IVA superreducido del 4% a la rehabilitación de vivienda habitual, acompañarlo de ayudas y avales preferentes y facilitar la intervención de agentes rehabilitadores. Propone flexibilizar las condiciones de edificabilidad y altura, permitir transferencias de aprovechamiento entre parcelas y autorizar nuevas plantas en edificios existentes para vivienda social.

En materia de alquiler, el PP plantea derogar la Ley estatal de Vivienda y eliminar las zonas tensionadas. Propone un sistema de incentivos fiscales bajo la fórmula ‘Tres años+’. Los arrendatarios podrán acceder a una deducción en el IRPF por el alquiler de su vivienda habitual, mientras que los propietarios particulares que renueven el contrato durante tres años adicionales y limiten la subida de la renta por debajo del IPC recibirán una deducción o un crédito fiscal.

El programa contempla reducir al 4% el IVA para los compradores menores de 40 años y acordar con las comunidades autónomas un ITP reducido para la adquisición de vivienda usada. También propone ampliar de dos a cuatro años el plazo para reinvertir el dinero obtenido por la venta de la vivienda habitual y mantener la exención en el IRPF. A estas medidas suma la ampliación de los avales públicos, que cubren hasta el 20% del valor del inmueble, a los compradores menores de 40 años, con posibilidad de extender el límite de edad hasta los 50.

El paquete se completa con la creación de la denominada ‘Hucha Hogar Joven’, una cuenta de ahorro para menores de 40 años que permitirá aportar hasta 2.000 euros anuales, con una deducción fiscal del 20% de las cantidades ingresadas y un límite acumulado de 40.000 euros. Los rendimientos estarán exentos de tributación si se destinan a la compra de la primera vivienda y el ahorro acumulado podrá servir para un aval de hasta 40.000 euros y acceder a financiación con un tipo de interés bonificado.

Por último, el PP incluye aprobar una ley que permita recuperar una vivienda ocupada en 48 horas, reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan solicitar el desalojo y eximir a los dueños del pago de suministros e impuestos mientras dure la ocupación. También plantea declarar nulo el empadronamiento de quienes ocupen ilegalmente un inmueble y endurecer las penas contra las mafias que promuevan estas prácticas.

Partido Socialista

El programa electoral del PSOE recoge 50 compromisos específicos en materia de vivienda y define esta área como “el quinto pilar del Estado del Bienestar”. Uno de los principales compromisos es movilizar al año recursos equivalentes al 1% del PIB para vivienda y aumentar el parque público y protegido hasta la media de los países del entorno.

El PSOE propone reformar la Constitución para que la vivienda sea reconocida como un derecho fundamental y destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo para adquirir vivienda protegida y asequible. También plantea desplegar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con transferencias presupuestarias a las comunidades autónomas, para que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas sean públicas o protegidas con carácter permanente.

A través de CASA 47 proponen alcanzar un parque público de 100.000 viviendas para venta o alquiler asequible. Para ello, propone movilizar suelo público —incluido el dotacional— y crear un banco estatal de suelo disponible. El partido también plantea aprobar una ley de proveedores sociales de vivienda, crear una red de entidades dedicadas a promover y gestionar alquiler asequible y establecer incentivos fiscales para quienes transmitan viviendas a estas organizaciones: las ganancias patrimoniales derivadas de esas operaciones quedarían exentas de IRPF.

Impulsar la construcción industrializada, mediante el desarrollo del PERTE específico y la financiación del ICO. El programa incluye también formación para cubrir las necesidades de mano de obra. En materia urbanística, propone aprobar una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo para agilizar y simplificar los desarrollos aunque mantiene garantías sociales y ambientales. El ICO financiaría la adquisición y urbanización de suelo para promociones asequibles y protegidas, mientras que un nuevo impuesto sobre los solares residenciales ociosos buscaría incentivar su puesta en uso.

El PSOE cifra parte de ese esfuerzo financiero en más de 25.000 millones de euros del ICO; más de 4.700 millones procedentes del Plan Social del Clima para construir o rehabilitar viviendas sostenibles, y 400 millones anuales para un Fondo de Vivienda de Impacto Social. También plantea ampliar los programas de rehabilitación integral para alcanzar otras 550.000 viviendas. A ello suma una red de alojamientos dotacionales para trabajadores desplazados y comunidad universitaria. Modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos participen en decisiones sobre los incrementos de edificabilidad de sus edificios.

En el mercado del alquiler, el programa apuesta por ampliar e la duración de los contratos y la congelación temporal de las rentas que superen los índices de referencia en las zonas tensionadas. También plantea que el Ministerio de Vivienda identifique y publique un mapa estatal de estas áreas. Para facilitar el acceso de los jóvenes al alquiler, propone crear una garantía pública mediante seguros de impago y actualizar las deducciones fiscales para los inquilinos.

En paralelo, plantea consolidar las bonificaciones a los propietarios que reduzcan las rentas y crear un sistema público de intermediación que ofrezca garantías de cobro, cobertura frente a incidencias y apoyo en la gestión, con el objetivo de incorporar viviendas vacías al mercado a precios asequibles.

Para la compra, el PSOE apuesta por dar continuidad al programa TUCASA, dotado con 10.000 millones de euros en préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la adquisición de una primera vivienda. También recoge un servicio de justicia gratuita para las víctimas, para familias residentes en zonas tensionadas y a los inquilinos de viviendas adquiridas por fondos de inversión.

El PSOE propone crear un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión que no se destinen al alquiler residencial asequible. El gravamen alcanzaría también a los inmuebles vacíos, turísticos o alquilados a precios abusivos. El documento recoge, además, limitaciones a la compra de viviendas por parte de estos fondos.

En las zonas declaradas tensionadas, plantea reforzar la financiación de los planes de actuación, aumentar las inspecciones para perseguir el fraude en los alojamientos de corta duración. También propone limitar en estas áreas la compra especulativa y la implantación de nuevos usos no residenciales. Prevé crear un registro de precios de los contratos de alquiler y otro de fondos de inversión y sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI), además de una plataforma estatal de datos y una agenda permanente de evaluación de las políticas de vivienda. 

Por último, el PSOE propone garantizar un marco estable frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y crear un mecanismo de protección ante las emergencias residenciales.

Compromís-Front Valencià

Compromís-Front Valencià plantea 19 medidas en el apartado específico de vivienda de su programa electoral, con una estrategia centrada en frenar la especulación inmobiliaria, aumentar el parque público y regular el mercado del alquiler. A ellas suma propuestas repartidas por otros capítulos, desde la fiscalidad hasta la rehabilitación urbana y el acceso de los jóvenes a una vivienda.

La coalición propone prohibir las compras por parte de sociedades especulativas y fondos buitre, impedir que eludan la restricción mediante empresas instrumentales y limitar las adquisiciones destinadas a la acumulación, tanto de personas físicas como jurídicas. También plantea vetar temporalmente las compraventas a no residentes en zonas tensionadas y crear una ley de expropiación de grandes fondos y sociedades tenedoras, empezando por los que poseen más de 1.000 viviendas y rebajando progresivamente el umbral hasta las 50.

En paralelo, defiende destinar el 1% del PIB anual a adquirir viviendas o promover vivienda protegida, mediante gestión pública o en colaboración con cooperativas y entidades no especulativas. Propone además un fondo estatal para captar 18.000 millones de euros de ahorro privado destinado a vivienda asequible, recuperar el derecho de tanteo sobre antiguas promociones protegidas y movilizar inmuebles vacíos a través de CASA 47 y las empresas públicas autonómicas, que actuarían como intermediarias y garantizarían tanto el cobro al propietario como rentas asequibles al inquilino.

En el mercado del alquiler, la coalición apuesta por promover los contratos indefinidos, con garantías para que el propietario pueda recuperar la vivienda por motivos personales o familiares. Plantea dar competencias a los ayuntamientos para declarar zonas tensionadas, crear un registro estatal obligatorio de arrendamientos que incluya los alquileres de temporada y por habitaciones, prohibir los algoritmos que coordinen o determinen los precios y reforzar las condiciones de habitabilidad de las viviendas arrendadas.

También propone abolir los privilegios fiscales de las SOCIMI y las EDAV y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, especialmente los promovidos por grandes tenedores y fondos de inversión.

A nivel fiscal plantea eximir del ITP la compra de la primera vivienda por debajo de 350.000 euros y elevar un 200% el impuesto a partir de la tercera propiedad. Añade un incremento progresivo del IBI para quienes tengan más de dos viviendas, un gravamen del 10% sobre el valor catastral de los inmuebles adicionales a partir del tercero —con excepciones para vivienda habitual, cooperativas sin ánimo de lucro y programas públicos— y una encuesta estatal para identificar las viviendas vacías y permitir a los ayuntamientos aplicar recargos.

Fuera del capítulo de vivienda, propone reducir las deducciones fiscales por alquiler cuando las rentas superen determinados umbrales, gravar en el IRPF la tenencia injustificada de viviendas vacías, aplicar un impuesto sobre el patrimonio calculado con el índice estatal de vivienda y establecer una tasa de dos euros por noche en los alojamientos turísticos.

Compromís plantea crear un fondo para la rehabilitación energética de edificios, con ayudas directas y préstamos a interés 0% del ICO para hogares vulnerables. También propone un fondo estatal de regeneración urbana para barrios degradados y garantías para evitar que la mejora expulse a sus residentes.

Plantea reformar la Ley del Suelo para impedir nuevos desarrollos residenciales que no dispongan de centro de salud, escuela, zona verde y transporte público a menos de 15 minutos. También propone crear un inventario y un banco estatal de suelo y edificios públicos en desuso para destinarlos, entre otros fines, a vivienda social, y dotar a las áreas metropolitanas de competencias en vivienda y planificación.

Para los jóvenes el programa propone reservar viviendas públicas de alquiler por debajo del precio de mercado, promover residencias asequibles para estudiantes y trabajadores jóvenes, establecer una deducción estatal en el IRPF para inquilinos con ingresos anuales de hasta 33.000 euros. También plantea impulsar fórmulas alternativas de acceso, como las cooperativas de vivienda en cesión de uso.

Vox

Vox recoge diez propuestas en el capítulo específico de vivienda de su programa, con una apuesta por aumentar la construcción, reducir la fiscalidad y favorecer el acceso de los españoles a la vivienda. El documento sitúa además el control de fronteras como punto de partida de su política residencial y vincula el acceso a las ayudas públicas al principio de prioridad nacional.

En materia de oferta, plantea reformar la Ley del Suelo para ampliar el terreno disponible, agilizar los procedimientos y eliminar trabas regulatorias, con el objetivo de incrementar la construcción. También propone aumentar la inversión pública por habitante y promover vivienda protegida mediante fórmulas de colaboración público-privada. A ello suma una reducción de los impuestos que gravan el proceso edificatorio y mejores instrumentos de financiación para promotores y constructores.

En el mercado del alquiler, defiende derogar la Ley de Vivienda para "recuperar la seguridad jurídica" y una oferta estable y asequible. Propone incentivos fiscales a los contratos de larga duración y deducciones para inquilinos españoles, además de regular la proliferación de viviendas de uso turístico y reforzar la inspección de los alojamientos ilegales.

  • Un edificio en construcción. -

La fiscalidad es otro de los ejes del capítulo. Vox plantea que la primera vivienda habitual de una familia española tenga un IVA del 0% si es de nueva construcción y una bonificación del 100% del ITP si es de segunda mano, además de recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual. Para el resto de operaciones propone una fiscalidad diferenciada: tratamiento favorable ampliar la oferta de alquiler residencial de larga duración y gravámenes más elevados para compradores de fuera de la Unión Europea y operaciones especulativas de fondos o sociedades. La recaudación se destinaría a bonificar la compra de vivienda y construir vivienda protegida.

El programa plantea desalojar las viviendas ocupadas en menos de 24 horas, ofrecer asistencia jurídica gratuita a los afectados y eximir a los propietarios del pago de impuestos y suministros mientras dure la ocupación. También propone endurecer el Código Penal y tipificar la inquiocupación como delito de estafa. En otro punto, plantea prohibir el alquiler a inmigrantes en situación irregular, exigir la acreditación de residencia legal para formalizar contratos y perseguir el fraude en el empadronamiento.

Fuera del capítulo específico, el programa extiende el principio de prioridad nacional al acceso a vivienda protegida y a las ayudas al alquiler.

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