VALÈNCIA. Celadores y auxiliares administrativos son los colectivos sanitarios más expuestos a la violencia de pacientes y familiares, seguidos de médicos y enfermeros. Así lo recoge el estudio de UGT Serveis Públics PV y la Universitat Jaume I (UJI) sobre violencia laboral externa en los servicios públicos valencianos, que identifica urgencias, atención primaria, salud mental y visitas domiciliarias como ámbitos de especial riesgo. La investigación describe un problema que afecta tanto a la seguridad de los trabajadores como a su salud y a la relación con las personas que atienden.
En el ámbito sanitario, el 77,5% de los encuestados afirma haber sufrido alguna situación de violencia externa durante los últimos diez años. El informe relaciona la conflictividad con la saturación asistencial, la presión sobre los profesionales y la normalización de comportamientos agresivos. Los pacientes y sus familiares aparecen como los principales agentes de violencia señalados por los participantes de este sector, con un 70,5% y un 64,5%, respectivamente.
El estudio combina entrevistas a 39 informantes clave con una encuesta a 279 trabajadores de sanidad, educación y ayuda a domicilio de las tres provincias. La recogida de información se desarrolló entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Como publicaba Valencia Plaza, en el conjunto de los servicios analizados, el porcentaje de encuestados que ha sufrido violencia laboral externa alcanza el 80,3%.
La violencia estudiada comprende conductas físicas, verbales y psicológicas, además de otras formas de intimidación y descrédito. El investigador Miguel Ángel Gimeno, del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la UJI, explicó que se produce "a través de un vínculo de servicio profesional", cuando pacientes, familiares u otras personas ajenas a la organización ejercen violencia sobre quienes les prestan atención.
Un estado de alerta constante
Las consecuencias se prolongan más allá del incidente. "Te crea un estado de alerta constante, aunque no sea consciente", explica una de las personas entrevistadas. La investigación describe una situación de hipervigilancia que deteriora la relación terapéutica y favorece una actitud defensiva del profesional, con efectos sobre la cercanía y la empatía en la atención.
Entre el personal sanitario encuestado, el estrés aparece como la principal consecuencia percibida, seguido del miedo, la afectación de la salud mental, la pérdida de motivación y los problemas de sueño. Los testimonios también recogen una percepción de apoyo institucional insuficiente y apuntan a que, en ocasiones, la respuesta queda limitada a la tramitación de la comunicación del accidente de trabajo.
La valoración de la prevención refleja ese malestar. Los participantes del ámbito sanitario le otorgan una nota media de 4,32 sobre 10, con valoraciones insuficientes de las medidas existentes, la gestión del riesgo, las soluciones aplicadas, el apoyo institucional y el nivel de protección. Además, el 19,7% afirma que en su centro no existen medidas preventivas específicas frente a la violencia externa.
El personal de seguridad, el control de accesos y los pulsadores de alarma figuran entre las herramientas que los encuestados consideran más importantes. Su valoración pone el foco en la posibilidad de pedir ayuda y disponer de una respuesta inmediata ante una situación de riesgo.
Las barreras para denunciar
El informe también recoge dificultades que impiden que todos los episodios violentos afloren y queden registrados. Entre ellas aparece el temor a facilitar datos personales y a que el agresor pueda conocer el domicilio del trabajador. Esta preocupación se señala en casos como los conductores de ambulancias, que no están colegiados, frente a profesionales como médicos y enfermeros, que cuentan con un número de colegiación.
"Yo denuncio. ¿Pero con qué datos? Con los míos personales. No, perdona, yo tengo que denunciar y decirle al que encima que me ha pegado dónde vivo", expresa una de las personas entrevistadas. El testimonio refleja una percepción recogida en la parte cualitativa del estudio, sin que se cuantifique cuántos profesionales comparten ese temor ni implique que toda denuncia obligue a revelar el domicilio particular.
Los investigadores identifican el miedo a facilitar datos personales como una "barrera estructural" para conocer de forma fidedigna los episodios violentos y perseguirlos eficazmente. Ante este problema, la secretaria general de UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner, planteó durante la presentación que "se trabaje con códigos en vez de nombres en las denuncias". La propuesta forma parte de las medidas que el sindicato trasladará a las consellerias responsables de los servicios analizados.
Refuerzo de plantillas y atención en pareja
Entre las medidas que propondrán al departamento de Marciano Gómez, UGT plantea reforzar las plantillas en salud mental, atención primaria y urgencias para minimizar los tiempos de espera. También propone establecer protocolos de atención en pareja, "para que no vayan solos los profesionales a atender pacientes que puedan ser más violentos", según explicó Montaner, con especial atención a las visitas domiciliarias.
Las propuestas incluyen la instalación de alarmas silenciosas, apoyo psicológico inmediato y formación obligatoria sobre violencia laboral externa. El sindicato reclama asimismo un "observatorio de agresiones con capacidad real de actuación" y encuestas bienales de percepción del riesgo que se incorporen a la planificación preventiva del sector sanitario.
"Una vez analizado el problema, no nos quedamos con esto. Queremos ofrecer soluciones y propuestas", afirmó Montaner. La dirigente sindical defendió que la violencia constituye "un problema estructural y sistémico" que debe abordarse desde la prevención y la negociación colectiva. "Esto es prevenible", insistió.
