ALICANTE .-  Un informe elaborado por varias entidades ha recogido 153 casos de vulneraciones de derechos lingüísticos de personas valencianohablantes, "con especial incidencia" de las situaciones "relacionadas con la aplicación" de la denominada ley de Libertad Educativa, ya que un 30,5 por ciento de ellas tiene origen en el ámbito educativo, seguido de la administración pública (25,3%).

Así se desprende del dictamen que Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, ACV Tirant lo Blanc, CCOO PV, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, BEA, SEPC, STEPV, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet, Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals, ACICOM, Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV) y -NOS han presentado este jueves ante el Síndic de Greuges, en la ciudad de Alicante.

Estas agrupaciones, coincidiendo con el Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià, han recalcado la "importancia" de que "se atiendan las vulneraciones" y se reivindique "la normalización del valenciano" frente a su "desaparición".

Según han resaltado, este año "la principal novedad" es "el cambio radical en la tipología de vulneraciones", ya que el primer ámbito de conflicto es el educativo, con "más de un 30% del total de vulneraciones recibidas".

Ley Rovira

Las entidades atribuyen dicho incremento a la que califican de "mal llamada" ley de Libertad Educativa, a la que también se han referido como "ley Rovira", al aplicarse desde la cartera del Consell de la que hasta hace unas horas ha sido titular José Antonio Rovira. En este sentido, creen que esta norma "ha generado problemas graves de garantía de derechos lingüísticos en este ámbito".

Además de este "aumento significativo de quejas recibidas en el ámbito educativo", han resaltado "algunos cambios en las tendencias respecto a informes de años anteriores, como que las comarcas centrales están ahora en el punto de mira".

"Hasta ahora, las comarcas del sur eran las que presentaban más vulneraciones. Sin embargo, este año, hemos observado un cambio en esta tendencia, con un incremento de las vulneraciones en las comarcas centrales. Esto pone de manifiesto que, aunque los problemas sean arraigados en todo el territorio, el alcance de la problemática se ha extendido y hay que poner más atención", ha resaltado Escola Valenciana en un comunicado.

Igualmente, ha afirmado que se ha detectado "un aumento de las vulneraciones en el sector privado" y que "este hecho puede ser indicativo de que las personas son cada vez más conscientes de sus posibilidades de denuncia y de la necesidad de defender sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos".

"A pesar de algunos cambios en las tendencias, también encontramos algunos indicadores que se mantienen: las instituciones públicas continúan siendo uno de los principales focos de vulneraciones. El cambio de gobierno con el apoyo de PP y Vox parece haber contribuido a esta situación, con más incidencias documentadas en los últimos meses. La presencia de lengua castellana en los servicios públicos y la dificultad de acceso a la información en valenciano son algunas de las problemáticas más destacadas", han apuntado.

Las entidades recuerdan que "el informe es fruto de un trabajo conjunto y ampliado, que este año incorpora mayor variedad de agentes sociales y culturales que aportan casos e información contrastada", y que "el resultado es un diagnóstico detallado" que "permite identificar patrones de vulneración, zonas especialmente afectadas y administraciones que no garantizan los derechos lingüísticos".

Recuperar la oficina de los Derechos Lingüísticos

Asimismo, las organizaciones han aprovechado la presentación para reivindicar que "la Generalitat recupere la Oficina de Derechos Lingüísticos, pero ahora con capacidad sancionadora, una demanda que ya figuraba en el informe de 2024 y que continúa pendiente". En todo caso, han explicado que "continuarán trabajando y acompañando a la ciudadanía que lo precise para hacer valer sus derechos lingüísticos".

"Reiteramos nuestro compromiso a continuar trabajando por un modelo social e institucional que respete y promueva la lengua y la cultura valenciana y esperamos que la Generalitat Valenciana tome las medidas necesarias para proteger estos derechos con la misma firmeza con que lo hace en otros ámbitos", ha manifestado Esteve Juan, miembro del equipo directivo de Escola Valenciana.