VALÈNCIA. Hace apenas un mes y medio que el valenciano Arcadi España tomó la cartera de Hacienda entregada por la hasta ese momento vicepresidenta primera del Gobierno y ministra María Jesús Montero, que abandonó el cargo para dedicarse a tiempo completo al objetivo de recuperar su comunidad autónoma para las siglas socialistas, en unas elecciones que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

En estas semanas, aunque el exconseller ha tenido algunos gestos concretos dirigidos a la Comunitat Valenciana, ha podido comprobarse que en el grueso de las cuestiones mantiene la hoja de ruta y la forma de proceder de su predecesora en el cargo.

Prueba de ello fueron las manifestaciones pronunciadas este viernes en Cáceres respecto a cuestiones como la reforma del sistema de financiación autonómica o la actualización de las entregas a cuenta, asuntos que preocupan notablemente en el territorio valenciano.

Así, Arcadi España anunció en la ciudad extremeña que el Gobierno va a iniciar una ronda de contactos con las Comunidades Autónomas (CCAA) para "cuanto antes" llevar el proyecto de ley de financiación al Congreso de los Diputados y que "sean los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra".

En este sentido, el ministro de Hacienda defendió ayer que la reforma planteada por Ejecutivo supone 21.000 millones de euros adicionales en esa propuesta de modelo de financiación autonómica. "Ninguna comunidad autónoma pierde, todas ganan, es más transparente, es más equitativo y nos hace más fuertes", subrayó España.

"Desconozco las razones por las que algunos líderes autonómicos están en contra de recibir más recursos. Yo creo que la prioridad de cualquier responsable autonómico es los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Y recibir más recursos para su estado del bienestar me parece que siempre es una buena noticia", recalcó el ministro, unos argumentos prácticamente calcado al que esgrimía Montero durante los últimos meses y que pasan por alto el detalle de que la reforma propuesta beneficia de manera notable e inexplicable a Cataluña por encima del resto de CCAA.

La cuestión es que, precisamente, la ya exministra, se encargó en su día —concretamente en enero— de anunciar que se iniciaría una ronda de consultas bilaterales con las CCAA para discutir sobre el modelo y escuchar —¿aceptar?— propuestas de los ejecutivos regionales sobre el proyecto pactado con ERC y presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que cabe recordar, no agradó a la gran mayoría de autonomías, incluidas algunas gobernadas por los socialistas como Castilla-La Mancha o Asturias.

Más aún, tal y como informó este diario, esta ronda de contactos sobre el modelo de financiación proclamada por Montero no se había concretado en los meses posteriores al anuncio. De hecho, las propias palabras del ministro España refrendan que no se ha avanzado ni un paso en estos cinco meses respecto a ese diálogo con las autonomías, lo que continúa dejando en el limbo la fecha de llegada de la nueva propuesta a la Cámara Baja, donde, además, se antoja difícil que el Gobierno de Pedro Sánchez logre una mayoría suficiente para su aprobación.

Misma estrategia que Montero con las entregas a cuenta

La misma línea que Montero utilizaba con las entregas a cuenta es la que está empleando el ministro España pese a que, también en este caso concreto, la Comunitat Valenciana sea una de las más afectadas debido a su infrafinanciación crónica.

En tres años ha aumentado notablemente la recaudación de IVA, IRPF e impuestos especiales y han aumentado los gastos de las comunidades, pero el Gobierno retiene ese incremento de la recaudación que debería transferir, según establece la ley de financiación de las CCAA (Lofca).

 

En estos momentos se están pagando las cantidades mensuales que se pagaban en 2023, sin actualizar, debido a que la actualización se aprueba junto a los Presupuestos Generales del Estado y el Gobierno no ha presentado proyecto de Presupuestos desde ese año. En su defecto, se deberían aprobar mediante un real decreto-ley.

Tal y como informó este diario, en la Comunitat Valenciana, la merma en abril respecto al dinero que el Ministerio de Hacienda debería haber transferido es de 163,5 millones de euros. Es muy superior al de enero febrero y marzo, cuando en total fueron 260 millones menos. En definitiva, 423,5 millones menos en cuatro meses.

El recorte continuará en los próximos meses mientras el Gobierno no actualice las entregas a cuenta mediante un real decreto-ley. Una vez actualizadas, las CCAA recibirán lo que les toca y los atrasos, una demora que las comunidades bien financiadas se pueden permitir pero que al Consell de Pérez Llorca le supone un problema por el déficit crónico que padece la Generalitat.

Sobre estos anticipos también fue preguntado este viernes el ministro España, en esta ocasión por las entregas a Extremadura, donde se celebraba el acto y donde su presidenta, María Guardiola, también ha protestado.

El titular de Hacienda no se apartó de la estrategia de Montero y recordó que las entregas a cuenta no están actualizados "porque el Gobierno de España presentó un real decreto-ley y el Partido Popular lo tumbó en el Congreso de los Diputados". 

Un rechazo cierto, pero que también se produjo porque las entregas a cuenta se mezclaron con otras muchas medidas —lo que se conoce como decreto ómnibus— en las que algunos partidos (PP, Vox y Junts) estaban en desacuerdo.

De esta manera, el ministro España replica el modus operandi utilizado con Montero, eso sí, con un tono generalmente menos vehemente y más dialogante.

Y lo más importante para las CCAA, después de repetir el argumentario este viernes, no aclaró si va a actualizar las entregas a cuenta en mayo o la Comunitat Valenciana recibirá de nuevo en junio 163,5 millones menos de lo que le corresponde.