ALICANTE (EFE). Un 90 por ciento de las empresas valencianas obligadas a auditar sus cuentas, y las que lo hacen de forma voluntaria, han realizado estos trámites en los plazos habituales y no se han acogido a la prórroga voluntaria propuesta tras el estado de alarma.

Así lo ha hecho público el Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana, a través de los datos del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que señala además que los auditores se han visto obligados a hacer un esfuerzo especial para analizar cómo afecta esta nueva situación a sus clientes.

El presidente del Colegio de Auditores autonómico, Rafael Nava, ha señalado en un comunicado que se han incorporando "nuevas pruebas, nuevos perfiles profesionales y revisando de arriba abajo sus procesos internos".

Las tecnologías de comunicación digital, añaden desde el colegio profesional, han permitido a los auditores cumplir adecuadamente con los requerimientos de intercambio de información y de presentación de los resultados de las auditorías a los Órganos de Administración y a los responsables del gobierno de las diferentes entidades auditadas.

Nava considera que los mercados y los usuarios van a elevar las exigencias de transparencia y de fiabilidad de la información financiera que publican las empresas, especialmente si se pretende acceder al crédito y a la financiación necesaria para mitigar el impacto y los riesgos financieros.

"Una vez más los auditores estamos preparados para dar la respuesta que la sociedad espera de nosotros, para cumplir con esos requerimientos de calidad necesaria y garantizar los atributos mencionados de transparencia y fiabilidad en la información que llegue a los mercados", concluye Nava.

En la Comunitat Valenciana se auditan 3.675 empresas, que suponen el 20,5% del tejido empresarial, el 32% de ellas voluntariamente, informa del colegio.

Actualmente, la auditoría es obligatoria en aquellos casos de empresas que cumplan dos de estos tres criterios: tener un número medio de empleados superior a 50; que el importe neto de la cifra anual de negocio sea superior a 5,7 millones de euros; o que las partidas del activo superen los 2,85 millones.