BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm se va a personar como ‘parte afectada’ en el procedimiento judicial que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) en relación a la construcción de las torres de Punta Llisera. Así se ha comunicado este martes a los grupos de la Corporación en una Junta de Portavoces, en la que se ha informado del decreto firmado por el alcalde, Toni Pérez, que será ratificado en el próximo pleno. 

Según el informe dictado por Secretaría a instancias del alcalde, en el actual momento procedimental pueden participar quienes se vean materialmente afectados por una sentencia aunque no hayan intervenido en el proceso. De ahí que se ampare la personación del Ayuntamiento como “parte afectada” por la ejecución de las resoluciones que adopte el TSJ en relación a las torres de Punta Llisera. 

En este sentido, el informe recoge que “es obvio” que la ejecución de las resoluciones judiciales en este asunto “afectan notablemente a Benidorm tanto por la envergadura de la actuación como por la ubicación de la misma, muy próxima al litoral y playas urbanas” de la ciudad. Además, se da la circunstancia de que el Ayuntamiento debería intervenir en las mismas “aunque sea a título de responsable de las autorizaciones urbanísticas y ambientales”.