BENIDORM, (EFE). El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que hacer frente, como responsable civil subsidiario, al pago de 35.192 euros ante la insolvencia de una exconcejala socialista condenada por acoso laboral.

Así se recoge en el acta de la Junta de Gobierno Local del pasado 2 de diciembre, a la que ha tenido acceso Efe, donde también se indica que el consistorio procederá legalmente contra el letrado y procurador que tenían la representación municipal en el procedimiento judicial “con el fin de depurar las responsabilidades civiles y penales por negligencia profesional”.

La exconcejala socialista Isabel Martínez fue condenada en 2016 a indemnizar con 35.610 euros a una funcionaria del ayuntamiento por un delito de acoso laboral. Sin embargo, en 2018 el juzgado dictó un auto de insolvencia de la exedil, que no fue impugnado por la corporación local.

Isabel Martínez solo abonó 418,72 euros de la cantidad total, que le fueron embargados de la prestación por jubilación que percibe mensualmente.

Como quiera que el auto de insolvencia es firme, el acta indica que “procede efectuar” por parte del ayuntamiento “el pago del resto de la indemnización”.

Sin embargo, a la vista de un informe jurídico, el consistorio también procederá contra el abogado y procurador que llevaban la representación de la administración municipal porque “no procedieron a notificar debidamente a este Ayuntamiento ninguna de las diligencias judiciales que se iban produciendo”. Un total de seis notificaciones.

El consistorio consignará el dinero en la cuenta del Juzgado de lo Penal número 2 de Benidorm “a la mayor brevedad posible, para no acrecentar tal cantidad con el coste de intereses de demora”.

Pero también actuará, como queda dicho, contra el letrado y el procurador al considerar que “su negligente y dolosa actuación ha perjudicado ostensiblemente los intereses del Ayuntamiento al privarle de reaccionar con todos los medios legales a su alcance”.