Archivan la denuncia de la oposición de Benidorm contra el contrato del agua

BENIDORM (EFE). La Fiscalía de Benidorm ha decidido archivar la denuncia presentada por cuatro grupos de la oposición del Ayuntamiento de Benidorm contra la prórroga del contrato del servicio de agua y alcantarillado a favor de Hidraqua, que fue aprobada con los votos en pleno de PP y PSPV-PSOE. La fiscal señala, en un documento al que ha tenido acceso Efe, "procedente" el archivo de las denuncias presentadas "al no concurrir elementos suficientes para considerar los hechos como constitutivos de infracción penal".

Las diligencias de investigación penal se iniciaron tras la denuncia de Ciudadanos, Liberales de Benidorm, Compromís Los Verdes y Ciudadanos por Benidorm. La fiscal indica en su escrito que tras el análisis de la denuncia aportada, los hechos denunciados "se contraen, en esencia, a la aprobación de la referida prórroga" y a que la misma "es lesiva para el interés general de la ciudad".

Los grupos políticos argumentaban, además, un informe de Intervención que sostenía que la prórroga era en realidad una novación del contrato y que no podía eludirse la convocatoria de un concurso público.

Para el esclarecimiento de los hechos, se requirió al concejal de Aguas para que informase sobre los extremos contenidos en la denuncia y una vez recibidos los informes "se entiende que los hechos denunciados no integran el tipo penal de prevaricación del artículo 404 del Código Penal".

Advierte, además, de que el control de la legalidad de las actuaciones administrativas "está atribuido a los tribunales de lo contencioso administrativo" y recuerda que la intervención penal "sólo se justifica cuando concurra un plus de contradicción con la norma.

En ese supuesto, insiste la fiscal, lo que se debería castigar no es la mera ilegalidad "sino la arbitrariedad o el capricho en el dictado de las resoluciones", es decir, a lo que llegaría el funcionario "abusando de la situación de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública".

El escrito concluye recordando que en el caso analizado la prevaricación "no se da por el simple hecho de que se hayan vulnerado las formalidades legales, ya que estos defectos pueden y deben quedar corregidos en la vía administrativa".