ALTEA. El pleno del Ayuntamiento de Altea ha aprobado iniciar el procedimiento para la revisión de oficio del expediente de la concesión para la gestión de la zona azul, la grúa y el depósito. El objetivo del gobierno local es que se pueda liquidar el contrato antes de que termine, es decir, antes de 2060. Para ello, han decidido también suspender el abono de los gastos por grúa y depósito de vehículo que paga el municipio a la empresa. La moción ha sido aprobada por todos los partidos políticos salvo el PP, que se ha abstenido.
Como ha contado este diario de largo, no es la primera vez que el Consistorio se pronuncia sobre este asunto. En los últimos años han denunciado públicamente las supuestas irregularidades que soporta el contrato desde su firma. Por un lado, achacan a la mercantil deficiencias debido a la posible falta de inversión en la construcción de los parkings públicos que se establecieron en su momento, argumentando que después de 22 años solo ha construido uno de los cinco. Con la particularidad de que no pagan canon de la zona azul a cambio de estas obras planteadas. Por otro, remarcan un convenio de colaboración por el que la misma también se encarga del servicio de la grúa y que ahora tratan de anular.
Con todo, este jueves el concejal de Infraestructuras, Diego Zaragozí, elevaba a pleno una moción para reanudar la revisión de oficio y poner en manos de la Fiscalía el expediente con el fin de depurar responsabilidades. Todo ello teniendo en cuenta que declaraban la culpa de las dos partes.
Todos los partidos mostraron estar de acuerdo con la propuesta salvo uno: el PP. Que es el partido que gobernaba cuando se adjudicó el contrato en el año 2.000. Aunque la portavoz de los populares es Rocío Gómez, candidata a la alcaldía, el defensor de la postura del grupo municipal fue Pedro Barber. La intervención se centró en la incongruencia que tenía para ellos presentar el expediente en Fiscalía. "Creo que los 20 concejales que estamos aquí reunidos estamos para defender los intereses del ayuntamiento", comenzó diciendo. El edil no negó el desequilibrio económico "a favor de la empresa y en contra de los intereses del Ayuntamiento". Se apoya en los datos de la aplicación del contrato, reseñando que en 2019, la empresa obtuvo 370.000 euros en beneficios antes de impuestos, sobre unos ingresos de 630.000 euros, por lo que, destacó, "tienen un margen de beneficio del 60%".
Discrepancias
Pero esto no es suficiente para apoyar la moción, y siguen en la inercia marcada hasta ahora votando abstención en los asuntos relacionados con al revisión de oficio, punto este último del que difieren con el gobierno de izquierdas. Así, mencionó que había dos opciones, reinterpretar el acuerdo de adjudicación, el contrato y el convenio para restablecer el equilibrio económico en favor del Ayuntamiento y cumplir "más adecuadamente" con el interés público en el momento de adjudicar el contrato. Posibilidad que apoyaban. O la revisión de oficio, que es la que se ha escogido.