ALICANTE. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante también trata de plantear soluciones al problema de acceso a la vivienda con el registro de una propuesta de declaración institucional que se debatirá en el próximo pleno ordinario del día 29. La iniciativa, a cargo del concejal Óscar Castillo, plantea diez propuestas dirigidas a afrontar las dificultades de acceso a la vivienda que sufren numerosos jóvenes, trabajadores y familias alicantinas, según concretan fuentes del partido.
La iniciativa parte de la "preocupación del grupo municipal por una situación que, según denuncia, está condicionando los proyectos personales y familiares de muchos ciudadanos, especialmente de aquellos que, pese a contar con un empleo, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler", según las mismas fuentes. "Estamos llegando a un punto en el que tener un trabajo y un sueldo ya no garantiza poder acceder a una vivienda. Hay jóvenes que no pueden independizarse, parejas que retrasan sus proyectos familiares y trabajadores que ven cómo comprar una casa se convierte en algo prácticamente inalcanzable. Es una situación que debería preocuparnos a todos, porque estamos hablando del futuro de Alicante", ha señalado Castillo.
Vox considera que "el problema exige una respuesta coordinada de las distintas administraciones y cuestionan las políticas de vivienda desarrolladas por el Gobierno de Pedro Sánchez, al entender que no han conseguido incrementar suficientemente la oferta de viviendas asequibles". "Llevamos años escuchando anuncios, promesas y planes de vivienda, pero la realidad es que muchas familias siguen sin encontrar una solución. Creemos que hay que facilitar la construcción, reducir la carga fiscal y eliminar obstáculos burocráticos que dificultan poner nuevas viviendas en el mercado", ha manifestado el concejal.
La declaración institucional también plantea "revisar las políticas que inciden sobre la demanda residencial, incluyendo los flujos migratorios y la adquisición de inmuebles por inversores extranjeros, así como reforzar la seguridad jurídica y la lucha contra la ocupación ilegal".
Además, Vox sostiene que, aunque buena parte de las competencias corresponden al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana, "el Ayuntamiento de Alicante dispone de instrumentos urbanísticos y administrativos con los que contribuir a mejorar la oferta residencial". En este sentido, Vox reclama "mayor agilidad en la tramitación de licencias, una planificación efectiva del suelo disponible y compromisos concretos para impulsar vivienda protegida y asequible".
"No podemos limitarnos a reclamar soluciones a Madrid. El Ayuntamiento también tiene que hacer su parte. Los alicantinos necesitan conocer qué actuaciones se van a desarrollar, qué viviendas se van a promover y cuáles son los plazos previstos. La vivienda requiere planificación, coordinación y resultados", ha afirmado Castillo.
La iniciativa también recoge la necesidad de reforzar la transparencia y "los mecanismos de control sobre las promociones de vivienda protegida desarrolladas en suelo público municipal, una cuestión que ha adquirido especial relevancia en Alicante a raíz de las controversias relacionadas con Les Naus", apunta el comunicado.
Diez propuestas
Entre las medidas recogidas en la declaración institucional figuran la reducción de impuestos vinculados a la adquisición de la primera vivienda, la movilización de suelo, la simplificación de los procedimientos urbanísticos, el incremento de la vivienda protegida, el impulso de fórmulas de acceso como el alquiler con opción de compra y el refuerzo de las garantías jurídicas.
La propuesta incluye también solicitudes de reformas legislativas en materia de acceso a ayudas públicas, inmigración, inversión inmobiliaria extranjera y ocupación ilegal, dirigidas a las administraciones competentes.
Para Vox, el debate sobre la vivienda debe traducirse en "compromisos concretos, con medidas que puedan evaluarse y plazos que permitan comprobar sus resultados". "Una ciudad que no ofrece a sus jóvenes la posibilidad de quedarse, independizarse y formar una familia tiene un problema que va mucho más allá del mercado inmobiliario. Estamos hablando del futuro de nuestros barrios, de nuestras familias y de las próximas generaciones. Por eso creemos que esta cuestión merece la máxima atención de todas las administraciones", ha concluido Castillo.
