ALICANTE. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante persiste en la labor de fiscalización respecto a la gestión y comercialización de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la Cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado entre 2018 y 2022. Cuando menos, sus representantes aseguran que seguirán reclamando la entrega de documentación a través de la comisión de investigación constituida en les Corts que, de algún modo, consideran vinculada al proceso de la promoción, y que no se les habría facilitado tras solicitarla a través de la comisión municipal. Se trata, en concreto, de los correos o comunicaciones que pudiesen haberse cruzado el exconcejal de Hacienda y Patrimonio, Toni Gallego, con representantes de la cooperativa, y con la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez.
Fuentes de Vox han incidido este miércoles en que solicitarán que se facilite esas comunicaciones a través de sus representantes en el parlamento autonómico, después de que un informe evacuado por el secretario general haya descartado su puesta a disposición al considerar que esos correos no forman parte del expediente administrativo relacionado con las VPP de Les Naus y que, en el caso de existir esos correos, estarían protegidos por el derecho a la privacidad de las comunicaciones, sin que la comisión municipal -que no es una comisión de investigación al uso- tuviese competencias para poder sortear esa protección.
Sea como fuere, portavoces de Vox consideran "inadmisible que una comisión creada precisamente para esclarecer lo sucedido con las viviendas protegidas de Les Naus termine encontrándose, una vez más, con obstáculos para conocer toda la información". "En el mes de julio solicitamos los correos electrónicos y comunicaciones mantenidas entre responsables políticos, funcionarios y distintas concejalías en relación con esta promoción. Ahora se nos comunica que esos correos no forman parte de los expedientes administrativos y que, al no encontrarnos ante una comisión de investigación en sentido estricto, no procede facilitarlos", prosiguen las mismas fuentes.
"Respetamos las funciones y competencias de la Secretaría General del Pleno, pero Vox no comparte que una interpretación restrictiva de las facultades de esta comisión pueda terminar convirtiéndola en un órgano incapaz de esclarecer lo sucedido. Estamos hablando de viviendas protegidas construidas sobre suelo que fue patrimonio municipal. Estamos hablando de decisiones adoptadas desde distintas áreas del Ayuntamiento y de unos hechos que continúan siendo objeto de investigación judicial. Ante una situación así, la transparencia no puede limitarse exclusivamente a aquello que ya forma parte formalmente de un expediente si existen otras comunicaciones que pueden contribuir a reconstruir cómo se tomaron determinadas decisiones", argumentan.
En esta línea, apuntan que "resulta especialmente difícil de justificar que hayamos tenido una comisión marcada por las ausencias de numerosos comparecientes y que, cuando Vox intenta obtener documentación para conocer qué ocurrió, tampoco pueda acceder a ella. Una comisión de fiscalización no puede convertirse en una sucesión de sillas vacías y documentación inaccesible. Si no podemos escuchar a quienes participaron en determinados procedimientos y tampoco podemos conocer determinadas comunicaciones relacionadas con ellos, habrá que preguntarse qué capacidad real se nos está dejando para fiscalizar", prosiguen.
Transparencia y conclusiones
En todo caso, los voxistas -los únicos representantes de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición que todavía continúan asistiendo a las sesiones de la comisión- advierten de que no van a renunciar a conocer esos correos. "Si la vía municipal no permite acceder a esa documentación, solicitaremos que se utilicen las vías institucionales disponibles en Les Corts Valencianes para tratar de obtenerla y conocer su contenido". "No prejuzgamos lo que puedan contener esos correos. Precisamente por eso queremos conocerlos. Si no existe nada relevante, su conocimiento contribuirá a despejar dudas. Y si existe información relevante para esclarecer lo ocurrido, los alicantinos tienen derecho a conocerla", sostienen. "La transparencia no puede depender de dónde esté archivado un documento. Cuando hablamos de vivienda protegida, suelo municipal y decisiones adoptadas desde la Administración, Vox va a llegar hasta donde permitan la ley y las instituciones para conocer la verdad", aseguran.
La labor de fiscalización de la comisión municipal sobre las VPP debe concluir el próximo día 21, cuando se acordó que se aportarían los informes de conclusiones por parte del conjunto de formaciones políticas. PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem decidieron no seguir acudiendo a sus sesiones después de que el alcalde, Luis Barcala, siguiese la estela de otros representantes del equipo de gobierno, de funcionarios y de exconcejales del extinto tripartito y se acogiese a su derecho a no comparecer para responder a las preguntas que pudiesen formularle. Con todo, sí está previsto que presenten sus propios escritos de conclusiones, según fuentes consultadas.
