ALICANTE. Vox rompe su silencio (al menos parcialmente) respecto a la controversia desatada en torno a las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2021. Lo hace con el registro de una iniciativa política para su debate en el pleno ordinario de febrero, el próximo día 26, con la que redobla la presión sobre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), en la que sugiere que el ayuntamiento amplíe sus mecanismos de control entre el personal municipal para evitar un uso indebido de información privilegiada con el propósito de obtener un "beneficio ilícito". Esa iniciativa se conoce más de una semana después de que la portavoz municipal de los voxistas, Carmen Robledillo, se sumase a los tres grupos del eje progresista que también ejercen funciones de oposición en la corporación municipal, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, para instar al alcalde, el popular Luis Barcala, a presentar su dimisión por la quiebra de confianza que, a su juicio, se habría producido en la gestión de ese suelo y en el control de las viviendas construidas sobre él.

Esa exigencia sobre la renuncia del alcalde dio paso, después, a distintos planteamientos por parte de los tres grupos del eje progresista, entre los que ha figurado la posibilidad de explorar opciones para presentar una moción de censura, así como el registro de una declaración institucional -que también se debatirá en el pleno de este mes- en la que se trata de reprobar al primer edil en relación a la misma controversia, al tiempo que se reitera la petición de su abandono del cargo. Lo cierto es que para que esa batería de iniciativas llegue a prosperar, resulta imprescindible el respaldo de los cuatro ediles de Vox, que, no obstante han optado por no pronunciarse sobre ninguna de esas propuestas, a la espera de recabar instrucciones por parte de sus cuadros directivos nacionales. Y ahora, plantea otra iniciativa propia con un listado de "medidas tendentes a evitar posibles casos de fraude y obtención de beneficios con cargo al puesto como el ocurrido, presuntamente, en las adjudicaciones de las viviendas de protección pública del Residencial Les Naus, en la que varios funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalidad Valenciana están bajo sospecha por haber obtenido una casa en dicha finca, además de haber provocado la dimisión de la ya exconcejal de urbanismo, Rocío Gómez y la exdirectora general de recursos humanos y contratación, María Pérez-Hickman", según explica el edil Óscar Castillo al dar a conocer la propuesta.

Dentro del catálogo de medidas propuestas, según Vox, figura "la realización por parte del equipo de gobierno municipal de un mapa de puestos sensibles expuestos al uso de información privilegiada, la creación de un protocolo municipal de identificación y gestión de los conflictos de intereses con un canal interno específico así como la aprobación de un reglamento interno para prevenir el fraude y la obtención de beneficios ilícitos". Además, se propone "elevar a las Cortes Generales la petición del impulso de las modificaciones legales necesarias para establecer la obligación a funcionarios y personal laboral de comunicar cualquier obtención de beneficios públicos así como la declaración responsable de la información acerca de la participación en sociedades que contraten con la administración pública".

Acuerdo sobre competencias municipales

"Lo que ha ocurrido con la adjudicación de las viviendas de protección pública ha sido de vergüenza nacional y ha hecho extender la sombra de la sospecha no solo en este asunto sino al resto de adjudicaciones de vivienda en toda España, lo que podemos hacer extensivo a los miles de millones de euros en ayudas públicas que las instituciones dan cada año. Es evidente que no solo falla el sistema de obtención de ayudas públicas sino también su control. Desconocemos cual es el peso de beneficios públicos que acaban en manos indebidas porque, o salta el escándalo, o nadie se da cuenta de nada. El sistema está podrido y hay que reiniciarlo y, por ello, exigimos que se aumenten todos los controles en esta materia como sea posible", ha argumentado Castillo, a través de un comunicado.

"Sabemos que la competencia para imponer controles a funcionarios y personal laboral que trabajan día a día en procedimientos sensibles de obtención de ayudas o viviendas públicas es nacional, por lo que solicitamos que se aborde la modificación necesaria en este sentido en las leyes, incluyendo la Ley Orgánica de incompatibilidades del personal de las administraciones públicas. Lo que sí podemos hacer, desde nuestro ayuntamiento, es clasificar y calificar los cargos más expuestos para poder prevenir de una manera más eficaz que un caso como el de las viviendas de la Playa de San Juan, se vuelva a repetir. Nos debemos a los ciudadanos y debemos trabajar para que los alicantinos, al menos, puedan estar seguros de que nadie se adjudica el dinero de sus impuestos de manera indebida. Esta es una medida de sentido común y esperamos que el resto de partidos se sumen a nuestra petición", ha concluido.