Vox insta al PP a explicar quién sabía que la exedil imputada compró una VPP pero no apunta a Barcala

Alicante

Los 'voxistas' emplazan al equipo de gobierno a aclarar quién conocía que Gómez era una de las cooperativistas de Les Naus tras las manifestaciones del exconcejal de Hacienda en la comisión de investigación de Les Corts. Insisten en que se depuren responsabilidades políticas, al margen de lo que se pueda concluir en las diligencias penales.

  • Los cuatro ediles de Vox en Alicante: Utrera, Ortolá, Robledillo y Castillo.
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ALICANTE. La comparecencia del exconcejal de Hacienda y Patrimonio por el Partido Popular (PP), Toni Gallego, en la comisión de investigación constituida en Les Corts sobre las viviendas de protección pública (VPP) en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 añade más presión política sobre el equipo de gobierno. Esta vez, a partir de la posición manifestada por el grupo municipal de Vox, después de que Gallego manifestase que él supo en julio de 2024 que la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, era una de las cooperativistas que había comprado vivienda en el residencial de Les Naus, porque ella mismo se lo dijo antes de que comenzase el pleno ordinario de ese mes, al pedirle que contestase él una pregunta plenaria registrada por Compromís relacionada con la clasificación de los pisos de esa promoción.

Entonces, según manifestó Gallego este jueves, no llegó a comentar la conversación mantenida con Gómez (una de las quince imputadas en las diligencias seguidas respecto a las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y venta de las VPP) con el alcalde, aunque dijo que se podía "intuir" que sabía algo al respecto, puesto que le cedió el turno de palabra para que fuese él quien interviniese en el pleno para contestar a esa pregunta, a pesar de que no era lo que estaba previsto inicialmente.

En esta línea, fuentes de Vox han instado al equipo de gobierno a ofrecer explicaciones respecto las revelaciones de Gallego y ha reclamado que se depuren responsabilidades políticas, aunque sin llegar a apuntar directamente al alcalde, el popular Luis Barcala, ni exigir su dimisión, como sí llegó a hacer tras su comparecencia en el pleno extraordinario forzado por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem el pasado febrero, días después de que trascendiese la polémica. Así, a través de declaraciones remitidas a los medios de comunicación, fuentes de Vox señalan que "el hecho de que la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, cinco minutos antes del pleno de julio del 2024 le pidiera al señor Gallego que respondiera a la pregunta relativa a la promoción de Les Naus porque ella no podía hacerlo al ser adjudicataria de una vivienda en Les Naus ponen de manifiesto un hecho de enorme relevancia política". En concreto, los representantes de Vox -que hasta ahora ha venido ejerciendo como principal aliado político de los populares para secundar las votaciones más complejas- estiman que debe dilucidarse "quién más" conocía esa circunstancia. 

Cambio de competencias sobre Patrimonio

Al tiempo, Vos insiste en que "es cuanto menos curioso que solo unos días antes de la celebración del pleno de julio de 2024 se produjera un cambio de competencias en Patrimonio" con el traspaso a Gallego de esa delegación que hasta entonces quedaba en manos de Gómez. "Si la versión dada por el señor Gallego es cierta, resulta evidente que Rocío Gómez era plenamente consciente de que su condición de adjudicataria comprometía, al menos desde el punto de vista político y ético, su intervención pública sobre ese expediente, y como consecuencia de ello el alcalde tiene que dar las oportunas explicaciones, porque conforme han transcurrido las comparecencias surgen más dudas con respecto a este asunto", añaden portavoces de Vox.

"Desde Vox exigimos que se esclarezca qué cargos públicos participaron en la gestión de la promoción de Les Naus, quién tomó cada decisión y por qué se actuó de esa manera. La confianza en las instituciones exige ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas", añaden las mismas fuentes. "La depuración de responsabilidades penales corresponde exclusivamente a los tribunales. Las responsabilidades políticas, en cambio, deben exigirse en el ámbito institucional, porque los alicantinos tienen derecho a saber si quienes ocupaban cargos públicos actuaron con la imparcialidad y la diligencia que su función exigía", apostillan, sin llegar a señalar de forma directa a ningún representante del equipo de gobierno, como sí lo hicieron este mismo jueves los portavoces municipales de PSOE y Compromís, Ana Barceló y Rafa Mas, hasta el punto de volver a exigir la dimisión de Barcala. De hecho, las tres fuerzas del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) han convocado este viernes una comparecencia pública para dar a conocer las iniciativas que pretenden promover a la vista de la comparecencia de Gallego en Les Corts.

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