ALICANTE. Nueva reivindicación de infraestructuras sociales en Alicante. En este caso, de un equipamiento que permita acoger dependencias como un centro de día y un centro comunitario para los residentes de Benalúa, reivindicado por los vecinos del barrio desde hace más de veinte años. En concreto, la Federación de Asociaciones Vecinales del Sur de Alicante ha elevado requerimientos formales tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana en el que emplaza a destinar el edificio del actual Palacio de Justicia a ese fin público en el momento en el que se produzca el traslado de los juzgados hasta el nuevo complejo judicial que se construye sobre el solar del antiguo cuartel de San Fernando, justo en el extremo opuesto de la avenida de Aguilera.
En esta línea, el colectivo de residentes sostiene que la posible clausura del Palacio de Justicia actual una vez consumado ese traslado de los órganos judiciales podría suponer una "amenaza patrimonial", con riesgo de deterioro o de ocupación ilegal, si no se le procura un uso alternativo. Así, apuntan que "los cálculos de espacio ratifican que los 47.000 m² del nuevo edificio judicial concentrarán con holgura todas las sedes actuales (que rondan conjuntamente los 30.000 m²), permitiendo desocupar al 100%" del Palacio de Justicia actual.
Así, la federación sostiene que su desalojo constituye una oportunidad para que pueda destinarse a ese nuevo uso dotacional con el fin de evitar su "ruina". "Alicante ya ha pagado en demasiadas ocasiones el precio de tapiar edificios históricos: la humedad, el vandalismo y la falta de climatización destruyen en meses lo que se mantuvo en pie durante un siglo. No podemos permitir que la antigua prisión se convierta en un cascarón vacío e insalubre en medio del barrio, como ya ocurre con el edificio del antiguo Asilo de Benalúa", remarca la entidad vecinal en sus escritos.
Por este motivo, la federación reclama que la entrega de llaves del nuevo Palacio de Justicia vaya acompañada de la adscripción inmediata del antiguo edificio para resolver el crónico déficit asistencial de la zona sur, "dado que esta necesidad es una obligación legal de las administraciones de dotar de servicios para personas dependientes (mayores, discapacidad, daño cerebral adquirido...).
Así, se ha dirigido a la Conselleria de Justicia para reclamar que se garantice la conservación estructural del edificio del Palacio de Justicia, y que se tramite la cesión a la Conselleria de Servicios Sociales para habilitar un centro de día de gestión pública que atienda a las personas mayores y dependientes del distrito. Y también ha registrado un segundo escrito dirigido al Ayuntamiento de Alicante para que exija formalmente a la Generalitat "que no abandone el inmueble" y que sea la administración local la que asuma "la parte correspondiente para abrir el demandado Centro Social de Benalúa, dotándolo de espacios vecinales, culturales y de dinamización juvenil".
La federación sostiene que "la conservación del patrimonio alicantino exige dotarlo de vida social activa, instando a ambas administraciones a coordinar un calendario de obras de reconversión que enlace de forma directa con la salida de los juzgados". Y añade que "se da la circunstancia de que en la misma zona, el antiguo asilo de Benalúa está sufriendo exactamente el proceso de degradación que se intenta evitar con esta denuncia, siendo además otro de los inmuebles reclamados por las asociaciones vecinales de la zona para dotar de esos usos sociales tan necesarios en la ciudad de Alicante".
En este sentido, la federación subraya que se ha planteado al Ayuntamiento de Alicante que promueva su compra al actual propietario, el Obispado de Orihuela-Alicante, se ha declinado "realizar ninguna oferta de adquisición por considerar que ya existe un proyecto de uso para dicho inmueble por el actual propietario, y que no puede desvelar, lo cual, a juzgar por el aspecto cada vez más ruinoso del edificio, y la falta de noticias al respecto, no parece que vaya a ser una realidad a corto plazo, ni pensamos que sea un argumento de peso para tratar de optar a recuperar este edificio histórico y protegido", apostilla el colectivo.
