SOS municipal: los ayuntamientos exigen reformas legales para agilizar la gestión y más financiación

ALICANTE. La administración local lanza un grito de auxilio para dar solución a parte de los problemas que más afectan a la ciudadanía: el desarrollo urbanístico (con la posibilidad de incorporar la construcción de vivienda), la organización de la movilidad, introduciendo medidas hacia la sostenibilidad; y la prestación de servicios públicos como la limpieza viaria o la gestión de residuos, bien de manera directa o a través de contratas externas. Sus dirigentes ya cuentan con un diagnóstico compartido y también con una receta común. Se necesita una reforma legislativa urgente que elimine burocracia y agilice la toma de decisiones a la hora de gestionar; que se homogenicen criterios en la aplicación de las normas para facilitar su cumplimiento, sin quedar sujetos a variaciones a partir de la aplicación particular que pueda hacer cada técnico (habilitados nacionales como secretarios e interventores); y que se asignen más recursos económicos vía transferencias estatales, por ejemplo, para procurar la asistencia que requieren sus residentes oficiales... y la población desplazada por trabajo o turismo.

Así se puso de manifiesto este martes en el foro de debate organizado por Alicante Plaza en el Hotel Amérigo bajo el título "Los retos de los municipios del futuro". El coloquio, moderado por el director del diario, Miquel González, contó con la participación de los alcaldes de poblaciones de dimensiones y censos diferentes: Luis Barcala (PP), como máxima autoridad de la capital, además de presidente de la comisión de las relaciones internacionales de la FEMP; Pepe Vegara (PP), primer edil de Orihuela; Irene Navarro (PSOE), alcaldesa de Petrer; Diego Zaragozí (Compromís), de Altea; y Vicent Arques (PSOE), alcalde de l'Alfàs del Pi [también estaba prevista la participación de los alcaldes de La Nucía, Bernabé Cano, y de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román, que excusaron su ausencia por motivos de agenda de última hora]. Y, a pesar de sus diferentes afiliaciones políticas, lo cierto es que todos coincidieron en aportar las claves de las dificultades que tienen que afrontar en su día a día.

El debate, marcado por la neutralidad institucional en un contexto marcado por la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, se organizó en tres bloques distintos. Y cada munícipe formuló sus propias reflexiones y aportaciones sobre cómo lidiar con las cuestiones delimitadas en esos cuatro ámbitos, con el mensaje común de la necesidad de que se dote a los ayuntamientos de nuevas herramientas para acelerar su capacidad de respuesta frente a esos retos de presente y futuro a los que se enfrentan. 

El primero de esos bloques giró en torno a la planificación urbanístico y al modelo de ciudad deseada. En esta línea, los cinco alcaldes -que se declararon defensores acérrimos del municipalismo y del papel esencial que juegan los ayuntamientos como primera administración a la que acuden los vecinos- remarcaron las dificultades a las que se enfrenta todo ayuntamiento que pretenda promover la modificación de su planeamiento -la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)- hasta el punto de emplear cerca de 20 años para que pueda producirse la aprobación y entrada en vigor de ese nuevo documento.

En este sentido, apuntaron que resulta necesaria una simplificación normativa para corregir el exceso de legislación y de modificaciones sobrevenidas que se han introducido para tratar de subsanar y corregir vacíos o posibles fallos detectados a lo largo de los años. De otro modo, según subrayaron, resulta prácticamente imposible que cualquier municipio pueda adaptarse a los cambios sociales registrados y responder a las nuevas necesidades residenciales -y de prestación de servicios que conllevan-, ya que, cuando se consigue que ese nuevo PGOU pueda comenzar a aplicarse, la realidad de ese municipio puede haber cambiado, sin haber dado respuesta a las exigencias que ya existían durante su tramitación, ni a las nuevas demandas originadas en ese recorrido. De ahí que también se reclamase una mayor definición respecto a las llamadas competencias impropias que cada vez más quedan en manos de los ayuntamientos, y que se procurase una mayor dotación de recursos económicos que permita cubrir necesidades de personal relacionadas con las labores de planificación y con la prestación de esas nuevas competencias.

Así, lo expuso, en primer término, el alcalde de Alicante. Barcala insistió en la necesidad de contar con "un marco normativo con más precisión" también en lo que respecta al ámbito competencial. "Demasiadas veces padecemos esa delegación y la gestión de lo que llamamos competencias impropias", apuntó, por lo que consideró "razonable" que se regulasen y que se dotase a los ayuntamientos de la financiación adecuada para asumir sus funciones: las propias y las delegadas. "Es una preocupación a nivel internacional", apuntó, a partir de su experiencia en la FEMP. "Los municipios necesitamos un marco mucho más estable que regule una financiación adecuada, en el que se tengan en cuenta parámetros que no se contemplan más allá del censo", apuntó, en alusión a la población flotante que trabaja o reside ocasionalmente en grandes poblaciones y en municipios turísticos. 

"Los servicios que se financian con los impuestos de los vecinos se tienen que prestar a muchísima gente más, y existen muchas fórmulas para compensar eso", apuntó. "Somos generadores de grandes economías que, después, no tienen reflejo en la transferencia que recibimos por las aportaciones del IVA o del IRPF", insistió, para remarcar que esa necesidad se hace todavía más patente en los pequeños municipios, que disponen de presupuestos menores.  De ahí que subrayase el papel de la "colaboración y cooperación entre áreas metropolitanas y comarcas", tras poner el ejemplo de la Mancomunidad de l'Alacantí, que asume la prestación de servicios conjuntos, como el de la depuración de aguas residuales, por ejemplo.

Además, resaltó que Alicante había conseguido aprobar provisionalmente un nuevo Plan General Estructural (PGE) como primer paso para suplir al PGOU de 1987, en el que -después de varios años de intentos previos- se ha conseguido avanzar para marcar el modelo de ciudad para los próximos 20 25 años. De ese modelo, destacó que se pretende triplicar las zonas verdes; crear 4,5 millones de metros de suelo empresarial; y generar suelo para construir 43.000 viviendas "de las que hemos elevado el 40% sea vivienda asequible en todas sus modalidades". Todo, después de un largo periodo en el que se ha tenido que recurrir a modificaciones puntuales del vigente PGOU (ya van 54), y que se hayan conseguido promover algunos proyectos de iniciativa municipal para construir cerca de 70 viviendas de alquiler para jóvenes, al margen de las iniciativas enmarcadas en el Plan Vive.

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, profundizó en el desfase de la planificación urbanística al sostener que "las ciudades que se plantearon en los años 80" no tienen nada que ver con las necesidades de las ciudades actuales y subrayó la complejidad que entraña proyectar una ciudad a futuro. En este sentido, subrayó que su ayuntamiento ha optado por promover adaptaciones favoreciendo la rehabilitación de edificios o la apertura de establecimientos comerciales, proporcionando información a los interesados. "Hemos abordado la recuperación del casco histórico con ayudas directas para compra de vivienda y para la instalación de nuevos comercios. Hay que procurar facilidades para que las familias accedan a los cascos históricos y recuperarlos como espacios de encuentro", apuntó. Así, citó las experiencias de éxito de la peatonalización de varias zonas del término municipal e insistió en la urgencia de "revisar las normas que han quedado obsoletas" y de "coordinar departamentos" de distintas administraciones" para "agilizar los medios técnicos y que los procedimientos queden clarificados".

En tercer término, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, sostuvo que los ayuntamientos "no somos el hermano pequeño de ningún administración" por lo que reclamó "más atención y facilidad a la hora de gestionar la realidad de cada municipio. Sobre todo, teniendo en cuenta la particularidad y singularidad de cada población, tras aludir a la realidad diversa de Orihuela, compuesto por un núcleo urbano, la zona de Orihuela costa y otras 25 poblaciones, en su mayoría caracterizadas por emplazarse en el medio rural. "Desde los municipios lo que debemos pedir es ese cambio de legislación que facilite la gestión", de forma que se posibilite "ese tratamiento particular de cada municipio con sus características" al margen de la norma general que lo ordene todo. Vegara expuso que la normativa debería flexibilizarse para que cada ayuntmiento pudiese responder ante sus particularidades, tras sostener problemas como el generado con el desarrollo de Orihuela Costa en los años 80, que habría supuesto que se consumiese la edificabilidad contemplada para el conjunto del término municipal, sin posibilidad de que se pueda promover nuevos espacios residenciales en el resto de pedanías, con el consiguiente riesgo de despoblación, a pesar del interés de la población por asentarse en ellas.

Así, apuntó que en Orihuela se había asumido el reto de iniciar la tramitación de un nuevo PGOU, pese a que "ya nos han advrertido de que tardaremos 20 años", mientras se recurre a modificaciones puntuales de planeamiento actual para promover "actuaciones quirúrgicas" con el fin de que "las pedanías no se vacíen". En todo caso, insistió en que también "son procedimientos complejos, largos y laboriosos", por lo que reclamó que se aplique una "simplificación administrativa", al margen de reclamar -fue el primer ponente en hacerlo- que también se levantasen las restricciones para incorporar personal a las plantillas municipales que ahora quedan reguladas en las tasas de reposición.

En cuarto lugar, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, subrayó que el nuevo PGOU del municipio se acaba de aprobar ahora tras un trabajo de 19 años, por lo que coincidió en la exigencia de contar con mayor "agilidad a la hora de tramitar según que expedientes que facilite el día a día". En esta línea, insistió en que la realidad social de 1982 -la fecha del anterior PGOU- "era diferente" y exigió cambios en los procedimientos de planificación para que exista "agilidad burocrática y unas competencias definidas", sin que se desconfíe de la administración local con "medidas preventivas". Además, coincidió con Vegara en los problemas existentes para cubrir necesidades de personal. 

Y en quinto término, el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicent Arques, profundizó en las singularidades de cada municipio para exigir, también, una simplificación y una mayor flexibilidad en la regulación, que permita que los ayuntamientos se adapten a realidades como la llegada de 25.000 residentes en los meses de verano, o la visita de 6.000 cruceristas en seis horas. Por lo pronto, apuntó que en l'Alfàs del Pi se había optado por no promover una revisión del PGOU, de 1987, al estimar que su regulación era positiva para procurar la protección del territorio que se pretendía en ámbitos como Serra Gelada, a pesar de que consideró positiva la introducción de nuevas modalidades de edificios como los apartamentos turísticos, siempre que fuesen en bloque, o de que se esté facilitando la conversión de bajos comerciales en viviendas ante la necesidad de atender la demanda existente, que también ha llevado a l'Alfàs a adherirse al Plan Vive de la Generaliat. Por último, también abundó en la exigencia de una mayor financiación que permita dar cobertura a las necesidades de la población flotante que llega a doblar el censo real de municipios turísticos como el de l'Alfàs.

Los cambios en la movilidad

El segundo de los bloques de debate giró en torno a la planificación de la movilidad y a la introducción de criterios sostenibles en su organización. En este sentido, los cinco alcaldes también compartieron el carácter imprescindible de contar con un buen servicio de transporte público, aunque también subrayaron las dificultades para cubrir las demandas distintas que presenta cada municipio por su distribución geográfica, como sucedería con las pedanías dispersas de Orihuela.

Al tiempo, lamentaron la falta de infraestructuras que posibiliten una comunicación operativa entre los municipios de una misma comarca, o de su conexión con el aeropuerto de Alicante-Elche, Miguel Hernández, que, como apuntó el alcalde de Alicante, Luis Barcala, comienza a despejarse al menos con el desarrollo del proyecto de la variante de Torrellano, que permitirá la conexión ferroviaria entre Elche, el aeródromo y Alicante. Y, además, los cinco representantes municipales también coincidieron en el avance de las peatonalizaciones para mejorar la calidad de vida de las ciudades, reducir tráficos y, por tanto, emisiones contaminantes a la atmósfera, y ganar la calle para los ciudadanos.

Por partes. Arques también se refirió a la necesidad de adaptarse a la singularidad de cada término municipal y puso como ejemplo de cambio en la movilidad la peatonalización del paseo de l'Albir para eliminar barreras, de forma que se favoreciese el uso de la bicicleta en una población caracterizada por la presencia de residentes del norte de Europa en el que se trata de un medio de transporte con una notable implantación. Además, citó otras iniciativas para reducir desplazamientos en vehículo privado como la generación de aparcamientos disuasorios, tras resaltar que hace 10 años, por la particular de esa presencia de residentes extranjeros, ya se había notado la implantación de vehículos eléctricos entre particulares. En este sentido, consideró que la sostenibilidad aplicada también en la movilidad es un factor clave para que l'Alfàs acabe consolidándose "como sennior living, como municipio de atractivo turístico para personas jubiladas procedentes del norte de Europa.

Zaragozí recalcó el déficit de vías de comunicación y de sistemas de transporte capaces de conectar de forma razonable Altea y el los municipios de su área de influencia en la que se concentran cerca de 400.000 vecinos. En esta línea, lamentó la falta de frecuencias de la red de tranvía para desplazarse a Benidorm o La Vila y que el recorrido hasta Alicante se prolongue durante cerca de dos horas, sin que exista un medio de transporte público que conecte con el aeropuerto cuando la mayor parte de sus 20 millones de viajeros anuales acaban desplazándose hasta las poblaciones turísticas de la Marina Baixa. Además, apuntó que, en el caso de Altea, se tengan que atravesar los términos municipales de otras poblaciones para enlazar con la A-7 cuando se circula con un vehículo privado.

Vegara subrayó la complejidad de procurar un servicio de transporte público entre Orihuela y sus pedanías, para lo que se estaría ensayando un sistema basado en Inteligencia Artificial para definir "dónde poner el acento" y qué rutas modificar, al margen de que también se esté promoviendo la ampliación del número de licencias de taxi para reforzar las necesidades de Orihuela Costa, a pesar de que se reduzca su demanda en invierno. En todo caso, apuntó que se está optando por reducir motivos de desplazamiento con la puesta en marcha de oficinas informativas móviles en las que los residentes puedan realizar trámites con la administración (como la solicitud de permisos de quema), teniendo en cuenta la brecha digital existente entre la población del medio rural para utilizar la sede electrónica. Con todo, se felicitó de la existencia de buenas conexiones con Alicante y con el aeropuerto, tras el incremento de frecuencias de la línea regular de autobús, y del servicio ferroviario con Madrid gracias a la parada del AVE. 

Navarro puso el acento en el avance de las peatonalizaciones, tras relatar el ejemplo de la Plaza de Baix, que se ha conseguido recuperar como "espacio de vida" para las generaciones venideras en un proceso que no ha estado "exento de críticas", aunque subrayó que se trataba de un cambio necesario para mejorar la sostenibilidad. Además, también profundizó en la necesidad de racionalizar la implantación de los carriles bici para procurar que estén bien conectados y que "conduzcan a alguna parte". Y, aunque apuntó que en el caso de Petrer, no se dispone de servicio de transporte público propio, sí se ha procurado mejorar la confortabilidad de los usuarios del servicio comarcal mediante la instalación de marquesinas en sus paradas.

Por último, Barcala también sostuvo que en Alicante se trataba de primar al peatón con ejemplos como el de la avenida de la Constitución y la calle Bailén, después de recopilar datos objetivos con la contribución de la cátedra de la Universidad de Alicante (UA) para valorar su posible incidencia sobre el comercio. Y apuntó que se pretende proseguir ese camino con la futura peatonalización de la calle San Vicente. Además, remarcó que también se ha apostado por ampliar la red de carriles bici, aunque subrayó la dificultad que entraña conectar zonas que no están diseñados para su incorporación, como la avenida de Dénia o la avenida de Villajoyosa, que dificultan la conexión entre Centro y Playas. De ahí que, según dijo, se estén promoviendo alternativas para "sacar los desplazamientos de norte a sur que ahora discurren por el frente litoral" para que se deriven hacia la Gran Vía, la Vía Parque o la A-7.

Además, recalcó que también se ha potenciado la electrificación de la flota de autobuses con la nueva contrata, en el que el 50% de los vehículos son 100% eléctricos o híbridos, y reconoció que en Alicante "somos muy afortunados" respecto a otros puntos de la provincia al contar con las líneas del sistema Tram y la prolongación hacia los barrios de la zona sur que podrán desarrollars con la construcción de la Estación Central, junto a la terminal de ferrocarril de Renfe. A ello, sumó los avances en la variante de Torrellano para que pueda disponerse de una conexión por tren con el aeropuerto y destacó la revisión del sistema de rutas del servicio de transporte en autobús con la introducción de nuevas líneas circulares, como la habilitada en la zona de Playas, que da cobertura a 80.000 residentes y que facilita que puedan desplazarse hasta el Hospital de San Juan sin tener que pasar por el Centro, como sucedía antes. 

De igual modo, sostuvo que también resulta clave el desarrollo de aparcamientos disuasorios para el vehículo particular, reiteró el compromiso de articular una integración en los sistemas de pago del autobús de Elche y Alicante y se refirió a la apuesta desarrollada por la Mancomunidad de l'Alacantí para implantar una red racionalizada de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Todo, al margen de otras experiencias como la implantación del sistema de transporte a demanda con las partidas rurales, mediante la concertación de un servicio de taxi "que funciona como una especie de minibús, con sus propias paradas, y que está dando buen resultado". 

Eficiencia en la gestión de los servicios

El tercer y último gran bloque del coloquio se centró en los sistemas a abordar para mejorar la prestación de los servicios públicos que dependen de los ayuntamientos y la preferencia sobre modelos de gestión directa, a través de una empresa municipal o la concesión de contratas externalizadas en manos de empresas privadas. En este sentido, los cinco alcaldes apuntaron que cada municipio presenta particularidades concretas que definen cuál es el sistema más indicado en cada ámbito, sin que exista un único modelo óptimo para todo, en función de las experiencias implementadas en sus propias poblaciones y de la tradición o trayectoria en el funcionamiento que se haya mantenido hasta ahora. De hecho, en los cinco casos se dispondría de servicios operados a través de las tres modalidades.

En este sentido, Navarro señaló que se debe estudiar "detenidamente cada servicio, los costes que tiene y los criterios de calidad". Así, apuntó que Petrer cuenta con empresas privadas para el servicio de mantenimiento de parques y jardines y para la recogida de residuos urbanos, ya que "nos permite adaptar los pliegos y definir procesos complejos, acordar prórrogas, o solicitar mejoras en las nuevas licitaciones" como la ampliación de personal, la adquisición de nueva maquinaria o la ampliación de zonas de cobertura por el crecimiento del casco urbano. Según apuntó, ese modelo en esos servicios permite disponer de una mayor flexibilidad. Sin embargo, apuntó que "hace unos años nos planteamos crear una empresa pública para absorber servicios externalizados y hacerlos propios". "Fue complicado pero, a día de hoy, es un referente en la calidad y la variedad de servicios que se ofrecen". Se trata de Semupe, que comenzó con la limpieza de edificios municipales y ha ido ampliando sus fines para asumir el servicio de radio municipal, los controladores de acceso y acomodadores en espacios culturales, la gestión del centro de día y la oficina de turismo.

Barcala coincidió también en que, a su juicio, "no hay un criterio objetivo que me diga qué es mejor, la externalización o la gestión directa", por lo que apuntó que se debe evaluar caso por caso. Con todo, apuntó que "el mero hecho de que sea tan dificultoso adaptar la plantilla" para reforzar o paliar determinadas carencias, por problemas como la tasa de reposición, desincentiva la posibilidad de asumir la gestión de servicios de forma directa en la medida en que no resulta "ser suficientemente ágil". Así, consideró una ventaja que la externalización traslade la cuestión de la contratación de personal a la empresa concesionaria. En esta línea, apuntó que "lo que hacemos es medir muy bien qué ventajas tiene y qué inconvenientes nos ofrece la externalización" y aseguró que "para Alicante el transporte, la limpieza el tratamiento de residuos" resultaría "imposible que pudiéramos prestarlo de forma directa", aunque reconoció que en Madrid, el servicio de autobús lo presta una empresa municipal. Al respecto, señaló que depende de la experiencia implantada en los años precedentes y de los resultados que esté dando.

Con todo, apuntó que en Alicante se asume de forma directa el servicio de seguridad y el control de dependencias municipales, a través de la Policía Local o de conserjes, así como la prestación de servicios sociales, con más de 250 profesionales adscritos al ayuntamiento, "con personal de carrera o a cargo del contrato programa con Generalitat", a pesar de que algunos servicios sí estén externalizados "por su grado de especialización". De igual modo, se refirió a la colaboración establecida en la resolución de licencias con colegios profesionales, bajo la supervisión de un funcionario, como fórmula para agilizar procesos. Y citó como ejemplos la actuación del Patronato Municipal de Vivienda que promueve y rehabilita edificios municipales destinados al alquiler social, "en los que sí que controlamos la selección de las familias a las que van destinadas", dijo, al margen de otras experiencias como Mercalicante, ahora convertida en sociedad 100% pública, "que fue clave en el abastecimiento de productos durante la crisis de la covid", o Aguas de Alicante, una empresa mixta, que asume el servicio de abastecimiento y el tratamiento de aguas residuales.

Vegara habló de la experiencia que, a su juicio, no estaría dando los resultados debidos en el caso del servicio de recogida de residuos de Orihuela, de gestión municipal como decisión derivada tras el estallido del caso Brugal. En este sentido, señaló que resulta "un disparate" que se disponga de una plantilla de 170 trabajadores con una tasa de absentismo del 30% y que no pueda reponerse las bajas registradas con agilidad, con la exigencia que presenta ese servicio. De ahí que, según indicó, se esté avanzando en la constitución de una empresa municipal, SGM, para que asuma la prestación de ese servicio, además de la compra de suelos para la promoción de vivienda pública, por ejemplo. En esta línea, señaló que Orihuela ya cuenta con empresas municipales con un funcionamiento óptimo, como Ildo, que gestiona el centro especial de empleo, el servicio de estacionamiento regulado y el mantenimiento de parques y jardines; además de Orihuela cultural, que gestiona la asistencia a los teatros y espacios culturales, procurando azafatas, conserjes; así como Uryula histórica, que asume el centro de atención temprana. Además, también apuntó que en Orihuela existen otros servicios externalizados que funcionan bien, como la limpieza de edificios o el mantenimiento de la luminaria.

Zaragozí consideró recomendable recurrir a un sistema híbrido, tras sostener que en Altea se dispone de una empresa pública que asume la recogida de residuos y limpieza viaria, la limpieza edificios, la jardinería y obras de reparación, además de la gestión de la piscina pública. Con todo, apuntó que también se cuenta con concesionarios del abastecimiento y del servicio eléctrico que funcionan bien, "o la gestión del aparcamiento" que podría ser mejorable, según dijo. En cualquier caso, defendió que la solución de la empresa pública aporta mayor agilidad en cuestiones como la sustitución de personal, respecto a lo que supondría una gestión directa por parte del Ayuntamiento, sujeta a los límites de la tasa de reposición. 

Por último, Arques apuntó que a la hora de definir el modelo de gestión se debe evaluar la experiencia previa asumida en cada municipio, para señalar que no se disponía de ninguna empresa municipal y que también se acababa de externalizar la prestación del Servicio de Atención a Domicilio, aunque el ayuntamiento mantuviese su gestión administrativa. Con todo, resaltó que nunca externalizaría la gestión de la actividad cultural o el deporte, y consideró fundamental el papel de un organismo público como Suma en la gestión de los tributos municipales.