ALICANTE. El servicio de transporte público en autobús, de nuevo a debate en Alicante. El pleno de la corporación ha desestimado este jueves la propuesta conjunta registrada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem para constituir una comisión de "seguimiento de la calidad del transporte público urbano e impulso de una Entidad Metropolitana de Transporte" que se pretendía que pudiese encargarse de analizar la situación del servicio que se presta en la actualidad y de plantear mejoras en su funcionamiento, como la creación de dicho ente metropolitano encargado de coordinar el conjunto de líneas del servicio urbano y del servicio comarcal.
Así lo han defendido los representantes de los tres grupos políticos municipales a la hora de defender la iniciativa, después de que dos representantes de los trabajadores de La Alcoyana y de Masatusa hayan expuesto los problemas que, a su juicio, afectan al sistema, entre los que han enumerado la falta de mantenimiento de los vehículos, la saturación de los autobuses, o la descoordinación. Todo, en el contexto de la huelga emprendida por la plantilla de La Alcoyana, precisamente, para denunciar esa situación, después de que quedase desconvocada el pasado junio.
Ya en el debate de la iniciativa, el edil del PSOE, Raúl Ruiz, ha abundado en el relato de esas supuestas deficiencias que afectarían al servicio, como la falta de expediciones, mal estado de los autobuses o, incluso, presiones sobre los delegados sindicales. Ruiz ha apuntado que existen contradicciones entre la versión que ofrecen los trabajadores y la que mantienen las empresas concesionarias, por lo que ha considerado que el ayuntamiento dispone de medios para fiscalizar el contrato y comprobar cómo se está prestando, teniendo en cuenta "el pastizal que estamos pagando", ha argumentado. "Estamos proponiendo seis meses de seguimiento exhaustivo del servicio para saber qué está pasando", ha añadido. "Esta moción plantea comprobar el servicio urbano y emplazar a construir una coordinación metropolitana del transporte", ha enfatizado.
Por Compromís, la edil Sara Llobell, ha considerado que el servicio actual "se encuentra en una situación de emergencia" como sostienen los trabajadores y los propios datos. "El transporte público no es un negocio, es un derecho y un servicio para la gente que vivimos aquí", ha sostenido, tras asegurar que "la movilidad en la ciudad se encuentra colapsada". Así, ha subrayado que la plantilla ha denunciado la falta de hasta nueve servicios diarios en algunas fechas como el 20 de agosto o el 7 de septiembre por el estado de los vehículos, además de dar cuenta de cientos de partes de incidencias sobre su situación. "Hace falta una fiscalización real y que la empresa concesionaria cumpla el contrato", ha defendido, ante una flota que se está "envejeciendo" y aportar soluciones. De igual modo, ha abundado en la urgencia de que se constituya un ente metropolitano de transporte, "una estructura que coordine las tarifas, los horarios y que acabe con la desconexión que padecemos" entre el autobús urbano, el interurbano y el tranvía, al margen de que se recupere la gratuidad de uso para los jóvenes, según ha incidido.
Por Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha abundado en esos argumentos y ha emplazado al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a secundar la propuesta para conocer cuál es la realidad del servicio entre la que refieren los trabajadores y la que sostiene la empresa concesionaria. Además, ha planteado que también debería abordarse la gratuidad del servicio, en sintonía con las decisiones que ya se están adoptando en otras ciudades, según ha apuntado. En cualquier caso, ha sostenido que la iniciativa que se traía a debate planteaba la mejora de la inspección, al margen de promover la constitución de ese ente metropolitano responsable de la coordinación de las redes de transporte, con sus frecuencias, tarifas y trasbordos.
En el debate de la propuesta, el edil de Vox, Óscar Castillo, ha cuestionado a Copé en qué ciudad el servicio de transporte público en autobús es gratuito al dudar de ello. Y aunque ha asumido la existencia de problemas en el servicio, ha considerado que no se podía asumir el relato de la iniciativa, sino que se debía acudir a los datos objetivos de los que dispone el Ayuntamiento, en los que se reflejaría que existen más de 600.000 servicios y que habría deficiencias en un 0,3%. Así, ha sostenido que "el servicio funciona" para recordar el dato de crecimientos de usuarios, en los que se supera el millón. De igual modo, se ha referido a las encuestas de satisfacción de los usuarios, en los que se valora el servicio con una puntuación de 7,8 sobre diez. Además, ha sostenido que el número de quejas registradas por el cauce oficial por parte de los viajeros no se corresponde con las cifras facilitadas por los sindicatos. Por último, se ha referido a la rigurosidad de las certificaciones técnicas para sostener que ningún funcionario avalaría un servicio inadecuado.
Por parte del equipo de gobierno, el edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha apuntado que la moción parte de un diagnóstico que mezcla realidades distintas para construir un relato sobre una realidad "inexistente". "Alicante tiene un transporte urbano fiable y sometido a control y seguimiento permanente", ha asegurado, después de enumerar las novedades incorporadas con la puesta en marcha del nuevo contrato, operado por MIA (Grupo Vectalia). En este sentido, ha asegurado que el nuevo sistema permite tener un conocimiento directo sobre su funcionamiento y ha mantenido que todas las incidencias "están registradas". Así, ha negado que existiesen fechas en las que dejasen de prestarse nueve servicios.
"Mezclan dos administraciones y dos contratos para sembrar más caos y confusión", ha lamentado, para señalar que cada día utilizan el transporte público más de 80.000 usuarios diarios con 600.000 trayectos anuales y un 0,3% de incidencias, al margen de que se haya incrementado el número de viajeros por encima de los 24 millones de usuarios al año. Además, ha recalcado que el ayuntamiento fiscaliza el servicio continuamente, y ha vuelto a enumerar las mejoras incorporadas con la nueva contrata tras la renovación de la flota, compuesta por 103 vehículos. De igual modo, ha defendido que ya existe un acuerdo de integración tarifaria, por lo que ha considerado que "el servicio funciona y se fiscaliza".
En la réplica, Copé ha sostenido que "nadie ha hablado de caos" sino de la necesidad de revisar su prestación. "Lo que solicitamos es que se supervise y que se constituya un ente metropolitano", ha insistido, para recalcar que los sistemas de control activados "no son suficientes" a la vista de las quejas de los trabajadores, ha sostenido. En segundo término, Llobell ha insistido en que la moción trata de mejorar el servicio de autobús y que se mejore la conexión con el resto de municipios de la comarca con una entidad metropolitana, que facilitaría incrementar las subvenciones estatales. Además, ha insistido en los problemas de saturación de algunas líneas. Castillo ha emplazado a denunciar si se tiene constancia de que "se obligue a sacar a la calle autobuses con ruedas pinchadas". Y Ruiz ha reprochado a De Juan que él sí había afirmado recientemente que él estaba a favor de un ente de transporte y ha instado a no recortar líneas ni frecuencias si se tiene en cuenta que está aumentando el número de viajeros. De igual modo, ha vuelto a defender la necesidad de implantar la mejora de la coordinación entre el transporte urbano y el comarcal.
De Juan ha cerrado el debate para sostener que se aspira a mejorar, tras volver a defender que "tenemos medios suficientes" para fiscalizar el servicio. De igual modo, ha sostenido que las 1.100 incidencias dadas a conocer por los trabajadores se refieren a un cómputo global de 600.000 trayectos y ha negado que se recorten o se eliminen líneas, sino que de lo que se trata es de optimizar el contrato con los medios disponibles. Y, por último, ha defendido que ha sido el Consell actual quien ha puesto en marcha el proceso para volver a licitar el servicio de transporte público interurbano, que ahora se encuentra en su tercer periodo de prestación de emergencia, una vez vencida la duración del contrato. Así, en el momento de la votación, la iniciativa ha quedado rechazada con los 13 votos de los ediles del PP y los once votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, al margen de las abstenciones de los cuatro concejales de Vox.
De la presión turística a Les Naus
En el turno de ruegos y preguntas, el edil de Sanidad, Luis Morata, ha sostenido, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal de Vox respecto a la situación de deterioro del Tossal, que el equipo de gobierno ya actúa de forma constante para garantizar su mantenimiento, sin necesidad de un Plan de Actuación Integral.
El vicealcalde, Manuel Villar, ha asegurado que los servicios públicos funcionan ante la demanda de los visitantes que recalan en la ciudad, después de que la portavoz del PSOE, Trini Amorós, haya cuestionado sobre la existencia de recursos insuficientes y haya enumerado situaciones que podrían advertir de la existencia de indicios de saturación o de falta de cobertura de las necesidades de la ciudadanía. "No cuestionamos el crecimiento turístico, sino que no debe ser a costa del deterioro de los servicios", ha incidido. Al respecto, Villar ha abundado en que la intención del equipo de gobierno es seguir "mejorando" esos servicios. Después, ha enumerado la situación en la que se encontraban los servicios públicos cuando se produjo la llegada del PP al gobierno de la ciudad, cuando, según ha indicado, se tuvo que licitar la renovación de los servicios de transporte en autobús, la contrata de mantenimiento de zonas verdes y el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.
Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE, Ana Barceló, ha cuestionado al alcalde, Luis Barcala, qué medidas había adoptado para que se facilitase la documentación y los correos demandados por los grupos de la oposición para que se desarrollasen los trabajos de comisión de fiscalización sobre la gestión de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado entre 2018 y 2022. En esta línea, ha recordado que el primer edil se había comprometido a "llegar hasta el final", cayese quien cayese, aunque, después, declinó a comparecer ante es foro de trabajo para someterse a las preguntas que se le pudiesen formular.
La respuesta ha llegado de manos del vicealcalde, Manuel Villar -y no de Barcala- quien ha insistido en que el PP fue el primero en acudir a la Fiscalía y ha añadido que se ha aportado toda la documentación que ha estado al alcance de la comisión. "Siento y lamento que ustedes contaban con que en esa documentación iba a aparecer infinidad de irregularidades y de dudosa legalidad y se están dando cuenta de que los procedimientos han seguido la legalidad y se les ha caído los argumentos", ha sostenido. "Toda la documentación demuestra que los procedimientos se han hecho de forma legal y correcta", ha incidido, para reprochar, después, la falta de información y de transparencia que ha atribuido a su etapa como consellera de Sanidad durante la crisis de la covid. Por último, ha emplazado a "dejar las campañas de acoso" tras aludir a las críticas vertidas sobre el secretario municipal.
- La placa identificativa de un piso turístico, en Alicante. -
- Foto: RAFA MOLINA
El edil socialista Emilio Ruiz ha preguntado si el equipo de gobierno va a ejecutar las actuaciones de adecuación de las instalaciones eléctricas que necesitan los colegios públicos de la ciudad para hacer posible su climatización, después de que, el pasado 3 de septiembre, el primer edil indicase que se estaban clasificando las peticiones, cuando permanece en el gobierno desde hace ocho años. Además, ha sostenido que ya se estaba trasladando a los colegios que el ayuntamiento no iba a asumir el incremento de potencia eléctrica que resultase necesario. La contestación ha llegado por parte de la edil de Infraestructuras, Cristina García, quien ha apuntado que se están ejecutando las instalaciones que se necesitan, las que son competencia municipal. "Las inversiones las podían haber ejecutado ustedes en ocho años de gobierno de la Generalitat", ha apuntado, para instar a "dejar de mentir a las familias". Al tiempo, ha recriminado la falta de Presupuestos Generales del Estado durante casi cuatro años.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha cuestionado cuándo tiene previsto el Ayuntamiento instalar el sombraje en el acceso al ascensor del Castillo de Santa Barbara, después de señalar que la Conselleria de Cultura había desmentido que la condición de BIC fuese un impedimento para ello. La encargada de responder ha sido también García, quien ha apuntado que se está trabajando en el estudio de las mejores alternativas posibles en esa zona entre varios departamentos. Por su parte, el edil de Vox, Juan Utrera, ha preguntado cuándo se prevé iniciar el procedimiento de concesión de los puestos vacantes en los mercadillos municipales con el fin de relanzar su actividad. La edil de Comercio y Mercados, Lidia López, ha respondido que se sigue trabajando en actuaciones en los mercadillos municipales como el asfaltado de varios de ellos, y que se está trabajando en el estudio de las ubicaciones de nuevos puestos, por lo que ha sostenido que la licitación de los puestos vacantes se pondrá en marcha en cuanto se concluya esa planificación.
De igual modo, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha preguntado cuántas sanciones, clasificadas por tipología de infracción, se han impuesto por vulneración de lo dispuesto en la Ordenanza de Convivencia Cívica desde su entrada en vigor, después de que hayan proliferado las quejas por comportamientos inadecuados en zonas como el Paseo de La Explanada o que se haya desmantelado varios asentamientos alegales en distintos barrios. El edil de Seguridad, Julio Calero, ha contestado que la ordenanza se está aplicando desde 2022, aunque en los dos primeros años de aplicación, no constaba un sistema de registro para ello. Con todo, ha apuntado que de 2024 a 2026 destacan 18 denuncias frente a aparcacoches, aunque en otras ocasiones no existe la posibilidad de interponer denuncias; 13 por ruidos de vehículos; 11 por grafittis; y 10 por actos sexuales en vía pública. En todo caso, ha sostenido que la ordenanza de convivencia cívica es una norma supletoria, ya que existen conductas que se regulan y penalizan a través de lo previsto en ordenanzas como la de limpieza o la del ruido, por ejemplo. Así, ha sostenido que se aplican cerca de 50 denuncias semanales a las que se les da el tratamiento indicado, tras subrayar que la tendencia es intensificar esa labor.
Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha cuestionado sobre cuántos expedientes sancionadores se han incoado tras las inspecciones a apartamentos turísticos y el número de cierres e importe total de las multas efectivamente cobradas por la actividad ilegal de estas viviendas, tras incidir en la proliferación de este tipo de negocios. En esta línea, ha asegurado que existen 20.000 plazas legales e ilegales y ha apuntado que el PP había estimado que se podría llegar a recaudar 2,5 millones en la imposición de sanciones por actividades alegales, tras lamentar que sigan implantándose nuevos alojamientos bajo la fórmula de los apartahoteles y que no se quiera intervenir el mercado de la vivienda.
La contestación la ha proporcionado el edil de Urbanismo, Toño Peral, quien ha explicado que actualmente se han incoado 57 expedientes en este 2026, de los que 26 expedientes serían sancionadores y permanecen abiertos, en los que se plantea el restablecimiento de la legalidad y en 9 la suspensión de actividad. "Se está actuando y mucho", ha asegurado, aunque ha apuntado que "todavía no se ha cobrado ninguna multa" puesto que tiene que seguir una tramitación reglada que no baja de seis meses de duración. "Estos 4 meses muy graves darán paso a sanciones ejemplares", ha sostenido. Además, ha insistido en que antes de fin de año se aprobará la nueva regulación turística en Alicante, ahora pendiente de validación por parte de la Generalitat. Con todo, el portavoz de Compromís ha denunciado que no se le haya respondido cuántos pisos turísticos se había clausurado.
El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha cuestionado sobre la planificación municipal respecto a sus espacios museísticos, después de que se haya destinado 3,6 millones a la programación del futuro museo de Cigarreras mientras se sigue sin ejecutar la ampliación del MACA. La edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha sostenido que la creación de museos requiere de una evidente planificación y que se trata que el Museo de Cigarreras se convierta en un centro cultural de referencia, sin que se deje de atender el resto de museos de la ciudad, como el MACA, del que ha destacado que está rozando la cifra de un millón de visitantes desde que se inauguró. De igual modo, Copé ha criticado que tampoco se le haya respondido a la cuestión formulada.
Además, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha planteado una pregunta 'in voce' en la que ha cuestionado al edil de Urbanismo sobre cuántos expedientes registrados hace más de seis meses permanecían pendientes de resolución. Con todo, la respuesta ha quedado aplazada para el desarrollo del próximo pleno.
