ALICANTE. El Ejecutivo central no aporta claridad respecto a la distribución de pancartas, carteles y pasquines que proliferaron en los últimos días de marzo en distintos puntos de las ciudades de Alicante, El Campello o Mutxamel, en los que figuraban mensajes xenófobos, racistas y simbología falangista, acompañados de títulos como "Aquí un inmigrante cometió un delito", o "Frente a su invasión, remigración". Cuando menos, el Ministerio del Interior no dispondría todavía de información precisa sobre su autoría, en función de la respuesta facilitada a Sumar, que registró una pregunta parlamentaria en el Congreso, a través de su diputado por Alicante, Txema Guijarro, para conocer qué actuaciones se habían seguido para perseguir a los responsables de su difusión. 

En concreto, en esa respuesta, fechada este martes, 29 de abril, el Gobierno apunta que "las pancartas que difunden el discurso de odio" a las que se alude en la pregunta de Sumar están siendo investigadas por la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial de Alicante, "al objeto de llegar al total esclarecimiento de los hechos e identificación de sus responsables". Al margen de ello, en la misma contestación se apunta que "la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valencia trabaja desde una doble perspectiva respecto al racismo y la xenofobia" con el fin de explicar las actuaciones seguidas para evitar este tipo de acciones.

Así, se apunta que "por una parte, se incide en la prevención, implicando a los Grupos de Información de cada plantilla, que recaban información sobre los grupos de extrema derecha, sus integrantes y su actividad en eventos y redes sociales, con la finalidad de prevenir la comisión de hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana". Y se añade que, "por otra parte, se trabaja en la investigación, para poner a disposición de la justicia a los infractores penales. Paralelamente a esta actividad policial, desde los grupos de Participación Ciudadana se realizan programas formativos en centros escolares, así como contactos ciudadanos con diferentes colectivos que ayudan a detectar precozmente la presencia de cualquier fenómeno sociológico de interés para la investigación policial".

Al tiempo, el Gobierno incide en que "recientemente se ha publicado la Instrucción 6/2025, de 24 de marzo, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2025- 2028). Con dicha instrucción se pretende dar continuidad al anterior Plan, para fortalecer lo conseguido en el trato y apoyo a las víctimas de los delitos de odio e incluir nuevas medidas al objeto de avanzar significativamente en este importante ámbito".

En este sentido, la respuesta parlamentaria señala que "se continúa reforzando las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante la creación de estructuras centrales operativas especializadas en la persecución de los delitos de odio y la previsión de sistemas de coordinación de las investigaciones. Igualmente, se tiene en cuenta la mejora en la prevención y lucha contra el discurso de odio debido a la especial importancia que han adquirido las redes sociales e internet en los últimos años, así como el impacto y alcance que presenta un mensaje basado en el insulto, la incitación al odio, la humillación o amenazas sistemáticas".

Búsqueda de responsables

Con todo, la contestación no satisface las expectativas de Sumar. En esta línea, el co-coordinador autonómico de la plataforma que lidera la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, Xavier López, ha incidido este miércoles en que "no estamos satisfechos con la respuesta y vamos a seguir exigiendo a la Delegación del Gobierno celeridad en las actuaciones contra las acciones que difunden odio. Hemos visto como en los últimos años en el conjunto del País Valenciano se ha incrementado el número de episodios violentos contra el colectivo LGTBI+, contra las personas migrantes y también contra las sedes de los partidos políticos progresistas, sin que en la mayoría de ellos las investigaciones hayan concluido con la puesta a disposición judicial de responsables claros". De ahí que las mismas fuentes insistan en pedir a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, "mucha más implicación a la hora de llevar a los responsables de estos delitos ante la justicia y la presión, en este caso hacia la Subdelegación de Alicante, para que se llegue hasta el final en la aclaración del episodio de difusión de los carteles que aparecieron en la comarca de l'Alacantí y que sólo pretenden generar miedo y rechazo entre personas por su etnia, religión o raza", concluyen las mismas fuentes.

En concreto, la pregunta registrada por Sumar exponía que "durante el fin de semana del 26 de marzo y días posteriores" se detectó en diferentes municipios de la comarca de l'Alacantí la aparición de "pancartas y carteles con mensajes xenófobos, racistas y simbología falangista, así como pasquines cuyos lemas promueven la expulsión de las personas migrantes y las criminaliza en base a su etnia, raza u origen". Y se añadía que, "según el Ministerio del Interior en su último 'Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España' publicado en 2024, relativo a 2023 los delitos de odio en España crecieron un 21%, siendo los delitos de este tipo vinculados a la razón de xenofobia o racismo los más numerosos, representando más del 41% del total de las denuncias".

Además, se insistía en que "en el País Valenciano las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron un total de 251 infracciones penales o incidentes de odio, 95 de ellas por racismo o xenofobia, siendo la provincia de Alicante la séptima del Estado. Por ello, se cuestionaba al Ministerio del Interior si se había procedido a "identificar a las personas que están difundiendo a través de estas pancartas, carteles y pasquines, discursos de odio en la comarca de l'Alacantí, para disponer las acciones legales que correspondan" y se interrogaba sobre "qué medidas va a adoptar el Ministerio de Interior para evitar que organizaciones y personas de ideología fascista, sigan difundiendo este tipo de discursos que atentan contra la dignidad y los derechos de colectivos sociales vulnerables". Por último, se inquiría para que se precisase "qué actuaciones va a llevar a cabo el Ministerio de Interior para luchar contra el racismo y la xenofobia en el País Valenciano".