ALICANTE. Los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante -PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem- redoblan la presión sobre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a cuenta de la controversia suscitada en torno a la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado entre 2018 y 2022. Y, en concreto, respecto al grado de conocimiento que pudieron tener los concejales populares respecto a la identidad de algunos de los compradores de esos pisos, entre los que figura la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y los hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna (que ha regresado a su plaza como jefa de Contratación), María Pérez-Hickman, además de los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, y la madre de los hijos del exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez (que ejerció como asesor municipal en el Ayuntamiento entre 2015 y 2022, primero como personal de confianza de Ciudadanos y, después, del PP).
En esta línea, los portavoces de los tres grupos políticos -Trini Amorós, Rafa Mas y Manolo Copé- han instado al equipo de gobierno a convocar sin más demora el pleno extraordinario y urgente propuesto con las firmas de los concejales de las tres formaciones para que se produzca la comparecencia del vicealcalde y concejal de Contratación, Manuel Villar, con el fin de que dé explicaciones respecto a cuándo conoció que los hijos de Pérez-Hickman eran socios de la cooperativa y que, finalmente, fueron dos de los compradores de los pisos, después de que la propia jefa de Contratación manifestase en su declaración ante la jueza que instruye las diligencias sobre las presuntas irregularidades detectadas en esa promoción que había informado a Villar en 2022 sobre esa circunstancia.
Es más, los portavoces de los tres grupos han reclamado tanto la dimisión de Villar como el cese de Pérez-Hickman, tras plantear una batería de preguntas respecto a cuáles fueron las decisiones que se adoptaron o, en su caso, por qué no se adoptó ninguna, desde el momento en el que se pudo conocer la identidad de los compradores de los pisos. Máxime, después de que el exconcejal de Hacienda, Toni Gallego, también reiterase ante el juzgado la versión que expuso ante la comisión de investigación de les Corts y mantuviese que él supo que la exedil de Urbanismo era otra de las compradoras de las viviendas en julio de 2024, cuando ella le pidió que contestase en su lugar a una pregunta formulada por Compromís respecto al procedimiento de compra de los pisos.
¿Qué preguntas se considera que se deben responder en esa sesión plenaria extraordinaria? En la propia solicitud se concreta que "la ciudadanía tiene derecho a conocer si en 2022 existía información dentro del gobierno municipal". Así, se plantean hasta doce cuestiones concretas dirigidas a Villar: "¿Le comunicó la señora Pérez-Hickman en febrero de 2022 que familiares suyos habían ingresado en la cooperativa Les Naus?"; "¿en qué fecha exacta tuvo conocimiento de que familiares directos de la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, participaban en la promoción de Les Naus?"; "¿qué actuación concreta realizó usted después de recibir esa información?"; "¿analizó la existencia de un posible conflicto de intereses y el correspondiente deber de abstención de María Pérez-Hickman, conforme al artículo 64 de la Ley 9/2017 de Ley contratos sector público teniendo en cuenta el vínculo de parentesco con personas interesadas en la promoción?"; "¿Existe algún informe jurídico al respecto?"; "¿informó usted de su conversación con Pérez-Hickman durante la tramitación del expediente de averiguación de hechos abierta por el secretario a petición de la Alcaldía?"; "¿puso estos hechos en conocimiento de algún otro responsable político? En caso afirmativo, ¿a quién y cuándo?".
Además, cuestionan si "¿informó al alcalde, Luis Barcala, de esta circunstancia? En caso afirmativo, ¿cuándo, por qué medio y que información concreta le trasladó?"; "¿una vez conocida esta situación, ¿por qué no se apartó a Pérez-Hickman de cualquier actuación relacionada con Les Naus no se aplicó la normativa o protocolo del Ayuntamiento ante un posible conflicto de intereses?"; "¿por qué se sigue manteniendo a la señora Pérez-Hickman como jefa de contratación después de conocerse que familiares directos participaban en la promoción?"; "Si estos hechos eran conocidos por responsables municipales, ¿por qué posteriormente el gobierno municipal nombró a María Pérez-Hickman directora general en mayo del 2024 con competencias en Contratación? ¿Quién propuso y avaló dicho nombramiento?"; "con la información que hoy conocemos, ¿considera que se debió adoptar medidas para garantizar la transparencia, imparcialidad y adecuado control del procedimiento?"; y "¿existe alguna actuación que, a la vista de los hechos conocidos, considere que debería haberse realizado y no se realizó?".
En esta línea, Amorós ha considerado que ya se había pedido la dimisión de Villar, aunque ha considerado que no podía dejar sus responsabilidades políticas sin ofrecer explicaciones a la ciudadanía. Así, ha sostenido que las manifestaciones de Pérez-Hickman ante el juzgado, implicarían que algunos de las personas que encabezaban la candidatura del Partido Popular (PP) en la lista con la que el partido concurrió a las municipales de 2023 tenían algún tipo de conocimiento sobre la identidad de los compradores antes de que trascendiese la polémica. Así, ha detallado que Villar era el número 2, que Rocío Gómez era la número 3 y que Toni Gallego ocupaba el puesto 4 de la papeleta. Además, ha detallado que la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, también tuvo conocimiento al menos a partir del 15 de enero, dos semanas antes de que trascendiese la controversia, cuando la jefa de Patrimonio le informó de la supuesta existencia de un conflicto de interés o de una posible incompatibilidad al comprobar el listado de adquirientes de los pisos en la fase final de comprobación del cumplimiento del contrato de venta del solar municipal en el que se levantó la promoción.
Por ello, ha considerado que ese cúmulo de circunstancias conllevaría que el alcalde, Luis Barcala, "engañó a toda la ciudadanía" al sostener que no supo nada sobre los compradores de los pisos hasta finales de enero de este año, después de asegurar que Pérez-Hickman es una persona del "entorno de confianza del alcalde" que continúa ejerciendo como jefa del servicio de Contratación. Así, se ha preguntado "quién miente" respecto a las versiones que se han ofrecido hasta ahora, para asegurar que hasta el momento nadie ha salida a "desmentir" las declaraciones ofrecidas por Pérez-Hickman, como sí ocurrió en el caso de las manifestaciones de Gallego. Así, ha sostenido que la polémica no puede desvincularse del problema de acceso a la vivienda que se vive en el conjunto del país y ha instado al equipo de gobierno a salir del silencio en el que "está instalado".
Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha insistido en el problema de la vivienda que se registra en Alicante y en el conjunto del país, con el incremento de los precios del alquiler y de venta, el aumento de la presión de los pisos turísticos, o la existencia de pisos vacíos en manos de fondos buitre. En este sentido, ha insistido en que el suelo público municipal "está en peligro" como consecuencia de la gestión del PP y ha insistido en que deben ofrecerse explicaciones tras las manifestaciones de Pérez-Hickman. "Pedimos que aparten a Pérez-Hickman de sus funciones, que dimita el vicealcalde y concejal de Contratación y que dimita el alcalde como cabecilla de esta trama, porque ya podemos decir que si todos los sabían, esto es una trama", ha enfatizado.
Además, ha reivindicado la labor de fiscalización política tras la pregunta formulada en el pleno de julio de 2024 que, a su juicio, habría permitido que se supiera quién era conocedor de la identidad de los compradores de los pisos. Así, ha recriminado que el alcalde dijese que "iba a llegar hasta el final" para esclarecer los hechos y que, sin embargo, siga manteniendo a Pérez-Hickman en su puesto como jefa de Contratación, después de haberla elegido como directora general de Organización Interna, a pesar de que no se apartó de su puesto y del procedimiento relacionado con Les Naus como debió haber hecho en un presunto incumplimiento del artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público. Al tiempo, ha recriminado que se eligiese a Villar como presidente de la comisión de fiscalización encargada de revisar los procedimientos seguidos.
Por último, el portavoz municipal de EU Podem, Manolo Copé, ha sostenido que su objetivo era que la ciudadanía "pueda conocer toda la verdad" y exigir "responsabilidades políticas" respecto a lo sucedido, para pasar a detallar la batería de preguntas planteadas en la solicitud de pleno extraordinario. Todo, después de pedir la dimisión de Villar, que ha sostenido hasta el momento "que todo era legal". "Si todo era legal, yo cuestiono por qué dimitió Rocío Gómez y por qué renunció Pérez-Hickman" al puesto de directora general. Además, ha abundado en la situación de emergencia social que se registra también en Alicante ante la falta de vivienda a precios asequibles y ha insistido, igualmente, en la necesidad de que el alcalde también deje su puesto.
El equipo de gobierno persiste en medir tiempos y guarda silencio
Entre tanto, el equipo de gobierno sigue optando por guardar silencio y continúa sin pronunciarse respecto a la convocatoria de ese pleno, a la espera de que se celebre la junta de portavoces convocada a las 14:30 de este martes para concretar los términos de la convocatoria de ese pleno, sin manifestarse sobre las preguntas planteadas por PSOE, Compromís y EU Podem en esa solicitud de convocatoria de pleno. Y tampoco respecto a las cuestiones formuladas por los medios de comunicación en la comparecencia pública semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno.
En esta línea, tanto la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, como el coportavoz y vicealcalde, Manuel Villar, han insistido en que, por respeto a los grupos proponentes del pleno, no podían pronunciarse respecto a la petición de convocatoria de pleno extraordinario hasta que se celebrase la junta de portavoces. Y, respecto al grado de conocimiento que Villar y otros concejales del PP pudieron tener respecto a la identidad de los compradores de las VPP, han insistido en que el equipo de gobierno daría las explicaciones en el lugar y en el momento en el que considerase oportuno, sin entrar a valorar la posibilidad de que esa estrategia pudiese contribuir a alimentar posibles sospechas respecto a un procedimiento irregular, a pesar de la insistencia de las preguntas planteadas por los medios.
