ALICANTE. Los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, entran de lleno en el debate nacional sobre el aborto, la asistencia pública y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus embarazos con sendas iniciativas que se elevarán a votación en el pleno ordinario de octubre, este jueves, con la intención de forzar al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a posicionarse, tras los acuerdos alcanzados con Vox en actuaciones como la licitación del servicio de la oficina de la maternidad, habilitada en el centro comunitario de Plaza del Carmen, en el Casco Antiguo. Una de esas propuestas, planteada como declaración institucional conjunta por los grupos municipales de Compromís y Esquerra Unida Podem, trata de buscar un pronunciamiento del pleno de la corporación para instar al Gobierno Central a blindar el derecho al aborto en la Constitución.
Así lo ha defendido la edil de la coalición valencianista, Sara Llobell, quien ha sostenido que "parece que a diferencia de lo que ocurre en el PP a nivel estatal, en la ciudad de Alicante no tienen duda de cuál es su posición respecto al aborto: la misma que la señora Ayuso, mas le valdría a este PP fusionarse con Vox, porque son y actúan de la misma manera. Vulneran y eliminan sistemáticamente los derechos conseguidos por las mujeres ya negar la violencia machista, estamos todavía pendientes de un posible asesinato machista descubierto este viernes en esta ciudad".
En este sentido, Llobell ha asegurado que "las mujeres alicantinas no tenemos garantizado el acceso a un aborto libre, seguro y gratuito, tal y como indica la ley orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva. Primero, porque 22 de los 28 ginecólogos del Hospital General Doctor Balmis son objetores de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que, si una mujer cualquiera acude al hospital de referencia, no ya de la ciudad sino de toda la provincia, no tiene garantizada la práctica de una interrupción vuelo de embarazo. Esto supondrá, una derivación a alguna de las clínicas privadas, con un doble sobrecoste: personal y económico. Personal, en tanto en cuanto hay un plazo a cumplir, y cada caso es un mundo, pero estoy segura de que ninguna mujer quiere ver en ningún procedimiento sanitario como se aplaza innecesariamente, y sobrecoste económico, porque ya anunciamos desde Compromís que la Generalitat está pagando 26 € de media más que un particular, por lo que el coste total de las comarcas alicantinas asciende a 1,3 millones de euros", ha explicado.
Así, ha apuntado que "por eso, presentamos esta declaración, en la que pedimos básica y sencillamente que se cumpla la ley, que no se financie más a entidades que atenten contra los derechos de las mujeres y por supuesto que este ayuntamiento tenga un claro posicionamiento a favor de la introducción en la Constitución de un apartado en el artículo 43.3 donde se blinde el derecho al aborto".
Por su parte, la coordinadora de EU Alacant, Lucía Ibáñez, ha considerado que "la agenda reaccionaria del Partido Popular y Vox nos hacen que presentemos esta declaración. Nos parece fundamental que el Ayuntamiento de Alicante se posicione frente al aborto. Durante décadas las mujeres feministas hemos estado luchando por nuestros derechos, pequeños derechos que hemos ido conquistando, pero que necesitamos que no sea vulnerados por vaivenes políticos, sino que se que sean reconocidos por la Constitución Española. Por eso, presentamos esta declaración institucional y queremos que todos los grupos la apoyen. No podemos depender de esta oficina antiaborto que lo único que hace es vulnerar nuestros derechos porque nosotras parimos y nosotras decidimos", ha detallado.
De este modo, la declaración institucional conjunta recoge tres acuerdos fundamentales: "instar al Gobierno de España a promover -y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a apoyar- la reforma del artículo 43 de la Constitución española para reconocer expresamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, libre, informada, plena, pública y universal"; reclamar al Gobierno del Estado que garantice que todas las personas tengan acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública independientemente de donde vivan, asegurándose de que cada departamento de salud cuente con personal suficiente que no esté inscrito en el registro como objetor de conciencia"; y pedir "al Gobierno de España la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 para que garantice de forma efectiva el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público, asegurando la disponibilidad de todos los métodos con criterios clínicos y respetando la decisión de la mujer sobre el procedimiento más adecuado".
En segundo término, el grupo municipal del PSOE también ha registrado una propuesta con la que también trata de defender el reconocimiento y defensa del derecho al aborto en la Constitución, "una medida imprescindible para garantizar la libertad y la igualdad de las mujeres frente a los ataques reaccionarios del PP y Vox", según apuntan fuentes del partido, a través de un comunicado. La concejala socialista Victoria Melgosa ha afirmado que "blindar el derecho al aborto en la Constitución es nuestro deber porque el PP no deja de atacar los derechos de las mujeres. Ya lo hizo Gallardón en 2014 con su intento de reforma que movilizó a miles de mujeres en el Tren de la Libertad; lo hace ahora Ayuso, cuando envía a abortar a las mujeres fuera de su comunidad; lo hace Barcala por orden de Vox con su oficina antiaborto, y lo hace Almeida difundiendo el bulo sobre supuesto síndrome post aborto, que no es más que un invento machista para culpabilizar y coartar a las mujeres". "El PP y la ultraderecha defienden retrocesos en los derechos que conquistó la lucha feminista, unos derechos que que hoy tenemos la obligación de seguir defendiendo", ha sostenido.
Así, la iniciativa plenaria del PSOE señala "que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos reconocidos internacionalmente y que España ha avanzado gracias a los gobiernos socialistas con leyes que garantizaron la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de libertad, seguridad y dignidad". "Defender el derecho al aborto es reafirmar la autonomía, la dignidad y la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida", ha señalado Melgosa, quien ha exigido al alcalde "que deje de atentar contra los derechos de las mujeres, respete nuestras decisiones y garantice nuestros derechos", según concluye la nota pública.
