ALICANTE.- La Fiscalía solicita tres años de prisión para el expresidente de la asociación de padres de alumnos del colegio Maristas de Alicante (Apamar), al que acusa de un delito continuado de apropiación indebida por supuestamente haberse quedado con más de 134.000 euros de la entidad entre 2015 y 2021, periodo en el que ocupó el cargo. El Ministerio Público aplica la atenuante de reparación del daño al haber devuelto parte del dinero, 117.000 euros.
Según el escrito de acusación, el procesado asumía personalmente la gestión administrativa y económica de la asociación y se habría aprovechado de la confianza que los distintos tesoreros depositaban en él. Estos, según la Fiscalía, se limitaban a firmar las órdenes de transferencia que el acusado les presentaba, sin conocer el destino real de los fondos.
El caso salió a la luz en 2021, cuando la nueva junta directiva reclamó explicaciones sobre los movimientos contables. En ese momento, el investigado admitió haberse quedado con 117.000 euros, cantidad que posteriormente devolvió. No obstante, el Ministerio Público sostiene que aún restan 17.000 euros por justificar, motivo por el que mantiene la acusación penal.
Según publicaron diversos medios en su momento, el primer expresidente denunciado, Francisco Luis C., ya devolvió 61.000 euros al principio tras ser descubierto y ahora ha pagado 56.340 euros. El dinero fue ingresado en la cuenta judicial y el juzgado lo ha devuelto a Apamar. Ahora se le juzga por la cantidad restante.
La causa se encuentra ya en fase de enjuiciamiento y la Fiscalía considera acreditado que el acusado actuó de manera continuada durante los seis años en los que dirigió la asociación, aprovechando su posición para disponer de fondos que no le pertenecían.
Hay que recordar que otro ex presidente del AMPA de Marias fue detenido en septiembre de 2023 por haberse apropiado de 28.000 euros de la cuenta del Servicio de Ayuda Escolar en masajes y servicios de prostitución. Este ex presidente, detenido a posteriori del primer escándalo, ya fue juzgado y condenado a dos años de prisión y suspensión de la pena con la condición de que aporte cuotas mensuales de algo más de 400 euros hasta satisfacer 25.403 euros que aún están pendientes de la indemnización que le corresponde a Apamar como perjudicada por la apropiación indebida. Antes del juicio ya abonó 3.000 euros.