ALICANTE. La Diputación de Alicante promueve el refuerzo físico de la empresa pública Proaguas Costa Blanca, especializada en el ciclo integral del agua. La ampliación de sus competencias sobre el análisis y la gestión del tratamiento de aguas residuales en municipios de hasta 5.000 habitantes ha empujado a la institución provincial a impulsar la ampliación de sus instalaciones centrales, situadas en el número 39 de la avenida de Orihuela de Alicante, mediante la construcción de un edificio anexo sobre las fincas de los números 41 y 43 de la misma avenida. Se trata de los dos fincas contiguas, en las que se sitúan dos edificios de planta baja, que serán demolidos para dar paso a la ampliación de la sede de Proaguas.

La empresa pública acaba de solicitar la ampliación de la licencia de actividad de su edificio de oficinas, concedida en 2003, para que ese permiso abrace también al futuro inmueble en el que se plantea su ampliación. Lo cierto es que la construcción de ese edificio anexo permitirá doblar la capacidad actual de esa sede. Hasta el momento, Proaguas se asienta sobre un edificio de 1.527,87 metros cuadrados de superficie útil distribuidos en planta sótano, planta baja, planta entresuelo, planta primera, planta segunda, planta tercera y planta cuarta. Su intención es incorporar ahora otro bloque colindante provisto de otras cuatro elevaciones con unas características prácticamente idénticas: 1.061,48 metros cuadrados distribuidos en planta sótano, planta baja, planta segunda, planta tercera y planta cuarta.

Los dos estarán comunicados de forma interna con el propósito de consolidar un único conjunto arquitectónico. De hecho, a grandes rasgos, en los dos bloques se ejercerán actividades similares, según se concreta en la memoria que acompaña la solicitud de ampliación del permiso de actividad. En concreto, la planta sótano se destinará a la creación de plazas de aparcamiento. La planta baja acogerá una sala de reuniones y una ampliación de la sala dedicada a la recogida de muestras de agua. La planta primera permitirá ampliar el laboratorio de análisis de esas muestras, con una superficie de 160 metros cuadrados. En las tres plantas restantes (segunda, tercera y cuarta) se habilitarán espacios para usos administrativos, siguiendo la distribución de la sede actual, con el objetivo de que pueda ampliarse el número de trabajadores. De hecho, se prevé que el nuevo bloque disponga de un aforo máximo de 117 personas.

La distribución de ese nuevo edificio responde, así, a la necesidad de desarrollo de las mismas funciones que se asumen en las instalaciones originales de la empresa pública. Básicamente, trabajos asociados con el ciclo integral del agua tanto en su parte administrativa y de control técnico, como en tareas de laboratorio de su Departamento de Control y Análisis. Así, el nuevo bloque facilitará la realización de análisis de aguas residuales, potables, superficiales, marinas, salobres y de riego, además de fangos procedentes de estaciones de tratamiento de aguas residuales, con el fin de supervisar el funcionamiento de las depuradoras, de las estaciones dedicadas al tratamiento de aguas potables, el estado de las aguas superficiales y el posible uso agrícola de aguas y fangos tratados en depuradora.

Eso sí, hasta ahora no ha trascendido ni el importe de la inversión prevista para la construcción de ese nuevo edificio anexo, ni el momento en el que se pretende dar inicio a sus obras. A priori, todo parece indicar que se trata de un proyecto a ejecutar a partir de 2027. Es más, su ejecución podría quedar a cargo de la próxima corporación provincial que se constituya tras las elecciones del próximo mes de mayo.