ALICANTE. La instrucción judicial sobre las presuntas irregularidades que pudiesen registrarse en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante se retomará a finales de septiembre con una nueva declaración: la del exconcejal de Hacienda y Patrimonio, Toni Gallego (PP). La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha acordado la práctica de la prueba solicitada por la la representación legal de Ciudadanos (Cs) -que ejerce la acusación- con el dictado de una providencia en la que insta a Gallego a prestar testimonio en calidad de testigo el próximo 30 de septiembre, "en aras de obtener un mayor esclarecimientos de los hechos objeto de la presente causa, circunstancias y personas que en ellos hayan intervenido".
La solicitud de declaración del extitular de Hacienda por parte de los letrados de Cs, Emilio García Ontiveros y Mamen Peris, se fundamentaba en la necesidad de que ofreciese explicaciones respecto a las manifestaciones efectuadas durante su comparecencia ante la comisión de investigación constituida en les Corts Valencianas en relación a cómo se desarrolló dicha promoción de VPP, en el distrito de Playa de San Juan. En esas manifestaciones, Gallego aseguró que tuvo conocimiento de que su excompañera de filas y responsable de Urbanismo, la ya también exconcejal del PP, Rocío Gómez, era una de las compradoras de las 140 viviendas de Les Naus desde julio de 2024.
Se trata, según explicó, de una información que le proporcionó ella misma -actualmente, una de las quince personas investigadas en las diligencias-, cuando le pidió que fuese él quien respondiese a una pregunta plenaria sobre el desarrollo de ese residencial que había registrado el grupo municipal de Compromís. En esta línea, a preguntas de los miembros de la comisión, Gallego apuntó que podía inferirse que el alcalde, Luis Barcala, también era conocedor de que Gómez era una de las socias cooperativistas que adquirió una VPP, puesto que le cedió a él directamente el turno de palabra para que ofreciese la respuesta por parte del equipo de gobierno, a pesar de que se había previsto que contestase Gómez.
Los letrados de Cs pretenderían que Gallego profundizase en esas manifestaciones, toda vez que, hasta el momento, el primer edil ha venido sosteniendo que no fue conocedor de que Gómez había comprado vivienda en Les Naus hasta finales de enero de este año, cuando tuvo conocimiento del escrito aportado por la jefa del servicio de Patrimonio en el que alertaba de la existencia de un posible conflicto de interés o incompatibilidad al constatar la identidad de algunos de los adquirientes de los pisos y sus vínculos con representantes políticos, en el caso de Gómez, o con funcionarios, en el caso del arquitecto municipal Francisco Nieto y de los hijos de la exdirectora general de Organización Interna y actual jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman.
La petición formulada por Cs fue secundada por los representantes de la Fiscalía Anticorrupción con idéntico fundamento: dilucidar quién era conocedor y en qué momento sobre la identidad de las personas que adquirieron las viviendas objeto de controversia. Pero, además, la providencia acuerda una medida adicional: solicitar a les Corts que facilite "copia certificada de las actas literales, así como la grabación audiovisual íntegra en soporte digital, correspondientes a la comparecencia de Antonio Gallego Gonzálvez, efectuada el día 2 de julio 2026" ante la citada comisión de investigación del parlamento autonómico.
Conclusiones de la fiscalización municipal
La providencia de la jueza instructora llega a solo tres días de que se celebre la que debería ser la última sesión de la comisión de fiscalización constituida en el Ayuntamiento en relación a la gestión de las VPP de Les Naus, y de cuantas otras promociones de VPP desarrolladas en Alicante en los últimos años. Se trata de una sesión convocada con un punto del orden del día esencial: la aportación de los escritos de conclusiones alcanzadas por cada uno de los grupos políticos que cuentan con representación municipal.
En principio, todo parece apuntar que las cuatro formaciones que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) coincidan al menos en una misma apreciación: la ausencia de oportunidades para tratar de profundizar en cómo se gestionó dicha promoción, ya que la práctica totalidad de los funcionarios o cargos públicos que han sido propuestos para comparecer ante ese foro se han acogido a su derecho a no participar en la comisión, sin responder a las preguntas que se les pudiese tratar de formular. Entre esas personas llamadas a comparecer, que declinaron su asistencia, han figurado exconcejales del extinto tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, como representantes del actual equipo de gobierno, como el mismo alcalde, Luis Barcala.
Al tiempo, todo parece indicar, igualmente, que los cuatro grupos opositores también puedan poner de manifiesto las dificultades de acceso a la información solicitada, cuando no directamente, la ausencia de parte de la documentación solicitada. Dos cuestiones de las que han venido responsabilizando al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). Está por ver si los cuatro grupos políticos pueden sumar sus votos para aprobar un dictamen de conclusiones común, en el que, en principio, se antoja difícil que pudiese sumarse el PP. En caso contrario, se someterán las cinco propuestas a votación y se aprobará la que alcance un mayor número de votos.
Entre tanto, sigue en curso la comisión de investigación de Les Corts, a la espera de que se reanude funcionamiento, a partir de finales de principios de octubre. Para entonces, debe acordarse un nuevo calendario de comparecencias, entre las que continúa pendiente la citación del propio Barcala y la de la exconcejala de Urbanismo, entre otras.
