ALICANTE (EP/AP). Un juzgado de Alicante ha citado a declarar como investigados por un supuesto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad a nueve miembros de los sindicatos de vivienda Carolines y Zona Nord y al portavoz de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento, Manolo Copé, por una protesta realizada el 16 de julio de 2025 con el fin de impedir el desahucio de un matrimonio de un piso de la calle Benilloba, en el barrio de Nou Alacant.
La comparecencia está fijada para el próximo 17 de diciembre en la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, por posible "resistencia o desobediencia a la autoridad", según ha informado el Sindicat de Vivenda Carolines en un comunicado hecho público este martes.
De acuerdo con esta entidad, ambos sindicatos hicieron esa convocatoria para intentar "frenar" el desahucio de "un matrimonio mayor de 65 años sin alternativa habitacional" de un piso de la calle Benilloba, "del que fue propietario el fondo buitre Promontoria Coliseum" y que "fue vendido a un inversor extranjero que ya contaba con numerosos inmuebles, a pesar de que el matrimonio en situación de vulnerabilidad continuaba habitando el domicilio", ha apuntado.
Ante estas próximas declaraciones judiciales, los sindicatos han señalado que "la libertad de expresión y protesta amparaban la convocatoria" y que "el sindicalismo, el apoyo a una familia vulnerable y la defensa del derecho a la vivienda no deberían ser constitutivos de delito".
Y han expresado que "este episodio no es nuevo, sino que se suma a las multas por valor de miles de euros acumuladas por los colectivos de vivienda en su defensa de derechos constitucionales básicos para toda la población de Alicante".
"Este suceso se enmarca en un contexto de aumento generalizado de la represión a movimientos sociales, en especial a los sindicatos de vivienda y al sector de la educación en lucha, cuyo objetivo es detener la labor de los activistas por el derecho a una vivienda digna en la ciudad", han agregado.
Por su parte, fuentes de Esquerra Unida Alacant han expresado su preocupación respecto a esa citación. La coordinadora local de la coalición, Lucía Ibáñez, ha recordado que la formación ya denunció públicamente aquel mismo día "el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza policial y la ausencia de identificación visible en numerosos agentes que participaron en el operativo". En este sentido, ha apuntado que "el propio Copé denunció entonces que un agente de la Policía Nacional se había negado a facilitarle su número de identificación cuando se lo solicitó". "Resulta especialmente preocupante que quienes estábamos allí defendiendo pacíficamente el derecho a la vivienda tengamos que comparecer ahora ante la justicia, cuando aquel mismo día denunciamos actuaciones policiales que considerábamos absolutamente desproporcionadas y reclamamos que fueran investigadas", ha manifestado Copé.
Resistencia pacífica
Así, Copé ha incidido en que "nuestra resistencia fue pacífica. No estábamos allí para enfrentarnos a nadie, sino para intentar evitar que una familia perdiera su vivienda. Defender a quienes sufren un desahucio no debería convertirse en un problema judicial. La solidaridad no puede tratarse como si fuera un delito". Además, ha incidido en que ya reclamó a la Subdelegación del Gobierno en Alicante que diera explicaciones sobre la actuación de la Policía Nacional durante aquel desahucio, "especialmente por el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de identificación de numerosos agentes". El portavoz municipal ha insistido en la necesidad de conocer "qué actuaciones se llevaron a cabo para esclarecer los hechos denunciados y si se abrió alguna investigación sobre la intervención policial".
"Ya solicitamos explicaciones a la Subdelegación del Gobierno por lo ocurrido aquel día y ahora volvemos a exigir que se esclarezcan los hechos. Queremos saber qué se hizo para investigar las actuaciones policiales que denunciamos públicamente, especialmente el uso de la fuerza y la falta de identificación de agentes. No puede ponerse el foco únicamente en quienes nos movilizamos pacíficamente y dejar sin esclarecer las actuaciones policiales que denunciamos", ha señalado Copé.
En este sentido, Esquerra Unida considera necesario "que se garantice plenamente el derecho a la protesta y que la actuación de las fuerzas de seguridad esté siempre presidida por los principios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos fundamentales". "Es incomprensible que siga vigente una ley mordaza que supone una amenaza para el ejercicio de derechos fundamentales. Defender el derecho a la vivienda y manifestarse pacíficamente frente a un desahucio no puede convertirse en motivo de intimidación o criminalización. Necesitamos más garantías para ejercer nuestros derechos, no más obstáculos", ha señalado Copé.
La defensa de la vivienda "es una lucha colectiva"
El portavoz municipal de EU Podem ha querido situar el foco en el carácter colectivo de estas movilizaciones y "evitar que las citaciones judiciales desplacen el debate sobre el verdadero problema: la dificultad creciente para acceder y mantener una vivienda digna". "Somos diez las personas que hemos recibido estas citaciones, pero detrás de nosotros hay muchas más. Hay un movimiento social que lleva años llenando calles y plazas para reivindicar algo tan elemental como el derecho a una vivienda digna. Esta no es una lucha individual, es una lucha colectiva que nos interpela a toda la sociedad".
Por su parte, Lucía Ibáñez ha criticado que las personas que se movilizan contra los desahucios terminen "teniendo que responder ante los tribunales mientras continúa sin garantizarse de manera efectiva el acceso a una vivienda digna". "La verdadera preocupación debería ser que todavía haya familias que pierden su casa sin disponer de una alternativa habitacional adecuada. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad y no podemos responder únicamente con desalojos y actuaciones policiales a quienes reclaman soluciones. Lo que necesitamos son políticas públicas que protejan a las familias, no actuaciones que puedan desalentar la solidaridad y la movilización ciudadana", ha señalado.
Finalmente, Copé e Ibáñez han reiterado el compromiso de Esquerra Unida con el derecho a la vivienda y la defensa de las libertades democráticas. "No vamos a dejar de defender el derecho a la vivienda ni de acompañar a quienes sufren la amenaza de un desahucio. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo desde la movilización pacífica, la solidaridad y la defensa de los derechos sociales. Porque la solidaridad no es un delito y la vivienda tiene que ser un derecho, no un privilegio", han concluido, a través de un comunicado.
