ALICANTE. El grupo municipal Esquerra Unida Podem ha registrado una propuesta de declaración institucional, que se debatirá este jueves en el pleno ordinario de abril, para exigir "el fin de las trabas administrativas" que, a su juicio, "están impidiendo de forma injusta el empadronamiento de numerosas personas en Alicante".  La formación subraya que esta iniciativa "no nace al calor del debate estatal sobre regularizaciones migratorias, sino de una realidad local que viene de lejos. En Alicante hay vecinos y vecinas con obstáculos indebidos para empadronarse, y entidades sociales que denuncian estas trabas de forma constante en su trabajo diario", apuntan fuentes de la confluencia, a través de un comunicado.

Esquerra Unida Podem denuncia que "el Ayuntamiento estaría aplicando requisitos que no contempla la legislación estatal ni las instrucciones del Instituto Nacional de Estadística, como exigir autorizaciones de propietarios, poner obstáculos por la caducidad del NIE o bloquear expedientes durante meses mediante verificaciones sin resolver".

Así, el portavoz municipal de EU Podem, Manolo Copé, apunta que "el padrón no puede convertirse en una frontera dentro de la ciudad. Es un derecho básico que acredita dónde vive una persona y permite acceder a servicios esenciales". Así, fuentes de la confluencia señalan que "empadronarse no regulariza la situación administrativa de nadie. Sirve para reflejar la población real y garantizar derechos tan básicos como la escolarización, la atención sanitaria o los servicios sociales".

Además, la iniciativa se apoya "en el reciente informe de REAPSHA, que alerta de que las dificultades para empadronarse están agravando el sinhogarismo en Alicante al bloquear el acceso a sanidad, educación y ayudas públicas. El mismo informe denuncia también prácticas abusivas como cobrar hasta 200 euros más por una habitación a cambio de permitir el empadronamiento", añaden las mismas fuentes.

La formación sostiene que "cuando la administración pone obstáculos ilegales a un derecho básico, se abre la puerta a la exclusión social y al negocio con la necesidad de la gente". Entre los acuerdos planteados, la propuesta reclama "eliminar requisitos ilegales, revisar denegaciones injustas producidas en el último año, publicar un protocolo claro y no discriminatorio, y solicitar la intervención del Defensor del Pueblo y del Instituto Nacional de Estadística". "Cuando se impide empadronarse a quien vive aquí, no se genera orden: se genera exclusión. Alicante necesita una administración que facilite derechos, no que los bloquee", ha concluido Copé.