ALICANTE. La agrupación local de Esquerra Unida (EU) y el grupo municipal de Esquerra Unida Podem han registrado un escrito de denuncia ante "los órganos competentes de la Unión Europea, la Agencia Valenciana Antifraude y ante el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) por la organización de la inauguración del entorno de la Urbanización Almadraba por parte del equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Alicante", según informan fuentes de ambas formaciones políticas, a través de un comunicado. Se trata de un acto convocado para las 20:00 horas de este miércoles que se plantea como una apertura, y no como una inauguración, según fuentes municipales.

Sea como fuere, la denuncia pone de manifiesto que "el propio alcalde ha remitido invitaciones institucionales para asistir a la inauguración de una obra financiada con fondos públicos, en este caso con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation EU". "Esquerra Unida considera que estos hechos podrían ser contrarios al artículo 5.8 de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas, una norma que está en vigor desde junio de 2018 y que establece de forma expresa: 'Se prohíbe la organización de cualquier acto de inauguración, o similares, de obra acabada o servicio por parte de personas con cargos electos o altos cargos, financiados con fondos públicos parcial o totalmente, directa o indirectamente. Esta prohibición incluirá los viajes en cabina de conductor de cargos electos o altos cargos respecto de las infraestructuras de transporte público colectivo'", apunta el comunicado.

Para Esquerra Unida Alacant, "la norma no deja margen de interpretación: desde hace ocho años la legislación valenciana prohíbe que los cargos electos organicen inauguraciones de obras financiadas con fondos públicos, precisamente para evitar que las infraestructuras públicas puedan utilizarse como instrumento de promoción política o de apropiación institucional de actuaciones que pertenecen al conjunto de la ciudadanía".

Así, la denuncia solicita "que se investigue si la organización del acto institucional y el envío de invitaciones oficiales por parte del alcalde se ajustan a esta prohibición legal y si, al tratarse de una actuación financiada con fondos Next Generation EU, se han respetado igualmente las obligaciones de buena gestión financiera, transparencia y neutralidad institucional exigidas por la normativa europea".

La coordinadora local de EU, Lucía Ibáñez Ortiz, ha manifestado que "la ley lleva ocho años vigente y su finalidad es muy clara: impedir que los gobiernos utilicen las inauguraciones de obras públicas como actos de propaganda institucional. Cuando una administración organiza una inauguración de una obra financiada con dinero público y el propio alcalde cursa las invitaciones para ese acto, corresponde a los órganos competentes determinar si esa actuación respeta la legislación vigente", concluye el comunicado.