ALICANTE.- Esquerra Unida Podem ha presentado este jueves ante la Fiscalía Provincial de Alicante una ampliación de la denuncia registrada el pasado 1 de junio por el posible fraccionamiento de contratos de defensa jurídica del Ayuntamiento.
La nueva documentación aportada —un informe firmado el 13 de julio por el Interventor general del Ayuntamiento de Alicante— confirma el núcleo de los hechos denunciados y añade una conclusión especialmente grave: es «práctica habitual en el Ayuntamiento de Alicante no levantar el reparo y esperar, bien al recurso que condena al Ayuntamiento o a la tramitación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito».
El informe identifica 24 facturas de defensa jurídica en tribunales, correspondientes a la Asesoría Jurídica municipal, por un importe acumulado de 5.732,03 euros. Todas ellas fueron reparadas por la Intervención por incumplimiento del artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo al fraccionamiento contractual.
Además, el interventor señala expresamente que el centro gestor no realizó el procedimiento para resolver las discrepancias previsto en el Reglamento de Control. Las personas interesadas tuvieron que recurrir, y los órganos judiciales acabaron reconociendo su derecho a ser indemnizadas.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha subrayado que «ya no estamos ante una sospecha política, sino ante hechos puestos negro sobre blanco por el propio órgano de control del Ayuntamiento».
«Cuando la Intervención formula un reparo, el gobierno municipal no puede mirar hacia otro lado y esperar a que llegue una condena judicial o llevar después las facturas a un reconocimiento extrajudicial. Esa forma de actuar perjudica a quienes tienen derecho a cobrar y también a las arcas públicas, que terminan pagando retrasos e intereses», ha señalado Copé.
Esquerra Unida Podem ha solicitado a la Fiscalía que incorpore el nuevo informe a las actuaciones y que reclame al Ayuntamiento los expedientes completos, incluidos los reparos, los documentos contables, las decisiones adoptadas posteriormente y las resoluciones judiciales mencionadas.
«Nuestra obligación es defender el dinero público y exigir que se esclarezca quién permitió que estos expedientes siguieran adelante sin aplicar el procedimiento legal. Será la Fiscalía quien determine el alcance de los hechos, pero el Ayuntamiento debe colaborar y dar explicaciones», ha concluido Copé.
