ALICANTE. El Tribunal Supremo (TS) rechaza el (hasta ahora) último intento del Ayuntamiento de Alicante por preservar la contrata sobre la gestión del Centro de Atención Urgente (CAU), en el que se atiende a transeúntes y personas sin hogar, en los términos en los que fue adjudicada. En concreto, en un auto notificado este 19 de octubre, el alto tribunal inadmite (por falta de interés casacional) el recurso de interpuesto por los servicios jurídicos municipales frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) dictada en octubre de 2025 por la que se emplazaba a modificar el pliego para incorporar la cláusula de subrogación del personal, tras estimar el recurso interpuesto, precisamente, por la concesionaria precedente, la Fundación Salud y Comunidad, después de que el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TACRC) rechazase su impugnación previa contra el pliego de condiciones.
Así lo ha dado a conocer este viernes el grupo municipal de Esquerra Unida Podem a través de un comunicado en el que emplaza al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a precisar qué actuaciones concretas se han adoptado o se piensan adoptar para acatar esa última resolución y dar cumplimiento a la sentencia del TSJCV. Es más, el grupo municipal ha registrado una solicitud de información por escrito por la que reclama que se precise en qué situación queda ahora la prestación, tras apuntar que se había concedido a la actual concesionaria (Grupo 5 Acción y Gestión Social) la única prórroga prevista por contrato en la explotación del centro municipal condicionada a la resolución del recurso de casación.
En concreto, EU Podem apunta el pasado 28 de noviembre, la Junta de Gobierno aprobó la primera y única prórroga del contrato de gestión del CAU por importe de 1.341.307,68 euros (impuestos incluidos) y que, en ese acuerdo, "se estableció expresamente que la duración de la prórroga quedaba condicionada a la resolución del Tribunal Supremo, pudiendo finalizar anticipadamente en caso de inadmisión del recurso de casación o confirmación de la sentencia 510/2025".
De ahí que la confluencia exija que se ejecute la sentencia del TSJ; que se aclare expresamente si la inadmisión del recurso de casación determina la finalización anticipada de la prórroga "y, en su caso, qué resolución administrativa debe adoptarse, en qué plazo y con qué efectos"; "que se informe de las medidas previstas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de subrogación reconocidas judicialmente, la situación del personal afectado y las actuaciones que correspondan en relación con la empresa adjudicataria"; y que se detalle "cómo se garantizará la prestación ininterrumpida del servicio de acogida y atención a personas sin hogar, evitando cualquier reducción de prestaciones, pérdida de calidad asistencial o perjuicio para las personas usuarias".
Además, reclama "que se informe del estado de tramitación de un nuevo expediente de contratación, si se ha iniciado, y de las medidas previstas para adecuar los pliegos y el presupuesto a lo establecido judicialmente"; y que "se facilite una valoración de las consecuencias económicas derivadas de la sentencia, de su ejecución y de la inadmisión del recurso de casación, incluyendo las costas procesales, las eventuales obligaciones económicas adicionales y cualquier posible reclamación derivada de la situación contractual", según expone en su escrito.
Las consecuencias
En esta línea, el portavoz municipal de la confluencia, Manolo Copé, ha denunciado -a la espera de que se produzca la respuesta a sus requerimientos- que "Barcala ha preferido alargar el conflicto en los tribunales antes que rectificar" y ha considerado que "el resultado es otro fracaso judicial del Ayuntamiento, nuevas costas que pagará la ciudadanía y una incertidumbre que nunca debieron soportar los trabajadores".
Copé considera que "la resolución tiene además consecuencias directas sobre el contrato, puesto que el propio gobierno municipal aprobó una prórroga de 1,34 millones de euros que contemplaba su posible finalización anticipada si el Supremo inadmitía el recurso". "El PP sabía que esto podía pasar. Ahora queremos saber qué va a hacer con el contrato, cómo garantizará los derechos de la plantilla y qué medidas ha previsto para que las personas sin hogar no sufran las consecuencias de su gestión", ha señalado Copé.
El equipo de gobierno sostiene que ya se está trabajando en la tramitación de un nuevo concurso y que, en paralelo, se está abordando la situación de los trabajadores actuales
"Barcala y Begoña León tienen que asumir sus responsabilidades políticas. No pueden esconderse detrás de los servicios jurídicos cada vez que una decisión de su gobierno acaba en los tribunales. Menos litigios para defender decisiones equivocadas y más respeto a quienes sostienen nuestros servicios sociales", ha concluido Copé.
Por su parte, el grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, también se ha posicionado sobre la resolución del TS para exigir que se asuman responsabilidades políticas. "Si Barcala fuera un buen gestor y tuviera un mínimo de decencia política, cesaría de forma inmediata a la concejala Begoña León". En esta línea, ha apuntado que León es "la misma concejala que cerró sin alternativa el Centro de Día de Plaza América, dejando desatendidas a decenas de personas mayores y a sus familias, la misma que provocó el caos en los centros municipales de mayores, dejándolos durante meses sin actividades. Y la misma responsable política de un contrato del albergue para personas sin hogar que la justicia ha tumbado, después de generar sufrimiento a la plantilla, recortes de servicios y un deterioro de la atención a las personas más vulnerables", ha explicado, a través de declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
Al respecto, ha considerado que "no son errores aislados. Es una acumulación de decisiones políticas con consecuencias sociales y laborales". "El Supremo ha cerrado la puerta al recurso del Ayuntamiento. Ahora Barcala debe asumir sus responsabilidades. Los servicios sociales de Alicante no pueden seguir pagando las consecuencias de esta gestión. Ni las personas mayores, ni las personas sin hogar, ni los trabajadores y trabajadoras. Exigimos el cese inmediato de Begoña León", ha concluido.
Por lo pronto, fuentes municipales han apuntado, respecto a la inadmisión del recurso de casación, que el Ayuntamiento está trabajando en la tramitación de un nuevo contrato" respecto a la prestación del servicio de gestión del CAU. En esta línea, las mismas fuentes apuntan que "en este procedimiento se está abordando también la situación de los trabajadores, con el objetivo de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales". Así, añaden que "la prioridad es resolver esta cuestión con todas las garantías jurídicas, tanto para las trabajadoras como para la correcta prestación del servicio, que está plenamente garantizada".
