ALICANTE.- El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado el fracaso de la política de vivienda del gobierno de Luis Barcala después de que el Patronato Municipal de la Vivienda dejara sin invertir 1.611.232 euros durante 2025, en un momento en el que 850 familias permanecen inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda. Todo en un contexto en el que el acceso a un alquiler asequible o a una vivienda en propiedad se ha convertido en uno de los principales problemas para las familias alicantinas.
La concejala socialista Silvia Castell ha lamentado que el gobierno del PP sea incapaz de ejecutar las inversiones disponibles precisamente cuando Alicante atraviesa una auténtica emergencia habitacional. Así se desprende de los datos de liquidación del presupuesto de 2025 del Patronato Municipal de la Vivienda, que se abordarán este lunes en comisión.
“Alicante vive una auténtica emergencia habitacional mientras el Partido Popular se dedica a recortar en lugar de ofrecer soluciones. Barcala prometió que esta sería la legislatura de la vivienda y lo que tenemos es la legislatura de los recortes, los incumplimientos y las oportunidades perdidas. Cada vez más familias no pueden acceder a un alquiler asequible y comprar una vivienda se ha convertido en un imposible para buena parte de la clase media, mientras el gobierno municipal y el Consell lo único que proponen es un modelo que replica el de Les Naus”, ha afirmado.
La liquidación del presupuesto del Patronato demuestra que el problema no es únicamente que el gobierno municipal destine menos recursos a esta política de vivienda, sino que ni siquiera es capaz de invertir el dinero que ya tiene presupuestado.
“Barcala deja sin invertir recursos, recorta el presupuesto de vivienda, pierde subvenciones y renuncia a nuevas oportunidades de financiación. Mientras tanto, insiste en un modelo que reproduce los mismos errores que desembocaron en Les Naus. Alicante necesita más vivienda pública, más inversión y más control público. Lo que no necesita es repetir un sistema que ya ha demostrado que solo beneficia a los amigachos del PP”, ha señalado Castell.
La edil socialista ha criticado que la única política de vivienda impulsada por el gobierno municipal sea dar cobertura al Plan Vive de la Generalitat, un modelo que promueve la construcción de viviendas sobre suelo público, pero deja el proceso de adjudicación en manos de los promotores privados.
Como ejemplo, ha recordado la promoción prevista en la calle Ceuta, que inicialmente se presentó como una actuación para facilitar el acceso al alquiler asequible y que finalmente se ha transformado en una promoción destinada a la venta.
“Lo que iba a ser una promoción para facilitar el acceso a la vivienda ha acabado convirtiéndose en un proyecto que beneficia al promotor privado y perjudica a quienes más dificultades tienen para acceder a una vivienda. Un piso de 60 metros cuadrados rondará los 200.000 euros y uno de 90 metros superará los 260.000 euros, sin contar impuestos. Ese no es el modelo de vivienda pública que necesita Alicante”, ha denunciado.
Castell ha advertido además de que este sistema supone una pérdida del control público sobre la adjudicación de las viviendas, una circunstancia especialmente preocupante tras el escándalo de Les Naus, donde viviendas públicas promovidas sobre suelo municipal acabaron adjudicadas a cargos del Partido Popular y a sus familiares.
“Después de todo lo ocurrido con Les Naus resulta incomprensible que Barcala vuelva a apostar por un modelo que reduce los controles públicos sobre la adjudicación de viviendas. Si algo ha demostrado ese escándalo es que el control público debe reforzarse, no debilitarse. No podemos volver a cometer los mismos errores que permitieron que viviendas públicas acabaran en manos de cargos del Partido Popular y de sus familiares”, ha afirmado.
La concejala socialista ha recordado también que el gobierno municipal renunció a cerca de cuatro millones de euros en subvenciones concedidas por la Generalitat para construir vivienda pública en Benalúa y San Blas y que, además, todavía no ha presentado ningún proyecto para optar a la financiación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros por el Gobierno de España.
“Mientras otras administraciones movilizan recursos para ampliar el parque público de vivienda, Barcala deja sin invertir más de 1,6 millones de euros, pierde subvenciones ya concedidas y ni siquiera presenta proyectos para acceder a nuevos fondos. Alicante no puede permitirse un gobierno que, en plena emergencia habitacional, siga dejando pasar una oportunidad tras otra para construir vivienda pública”, ha concluido Silvia Castell.
