ALICANTE. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejala Silvia Castell, ha cargado contra el ejecutivo de Luis Barcala tras averiguar este lunes que se ha perdido una subvención de 228.717 euros del Gobierno Central para la construcción de las viviendas públicas de El Portón. El motivo es que el gobierno del PP ha incumplido todos los plazos para recibir la ayuda enmarcada en el plan estatal de vivienda, que se viene arrastrando desde 2021. A pesar de haber pedido una prórroga extraordinaria el pasado año, que se cumple el 14 de agosto, "Barcala ha sido incapaz de concluir la obra y, finalmente, perderá esos fondos".

“Vuelve a quedar acreditado que para Barcala no es una prioridad la construcción de vivienda pública. En solo un año ha dejado perder casi cinco millones de euros en inversiones destinadas a vivienda. Es escandaloso que el alcalde renuncie a fondos públicos para aumentar el parque de viviendas de alquiler y para rehabilitar edificios en barrios degradados. A Barcala le da exactamente igual la situación de emergencia habitacional que viven cada vez más familias de Alicante”, ha señalado la concejala Silvia Castell 

El principal grupo de la oposición ha señalado que en febrero de 2024, el ayuntamiento firmó un acuerdo extraordinario con el Gobierno español para ampliar el plazo de construcción de las viviendas hasta el 14 de agosto de 2025. Sin embargo, la obra no está concluida y el propio patronato, a preguntas del Grupo Socialista, han confirmado que no se ha firmado ningún otro acuerdo con el Gobierno central. 
Cabe recordar que el acuerdo inicial para recibir la subvención era de 2021 y, en todo este tiempo, Barcala ha sido incapaz de concluir la obra de estas 14 viviendas públicas. De hecho, no ha concluido la construcción de ninguna vivienda pública en sus siete años al frente del Ayuntamiento. 

“No pueden poner como excusa que los plazos se han demorado porque se rescindió el contrato por incumplimiento de la empresa. Un técnico municipal alertó ya en diciembre de 2022 que la adjudicataria de la obra estaba incumpliendo los plazos, pero la rescisión no se formalizó hasta septiembre de 2023, demorando los plazos sin ningún motivo. La falta de diligencia del gobierno de Barcala ha sido absoluta y las consecuencias las pagan los alicantinos que no tienen posibilidades de acceder al mercado de la vivienda en el ámbito privado”.