ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), trata de templar velas y pide "respetar los tiempos de la justicia y de las instituciones" tras la última iniciativa política promovida por los tres grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición -PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem- con el registro de una solicitud conjunta para que se convoque una sesión urgente de la comisión municipal de fiscalización sobre las VPP de Les Naus y el conjunto de promociones de vivienda pública a desarrollar en la ciudad, con el fin de que comparezca el alcalde, Luis Barcala, para ofrecer explicaciones respecto a si sabía que la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, era una de las compradoras del residencial de la polémica antes de que se hiciese pública esa circunstancia, en enero de este año.
Se trata de un último movimiento adoptado por los tres grupos políticos, que también contaría con el respaldo de Vox, después de que el exconcejal de Hacienda Toni Gallego manifestase, este jueves, ante la comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts que Gómez le dijo en julio de 2024 que ella "tenía una casa ahí" cuando le pidió que fuese él quien respondiese a una pregunta plenaria sobre la compra de los pisos.
Al respecto, la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, ha formulado, también este viernes, una llamada a "respetar los tiempos de la justicia y las instituciones", en respuesta a la solicitud de los grupos opositores, con lo que todo parece indicar que los populares se inclinarían por no aceptar la petición formulada. A través de un comunicado, Cutanda ha señalado que "es el momento de dejar trabajar al juzgado y a los órganos competentes creados en el Ayuntamiento y las Cortes Valencianas para esclarecer todos los aspectos relacionados con la promoción de VPP de Les Naus, en la Playa de San Juan, y contribuir entre todos a que resplandezca la verdad y se establezcan las responsabilidades a que hubiera lugar", ha indicado Cutanda.
En esta línea, ha subrayado que, "desde el primer momento, el gobierno local ha impulsado el esclarecimiento de los hechos con transparencia, celeridad y contundencia cuando exigió de inmediato responsabilidades políticas, denunció el asunto en la Fiscalía e impulsó la creación de una comisión específica del pleno para aclarar los hechos". "Se trata de dejar trabajar a quienes ya lo están haciendo para saber si alguien ha podido cometer algún delito o se ha aprovechado de su situación personal para obtener un piso; o de todo lo contrario", ha puntualizado Cutanda. "Y con ese mismo objetivo, el Ayuntamiento dio traslado del asunto a los tribunales y se han puesto en marcha sendas comisiones en las Cortes Valencianas y en el consistorio municipal", ha añadido.
Por último, Cutanda ha calificado de "sarcasmo y esperpento" el hecho de que "los grupos de izquierda del Ayuntamiento de Alicante intenten dar lecciones de ética y moral cuando el Gobierno central que ellos respaldan a pies juntillas ha llevado a extremos insólitos, desconocidos e insospechados los niveles de corrupción, acoso y asalto de las más altas instituciones y magistraturas del Estado".
