ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), aprueba la puesta en marcha del proceso para cubrir la plaza de tesorero municipal, después de que el funcionario que había venido desempeñando ese puesto hasta ahora asumiese a mediados de este mes otra responsabilidad en el departamento de Contabilidad, según ha concretado el coportavoz del ejecutivo local y edil de Recursos Humanos, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia pública semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local.
La convocatoria para ocupar ese puesto queda abierta a cualquier funcionario de administración local que disponga de la condición de habilitado nacional, en la subescala de Intervención-Tesorería, en un proceso que se regirá por el sistema de libre designación, según concreta la propuesta de acuerdo refrendada en la reunión del órgano de representación política en el que se adoptan la mayor parte de las decisiones relacionadas con la gestión municipal.
Ese proceso llega sin que se haya puesto en marcha la preceptiva convocatoria para cubrir la plaza del secretario municipal, que permanece vacante desde hace cerca de veinte años. Las funciones de ese puesto siguen asignadas al vicesecretario, Germán Pascual, sin que el equipo de gobierno prevea activar por ahora la selección de un titular para esa responsabilidad. Cuando menos, así lo ha apuntado Villar, quien ha señalado que "ahora mismo no es una cuestión que esté sobre la mesa", en respuesta a las preguntas formuladas por los medios de comunicación.
Lo cierto es que la cobertura de ese puesto en el organigrama municipal no está exenta de controversia política. Los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición -PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem- han denunciado en reiteradas ocasiones que el alto funcionario que ocupa ese puesto de forma accidental no habría guardado la debida imparcialidad en la emisión de varios informes que beneficiarían las posiciones del equipo de gobierno.
Se trata de un extremo que, a su juicio, se habría constatado en los dictámenes relacionados con el funcionamiento de la comisión municipal de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) construidas por Residencial Les Naus en un solar público enajenado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022. En esencia, en lo que respecta al carácter voluntario de las comparecencias propuestas o en la remisión de la información solicitada para profundizar en el esclarecimiento de las presuntas anomalías que pudiesen haberse cometido en la gestión y venta de los pisos construidos.
Por su parte, distintos representantes del equipo de gobierno han venido replicando a esas críticas para señalar que el mismo funcionario también desempeñaba idénticas responsabilidades bajo el mandato del extinto tripartito y que tampoco entonces se promovió ningún procedimiento para cubrir la plaza. En este sentido, también han recalcado que, en ese momento, también podía interpretarse que el funcionario dictaba resoluciones favorables al gobierno formado por PSOE, Guanyar y Compromís.
