ALICANTE. El futuro del Plan Económico Fiscal (PEFE) -la planificación que se conoce coloquialmente como plan de ajuste- que debe poner en marcha el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), continúa sujeto a un futuro incierto. Cuando menos, el encuentro que los populares habían concertado para este miércoles con representantes del PSOE con la intención de negociar un posible apoyo a la propuesta que se somete a la consideración del pleno ha quedado desconvocada sin que por el momento haya trascendido una motivación concreta.

Así lo han confirmado fuentes del PSOE, después de que la portavoz del grupo municipal del PP, Mari Carmen de España, haya contactado con la portavoz municipal de los socialistas, Ana Barceló, para comunicarle que la reunión debía quedar pospuesta con la previsión de que pueda desarrollarse esta misma semana. Todavía no se ha precisado en qué momento podría volver a concertarse esa cita: una de las primeras ocasiones en la que se abría la puerta a que pudiese alcanzarse un acuerdo entre las dos formaciones que disponen de mayor representación políticas en la corporación.

El principio de acercamiento había sido posible después de que la misma Barceló anticipase este martes la predisposición de su partido a abstenerse respecto a la propuesta de plan de ajuste del PP con el fin de evitar que el PP acabase asumiendo el listado de exigencias planteadas por el grupo municipal de Vox como condición sine qua non para avalar ese PEF. Entre ellas, además de la eliminación de los patronatos de Vivienda y de Educación Infantil, y la rectificación de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública, entre otras medidas de corte ideológico relacionadas con la migración y con la igualdad, se incluía la solicitud de dimisión o destitución del edil de Hacienda, Toni Gallego, a quien los voxistas responsabilizan de la superación de la regla de gasto constatada en el informe de liquidación presupuestaria de 2024 y de ocultar esa información en el momento en el que se estaba negociando los presupuestos de 2025.

En ese acuerdo entre PP y Vox se incluía la reducción del IBI durante los ejercicios de 2026 a 2028, que la propuesta de plan de ajuste ya aprobada por el equipo de gobierno en Junta Local imposibilita al cerrar la puerta a la aplicación de nuevas rebajas fiscales. De ahí que Vox acusase al PP de romper el acuerdo presupuestario y que plantease un listado de requisitos que el PP debía asumir para contar con su respaldo, siempre que, además, también se recuperase la posibilidad de aplicar esa disminución del IBI.

El PSOE ofreció su posible abstención como alternativa, aunque exigiendo también la dimisión o destitución de Gallego. Y Compromís y Esquerra Unida Podem también tendieron la mano al PP con otra relación de propuestas (básicamente, la aplicación de una fiscalidad progresiva, el recorte del gasto en directores generales y asesores y la búsqueda de fondos europeos para financiar inversiones en los barrios), que también quedaban supeditadas al relevo de Gallego como edil de Hacienda.

Hasta el momento, el aplazamiento de la reunión entre PP y PSOE no ha supuesto la reanudación de los contactos con ninguna otra formación política, según fuentes consultadas.