El debate de la vivienda en Alicante: el PP valida 56 ayudas al alquiler; la izquierda alerta del 'no' a 359

Alicante

El equipo de gobierno agota la partida de 248.000 euros habilitada en la segunda edición del programa, tras duplicar su cuantía.

  • El edificio de viviendas de alquiler de El Portón, en el Casco Antiguo de Alicante.
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ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), ha aprobado este martes, en la reunión semanal de la Junta de Gobierno, el acuerdo definitivo de concesión de las ayudas al alquiler joven convocadas por la Concejalía de Juventud en su segunda edición en las que se cubierto toda la partida de 248.000 euros habilitada para ese fin, tras doblarse para este ejercicio el importe de la consignación. De ellas, se beneficiarán 56 solicitantes que recibirán hasta 4.800 euros anuales, a razón de 400 euros mensuales, según han concretado fuentes municipales, a través de un comunicado. Con todo, el acuerdo no queda al margen de la polémica, toda vez que los grupos municipales de PSOE y Compromís han denunciado que la convocatoria ha dejado fuera de las ayudas a otros 359 solicitantes, de forma que el programa solo habría alcanzado a un 13% de los peticionarios. 

Por partes. En primer término, el concejal de Juventud, Carlos de Juan, ha defendido el programa de concesión de ayudas al resaltar que "en esta edición hemos simplificado los requisitos y aumentado las subvenciones para favorecer la emancipación y el acceso a la vivienda de los jóvenes". En concreto, el equipo de gobierno decidió doblar la consignación de las ayudas al alquiler para los jóvenes hasta los 248.000 euros y también duplicar la atribución por mes acreditado pasando de 200 a 400 euros, con el objetivo de que los beneficiaros puedan hacer frente a los incrementos de precios que experimenta el mercado del alquiler, según apuntan fuentes municipales.

"Con estas ayudas apoyamos a la población juvenil, de entre 18 y 35 años, para favorecer su emancipación y el acceso a una vivienda", ha recalcado De Juan. "En esta edición hemos simplificado los requisitos para facilitar el acceso a las ayudas y aumentado las cuantías para reforzar este objetivo e impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda, que es la principal demanda en estos momentos de los ciudadanos", ha añadido el edil.

En este sentido, fuentes municipales apuntan que los solicitantes han tenido que presentar un contrato de arrendamiento de vivienda con un mínimo de duración de un año de duración y un alquiler que no puede exceder los 1.000 euros mensuales. Además, para solicitar estas ayudas no se puede superar una renta anual en 2025 de más de 29.000 euros. En ningún caso se aceptan solicitudes por arrendamientos de habitaciones ni subarrendamientos de viviendas. Además, estas ayudas son incompatibles con otras concedidas para el mismo fin de otras administraciones.

Las mismas fuentes han desglosado las actuaciones desarrolladas hasta el momento con el fin de "facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda" con otras iniciativas, al margen de la concesión de las ayudas al alquiler, como la finalización de las obras de las viviendas de El Portón, en el Casco Antiguo, pendientes de conclusión desde hacía 18 años, o el proyecto de rehabilitación del edificio de las antiguas viviendas de los maestros del barrio de San Gabriel, con otras 14 viviendas destinadas al alquiler, además de los programas que gestiona el Patronado Municipal de la Vivienda para universitarios (Univerbarrio), o el de las viviendas intergeneracionales donde se fomenta la convivencia entre jóvenes y personas mayores.

En este sentido, la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, también ha subrayado que el nuevo Plan General Estructural (PGE), ahora pendiente de evaluación por parte de la Generaliltat, prevé generar suelo para la construcción de 45.000 nuevas viviendas, al margen de recordar que se pretende promover hasta 6.000 a través de la enajenación de parcelas a cambio de obra terminada que comprende el Plan Vive de la Generalitat. Todo ello, después de asegurar que el Consell del Botànic no había construido ni una sola vivienda de protección pública en Alicante en ocho años de gobierno y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido a que no se producirían desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, en alusión al caso de Maricarmen precipitado la semana pasada en Madrid. 

Además, al ser cuestionada sobre el número de solicitantes de ayudas al alquiler que podrían no haber recibido esa subvención tras agotarse los fondos previstos para ese fin, ha sostenido que el equipo de gobierno continuaba dispuesto a mejorar las condiciones para facilitar la emancipación de los jóvenes en el futuro, aunque sin llegar a comprometer un incremento de la partida global destinada a ese programa en próximos ejercicios.

Críticas de PSOE y Compromís

Sea como fuere, el balance de ayudas y las manifestaciones de Cutanda no han evitado que tanto PSOE como Compromís hayan denunciado la desestimación de gran parte de las solicitudes planteadas por falta de presupuesto. En esta línea, el PSOE ha considerado que las ayudas al alquiler juvenil "solo han llegado a 56 jóvenes, mientras que más de 350 se han quedado fuera" y ha recalcado que "el presupuesto es insuficiente", al margen de apuntar que "los requisitos no responden a la realidad de quienes necesitan emanciparse". "El PP de Barcala saca pecho con unas ayudas que dejan fuera a más de 350 jóvenes. Alicante necesita una política de vivienda que dé respuestas reales, no unas migajas que no solucionan el problema", ha señalado la concejala socialista Victoria Melgosa.

El PSOE ha lamentado que, a su juicio, "el gobierno de Barcala no esté impulsando un parque público de vivienda suficiente para facilitar el acceso a este derecho básico a las familias y a la juventud" para señalar decisiones como el cambio de criterio respecto a la promoción de viviendas del barrio de San Blas, en el que "Barcala prometió inicialmente 40 viviendas para alquiler social y, finalmente, ha entregado la parcela a un promotor que venderá las viviendas mientras que el Ayuntamiento solo recibirá cuatro o cinco minipisos". "Las políticas de vivienda de Barcala se resumen en vender suelo público a promotoras, repartirse viviendas públicas entre los amigachos del PP, como ha ocurrido en Les Naus, y dejar a la juventud con ayudas claramente insuficientes", ha afirmado Melgosa.

Además, ha incidido en que "en Alicante hay más de 15.000 viviendas vacías y que se ha propuesto incrementar el IBI a los grandes tenedores con más de diez viviendas para incentivar que salgan al mercado del alquiler. Una propuesta que fue rechazada por el PP". "Barcala ha demostrado que se posiciona del lado de los grandes tenedores. A las familias les rebaja 3 euros en el IBI mientras que a los grandes tenedores les ahorra miles de euros en este impuesto", ha concluido.

En la misma línea, la edil de Compromís, Sara Llobell, ha insistido en que el programa de ayudas a la emancipación contaba con un presupuesto de 248.000 euros del que solo han resultado beneficiarios 56 solicitantes con "ayudas de entre 3.200 y 4.400 anuales dependiendo de cada caso". Así, ha apuntado que "aproximadamente se han beneficiado un 0,11 % de los jóvenes" y que "359 solicitudes han sido desestimadas por diversas causas". "Es decir, de las 415 solicitudes se ha concedido a 56: un 13% de los que la han pedido", ha remarcado.

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