ALICANTE (EP/EP/AP). El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha defendido este lunes que "se ha actuado con inmediatez y con ejemplaridad" ante la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción de 140 pisos levantada en un solar municipal del distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 y ha subrayado que "la única irregularidad conocida" es la de un funcionario por "no inhibirse en un proceso que afectaba a tu mujer".

En esta línea, ha recordado que este trabajador fue suspendido de empleo y sueldo "en 24 horas" y que se ha actuado con "absoluta contundencia", según ha insistido, a preguntas de los medios, durante la rueda posterior al pleno del Consell. "Yo no recuerdo ningún caso en el cual, cuando se detecta que un funcionario que ha cometido una presunta irregularidad por haber tramitado un expediente que afectaba a su mujer, haya perdido el empleo y el sueldo, con inmediatez. Eso solo ha sucedido con nosotros", ha señalado Barrachina. Además, el representante del gobierno autonómico ha aseverado en que se trata de un "funcionario con 25 años de carrera no era del PP" y "estaba ahí porque, en su día, Compromís y el Partido Socialista así lo decidieron". Por tanto, no era del Partido Popular.

Barrachina ha indicado que "ahora se está investigando en cada uno de los expedientes, por si en los visados provenientes de este departamento funcionarial hubiesen habido omisiones, como se ha leído en algún caso, que podría afectar a matrimonios en situación de separación del régimen jurídico de separación de bienes y si hubiesen faltas", en la línea ya anticipada por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, la semana pasada.

"Yo no tengo conocimiento en este momento si las personas que han aparecido no cumplían (los requisitos). De hecho, cabe la posibilidad de que cumpliesen los requisitos y simplemente (las personas que han dimitido) hayan dado un paso atrás o al revés simplemente por evitarse el enojo que pueden vivir", ha apuntado.

"Tolerancia cero"

El portavoz el Consell ha señalado, igualmente, que los datos que se vayan encontrando serán remitidos directamente a la Fiscalía porque "nosotros tenemos tolerancia cero desde el primer minuto", ha afirmado. "Es algo que nos hubiese gustado que en períodos superados se hubiese procedido con la misma contundencia y con absoluta inmediatez", ha apostillado. Barrachina ha indicado que ya ha habido una "primera remisión" a la Fiscalía y "habrá cuantas se encuentren oportunas", pero que el Consell no tiene conocimiento en este momento de si las personas adjudicatarias cumplían los requisitos para acceder a las viviendas.

Preguntado por si las peticiones planteadas por el conjunto de grupos políticos opositores en el Ayuntamiento de Alicante, incluido Vox, para que dimita el alcalde, Luis Barcala, y el acuerdo ya aprobado para que se cree una comisión de investigación sobre esta cuestión pueden suponer un cambio de tendencia en la relación con el partido que preside Santiago Abascal, Barrachina ha dicho que siempre han tenido "una relación de lealtad y de confianza". En este sentido, no ve ningún riesgo en la relación con Vox, con el que han aprobado numerosas medidas, así como los presupuestos.

Respecto a si se estudia revertir las adjudicaciones en caso de que se compruebe que se han manipulado los requisitos de adjudicación, Miguel Barrachina ha señalado que "habrá que estar sujeto a lo que recoge la normativa" y ha añadido: "No estamos en ese momento procesal, porque no se ha acreditado todavía que ninguno de ellos no tuviese derecho a acceder a la vivienda", ha incidido.

Sobre si el Consell estudia cambios en el Plan Vive o en el marco legal, por ejemplo revertir la liberalización después de los 30 años de las VPP, o bajar el límite máximo de ingresos que elevó el Consell, Barrachina ha señalado que la promoción de Alicante no se enmarca en el Plan Vive, sino que se trata de una cooperativa privada constituida en 2018 y "es de la etapa del Botànic".

Barrachina ha asegurado que el Consell ha reforzado las medidas de control y que se va a constituir un órgano colegiado con "al menos dos personas que verifiquen tanto la inhibición como aquellas faltas de control en los expedientes que se están atendiendo". Ha añadido que ya hubo un refuerzo de los controles con el Decreto 180/2024 y que se pondrán en marcha medidas para que "mayor transparencia" de los datos de las adjudicaciones.

Un problema para "todo tipo de rentas"

Asimismo, el portavoz ha remarcado que la ampliación "grande" de la renta para acceder a las VPP "la llevó a cabo el PSOE y Compromís, e imagino que de forma acertada, para que las promociones de vivienda con impulso público no quedasen desiertas", y que después hubo "otro aumento mucho más modesto, para que se pueda acceder", en alusión a la modificación del decreto regulador de 2021 que aprobó el Consell del Botànic en 2023 y al cambio posterior que aprobó el PP con su llegada a la Generalitat, en 2024.

En cualquier caso, para Barrachina, "el problema de acceso a la vivienda no es exclusivamente de aquellos colectivos más desfavorecidos, que han visto ya cómo en esta legislatura se promueven mil viviendas para esos colectivos más desfavorecidos, sino que afecta a casi todo tipo de rentas. Así, ha insistido en que la presunta irregularidad "no tiene que ver ni con el aumento en renta que propuso el PSOE ni Compromís, ni con el cambio que también hizo el Partido Popular", ha concluido.