ALICANTE (EFE).- Tres hombres y una mujer de entre 25 y 42 años empleados de dos inmobiliarias han sido detenidos en Alicante por supuestamente formar parte de una organización que estafaba a clientes, la mayoría extranjeros, interesados en adquirir una vivienda.

La Policía Nacional ha informado de que los arrestados, a los que se acusa de estafa, falsedad documental, coacciones y un delito contra los derechos de los trabajadores en dos de los casos, hacían abonar a las víctimas los contratos de arras de propiedades inmobiliarias que no se encontraban en venta o a sabiendas que por su situación económica no podían acceder a una hipoteca, y ha añadido que se considera que se han apropiado de un monto total de 100.000 euros.

La investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Alicante arrancó a raíz de la denuncia de una mujer que indicaba que el trabajador de una segunda inmobiliaria a la inicial le había amenazado y presionado para que firmara la disolución del contrato de arras de uno de los pisos que había pactado la compra, lo que le llevó a perder el dinero entregado que ascendía a unos 50.000 euros.

Los empleados se aprovechaban del desconocimiento de las víctimas sobre los trámites para adquirir una vivienda y de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, dado que residían en inmuebles de alquiler y debían abandonarlos en un corto plazo de tiempo, para elevar la presión y facilitar el delito.

Al parecer, ofrecían la supuesta adquisición de propiedades inmobiliarias en condiciones ventajosas y tras abonar importantes cantidades de dinero en concepto de reservas y arras, eran instadas a firmar documentación aparentemente oficial, entre la que se incluían simulaciones bancarias presuntamente manipuladas para dar apariencia de viabilidad a las operaciones.

Sin embargo, cuando llegaba el momento de formalizar y culminar las transacciones, las víctimas descubrían que se trataba de una estafa, evidenciándose entonces el grave perjuicio económico ocasionado, el cual superaba los 100.000 euros.

A este daño económico se sumaría el impacto personal y social sufrido por los afectados ya que en algunos casos habían agotado sus ahorros o solicitaron préstamos personales para hacer frente a los pagos exigidos, llegando incluso a quedarse sin vivienda o en situación de extrema vulnerabilidad.

Uno de los detenidos, el principal investigado, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante dentro de una investigación que sigue abierta para identificar a más posibles víctimas